LA LEY DE amnistía ahondó la división en España, con un cuestionable procedimiento de urgencia y su aprobación debería ser por mayoría calificada y no absoluta como acaba de aprobarse en la cámara baja del Parlamento de España.

Así lo consideró la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa y con dictamen no vinculante al responder la consulta que sobre la polémica iniciativa, fruto de un ‘canje’ del jefe de gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, con los independentistas de Junts por los siete votos de sus diputados a favor de su investidura.

Los diputados españoles aprobaron el jueves con 178 votos a favor y 172 en contra la ley que busca amnistiar a los independentistas condenados o procesados por el intento de secesión de Cataluña en 2017, y que ahora debe examinar el Senado, donde la mayoría la tiene el centroderechista Partido Popular.

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La diferencia de solo seis votos con la que se aprobó esta medida, que beneficiaría a unas 400 personas, entre ellas al entonces presidente regional, Carles Puigdemont, quien se marchó en 2017 a Bélgica para esquivar a la justicia española, ha generado un enfrentamiento político tanto por las concesiones de Sánchez a los independentistas como por su alcance, ya que perdonará los delitos de terrorismo y traición por los que iba a ser enjuiciado el exiliado líder catalán.

La Comisión Europea para Democracia por el Derecho, que se reúne en Venecia, recomendó a Madrid "esforzarse en alcanzar una mayoría calificada superior a la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados", indicó en un comunicado el Consejo de Europa.

Como se sabe, la mayoría absoluta es de la mitad más uno de los votos. En este caso 176, ya que el Parlamento está conformado por 350 diputados. En tanto, la “calificada” o “cualificada”, se establece de dos formas en ese Parlamento: la mayoría de tres quintos, establecida para reformas constitucionales parciales que no afecten los contenidos especialmente protegidos como los derechos fundamentales y que se traduce en el voto afirmativo de 210 parlamentarios; y la mayoría de 2/3 partes, que son 234 apoyos y contemplada para reformas constitucionales completas.

Sin embargo, cumplir la recomendación de la Comisión de Venecia se anuncia imposible ante la oposición del conservador Partido Popular, y del ultraderechista Vox a esta ley por razones que van desde sacrificar la legislatura nacional por los intereses de los catalanes independentistas hasta las inéditas concesiones que les hizo, a las que se suma la condonación total de la deuda regional y un aumento sin precedentes en el presupuesto.

La Comisión enfatizó, igualmente, que la ley de amnistía ahondó la división en España por lo que llamó a las autoridades a "tomarse el tiempo necesario para entablar un diálogo significativo, en espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado y entre la mayoría y la oposición para lograr la reconciliación social y política y considerar la posibilidad de explorar procedimientos de justicia restaurativa".

De otro lado, dijo que no ve conflicto en la separación de poderes con la Ley de Amnistía si son los jueces quienes ordenan las medidas que beneficiarán a los amparados por la ley.

En un resumen de su informe, este organismo no entra a valorar si la ley es o no constitucional y señala que es una decisión que debe tomar el Tribunal Constitucional. Tampoco se pronuncia sobre si la norma es compatible con el derecho de la Unión Europea, y lo deja en manos del Tribunal Justicia de la UE.

La Comisión de Venecia también pide acotar de manera más precisa el ámbito "temporal y material" de aplicación de la amnistía para hacer más "predecibles" sus efectos.

Respecto a los delitos de malversación y corrupción, también señala que se debe asegurar un vínculo causal más cercano entre los actos constitutivos de estos delitos y las consultas del 9 de noviembre de 2014 y la del 1 de octubre de 2017 y sus actos de preparación./Redacción internacional con agencias