HA reiterado, de ‘labios para afuera’, que no cederá en el recorte de gastos como la oposición republicana condiciona el aumento del tope de la deuda. Pero con el tiempo en contra y la clara posición de los conservadores, le llegó la hora al presidente estadounidense Joe Biden de transar para evitar un default, que tendría insospechadas consecuencias en la economía mundial.
Tras semanas de insistir que ese es “un tema que no negociaremos”, el candidato-presidente se vio forzado a invitar a los jefes de la oposición parlamentaria a la Casa Blanca para buscar un inevitable acuerdo sobre este vital tema, máxime luego que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, emitiera una alerta roja: Estados Unidos puede incurrir en un impago de su deuda desde el 1 de junio.
El 1 de mayo, los republicanos votaron elevar el límite de endeudamiento nacional, pero con drásticos recortes presupuestarios, argumentando –con evidencias- el gasto "excesivo" de la Administración demócrata. Fue así como aprobaron el proyecto de Limitación, Ahorro y Crecimiento en la Cámara Baja del Congreso, donde son mayoría, pero son conscientes que no se convertirá en ley ya que los demócratas, que controlan el Senado, y la Casa Blanca se oponen a ella.
Y aunque Biden en su repetitivo discursa acusa a los republicanos de tomar como “rehén” a la economía y su condición a reducir el gasto público como “draconiana”, se da por descontado que cambie tanto su tono como posición en el cara a cara que sostendrá con el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, así como con Mitch McConnell, líder de la minoría conservadora en el Senado.
Como se sabe, estos congresistas, voceros de sus respectivas bancadas, insisten en que se deben dar importantes recortes presupuestarios antes de votar a favor de aumentar el límite de endeudamiento de Estados Unidos, indispensable para que el gobierno pueda pedir prestado más dinero.
Este es el escenario de lo que está en juego: la reputación financiera de Estados Unidos y el prestigio político de las partes enfrentadas.
El candidato-presidente demócrata de 80 años sabe que la forma en la que gestione esta crisis pesará sobre su campaña de reelección en ciernes, mientras que, al otro lado, aunque con menor impacto, McCarthy, también pone a prueba su liderazgo.
Para el presidente, el respeto por las obligaciones financieras acumuladas por el país es una obligación para los legisladores de ambos partidos, en tanto el presupuesto anual puede ser objeto de un debate político.
El demócrata recuerda siempre que el techo de la deuda fue subido tres veces durante el mandato de su predecesor republicano Donald Trump.
"Nosotros, los republicanos, hicimos lo que había que hacer. El balón está en el campo de los demócratas", estimó por el contrario en Twitter uno de los legisladores opositores en la Cámara baja, John Rose, quien denuncia que Biden escapa a una discusión "seria" del proyecto de presupuesto de los conservadores.
Esta pulsada proviene de una particularidad institucional en Estados Unidos: es recurso del Congreso votar periódicamente para aumentar el monto máximo de deuda que el país puede emitir, de forma de continuar financiando el funcionamiento del gobierno federal.
Hasta la Presidencia de Barack Obama, esta votación era una formalidad. Pero en un Estados Unidos polarizado, ya no es el caso.
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Reloj en contra
El Tesoro de Estados Unidos anunció que sin aprobación del Congreso antes del 1 de junio, el gobierno deberá recortar gastos y prestaciones sociales si quiere continuar cumpliendo sus obligaciones con acreedores.
El tope de endeudamiento de 31,4 billones de dólares, el más alto en valor absoluto entre todos los países del mundo, se logró en enero. Pero el gobierno federal estableció medidas contables excepcionales para sobrellevar la situación.
Estados Unidos, si se prolonga esta situación, no sólo podría ser insuficiente de pagar sus cuentas y los salarios de los empleados públicos, sino también de reembolsar a sus acreedores y reducir temporalmente las jubilaciones, al igual que las ayudas sociales.
