CINCO meses después del referendo independentista, celebrado el 1 de octubre de 2017, el estado de la independencia de Cataluña sigue en veremos. La declaración unilateral de independencia (DUI), catalogada como ilegal por el Estado español y por el Tribunal Constitucional, ha generado tanto en españoles como en el resto del mundo una sensación de incertidumbre, ante un posible fraccionamiento de España.

Como respuesta a esta declaración, una de las medidas adoptadas por Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno Español, fue convocar a elecciones parlamentarias en Cataluña, el 21 de diciembre de 2017 (21-D). En estos comicios el partido constitucionalista Ciudadanos (C’s), liderado por Inés Arrimadas con un 23,94% fue el más votado, pero quedó sin posibilidades de gobernar. Mientras que los tres partidos pro independentistas, Junts per Catalunya (JuntsXCat), la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) y Candidatura de Unidad Popular (CUP) lograron la mayoría absoluta con respecto al número de escaños en el Parlamento.

Investidura enredada

Después de estas elecciones, se fijó como plazo máximo el 6 de febrero para realizar el debate de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. El líder del Parlamento, Roger Torrent, anunció hasta esta semana que la investidura se llevaría a cabo el lunes 12 de marzo, más de un mes después de lo estipulado. El Tribunal Supremo, no obstante, determinó que el debate de la investidura no podrá realizarse por “cuestiones de tiempo y de fondo”. A casi tres meses del 21-D, no se ha podido conformar un gobierno en Cataluña ni decidir sobre el estado de la independencia, generando implicaciones políticas y económicas como la salida masiva de cerca de 3.208 empresas a otras regiones de España.

Otra de las medidas de Rajoy fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución española que tiene como objetivo primordial “intervenir, por parte del gobierno español, el gobierno de una comunidad autonómica”. Esto dio lugar a la destitución de Puigdemont y a algunos de sus consejeros y además acusarlos de rebelión, sedición y utilización indebida de recursos. Ante esta medida, Puigdemont decidió partir clandestinamente hacia Bruselas porque según él no tenía las garantías para quedarse en España, dijo en la primera rueda de prensa desde su huida.

En vista de que Puigdemont se encuentra en Bruselas, no puede ser nombrado presidente del gobierno catalán porque la ley exige presencia en el Parlamento para la investidura. En consecuencia, el líder independentista anunció la semana pasada que retiraba provisionalmente su candidatura a ser investido como Presidente de la Generalitat de Cataluña.

Ante la dimisión de Puidgemont, los partidos JuntsXCat y la ERC postularon a Jordi Sànchez como el candidato oficial, decisión que no es avalada por la CUP (antisistema). Adicionalmente, en vista que Sànchez se encuentra en detención preventiva ratificada por el Tribunal Supremo, no podría acudir a la investidura a pesar de haber solicitado una petición de libertad para asistir al Parlamento.

A un día de la eventual investidura no se conoce si Sánchez podrá ser designado como el Presidente de la Generalitat. Uno, porque “la necesidad de asistir a la sesión de investidura, ya que la ley exige que se haga de manera presencial. Y dos, una razón política: por ahora no tiene apoyos suficientes para ser investido presidente: 64 votos a favor frente a 65”, asegura Jesús García en el País de España.

¿Y la independencia qué?

Luego de una euforia de los catalanes pro independentistas del Sí como resultado del referendo, la situación de la independencia de Cataluña no se ha podido definir. Al contrario, la incertidumbre y expectativa persisten frente al futuro político de esta comunidad autónoma.

La percepción de la población catalana también ha cambiado desde el referendo. Comparando la encuesta del Centre D’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, hecha a finales de octubre de 2017, con una realizada en enero de 2018, sobre: “cree que Cataluña debería ser un Estado independiente” después del referendo el 40,2% de las personas encuestadas escogió esta opción, mientras que en enero de 2018 solo un 32,9% estaba convencido de un Estado independiente. A su vez, para el primer sondeo, el 27,4% de las personas encuestadas creía que Cataluña debía ser una comunidad autónoma, mientras que para el segundo el porcentaje aumentó a un 36,3% que prefiere esta opción.

Estos resultados dan a entender que debido a las circunstancias políticas y a una independencia en pausa, se puede afirmar que la población está tendiendo más a considerar que Cataluña pueda obtener una mayor autonomía, más no una independencia del gobierno español.

Ahora bien, la independencia hoy sigue en duda y la población quiere salir de la incertidumbre política y la polarización política. Esta declaración unilateral de Cataluña nació débil y se mantiene en este mismo estado. Desde sus inicios, cuando Puigdemont la proclamó, dijo que la suspendería para abrir la puerta a posibles negociaciones. Fue una declaración de independencia simbólica. Luego volvió a sonar con las elecciones del 21-D. Y nuevamente entró en pausa sin que se resuelva la incógnita de qué sucederá en España.

Lo que está claro es que de pausa en pausa, el estado incierto de la independencia ha fraccionado más a la sociedad catalana entre los pro independentistas y los que quieren mantener una Cataluña autónoma pero parte del Estado español. Josep Antoni Duran afirma en La Vanguardia: “cuando hablo de perderlo todo, parto de la convicción de que lejos de conseguir la quimera de la independencia, a la que algunos aspiran o aspiraban, el resultado es que estamos perdiendo la autonomía que teníamos”. Ante este panorama, ¿no será más efectivo negociar para tener un mayor nivel de autonomía que una independencia en pausa?

*Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. @Nataliamarinop