Por primera vez, los tenedores de bonos del Tesoro estadounidense, la inversión considerada más segura del mundo que permite a los Estados Unidos financiarse a tasas bajas, sufrirían un impago.
Según la Casa Blanca, un default terminaría con la reactivación económica de la cual Biden se atribuye el mérito, los mercados se derrumbarían, la recesión sería histórica y el desempleo se dispararía, con consecuencias sobre toda la economía mundial.
El calendario comprende los plazos: la Cámara de Representantes sesionará solamente 12 días en lo que resta de mayo. Y Biden parte en dos semanas en una gira diplomática de varios días por Japón y Australia.
Algunos comentaristas creen que la administración Biden podría, en caso de un estancamiento total de la discusión, autorizar unilateralmente más préstamos invocando la Enmienda 14 a la Constitución. Este texto establece que "la validez de la deuda pública de Estados Unidos (...) no debe ser cuestionada".
"Todavía no llegué a eso", dijo recientemente Biden, sin descartar formalmente esta opción.
¿Cuándo hay default?
Un default o moratoria ocurre cuando un Estado no cumple con un vencimiento de pago a sus acreedores, sin importar si se trata de capital adeudado o intereses vinculados al crédito contraído. La suma en juego puede ser modesta pero la falta de pago puede constituir un defecto parcial o total.
El gobierno puede declararse en default al anunciar que no pagará vencimientos de deuda. El anuncio puede provenir de una agencia de calificación financiera tras un período de gracia de 30 días, y conlleva una degradación de su nota crediticia.
Estados Unidos tiene la mayor nota posible y su crédito se considera totalmente seguro.
Un acreedor privado puede denunciar públicamente que un país dejó de pagarle. También puede conocerse la moratoria por intermedio de la agencia estadounidense Isda (International Swaps and Derivatives Association), que regula los CDS, una suerte de seguro contra defaults.
¿A quién debe?
En el imaginario colectivo estadounidense, la deuda está disponible en manos extranjeras y el primer lugar en la lista de acreedores lo ocupa China, seguido por Japón. Pero en los hechos, la situación tiene algunos matices: sobre un total de 31 billones de dólares, solo 7,4 billones están en manos extranjeras, según datos del Tesoro. De ese total, solo 859.000 millones están en poder de China, es decir 2,7% de la deuda pública estadounidense.
Este total concierne tanto a los bancos centrales o gobiernos extranjeros como a las instituciones financieras instaladas fuera de Estados Unidos. Por ello, 285.000 millones tienen "sede" en las islas Caimán.
Más del 75% de la deuda estadounidense están en manos de actores económicos nacionales. Y más de 12 billones de dólares están en manos... del gobierno, las agencias federales o la propia Fed, la Reserva Federal o banco central estadounidense. Se trata de casi el 40% del total de la deuda pública a través de los fondos de pensiones de los funcionarios.
El resto, casi 11,6 billones de dólares, está en manos de privados estadounidenses como, bancos aseguradoras, fondos de pensión y en menor medida (160.000 millones de dólares), particulares.
Antes de un default, la necesidad que tendrá el gobierno de ajustar sus gastos tendrá un impacto directo sobre la economía del país: puede haber funcionarios en desempleo técnico, un aumento del ahorro por precaución... todas las medidas que reducirán la cantidad de dinero que llega a la economía.
Con un default, es otro nivel de dificultad que enfrentaría el país, puesto que implica una pérdida neta para los acreedores concernidos y también una caída del valor del activo "deuda estadounidense", que podría desestabilizar a algunos tenedores.
Se produce además un alza automática de los costos del crédito para el país, las empresas y los particulares.
El efecto sobre los mercados financieros sería inmediato, con la posibilidad de un crack bursátil producto de la inquietud general.
Con ese tan complejo como preocupante panorama, no solo para la economía estadounidense sino mundial, a Biden no le queda otra que dejar su intransigencia y negociar, lo mejor posible, con la oposición republicana