UTILIZAN medios distintos, pero tienen el mismo fin: seguir en el poder. Cuando en Nicaragua el dictador Daniel Ortega vio amenazada su continuidad optó por encarcelar a todos sus detractores, desde periodistas hasta candidatos presidenciales, para reelegirse en una elección sin rival. En Venezuela está ocurriendo lo mismo, pero bajo la mampara de una ‘legalidad democrática’.

El primero con 17 años como presidente y, el segundo con 11, ambos impulsores de ‘la revolución socialista bolivariana’ han cooptado todos los poderes para derribar los impedimentos constitucionales sobre reelección indefinida y manejar leyes habilitantes para gobernar por decreto según su conveniencia.

El régimen chavista ajustó 25 años esta semana en la mayor debacle económica, crisis política y social en la historia de Venezuela. Pero, y a diferencia de su par nicaragüense, el régimen de Nicolás Maduro había encendido la luz de esperanza de disputar libre y con todas las garantías electorales en las urnas, la continuidad en el poder.

Eso fue lo que acordó al restablecer la mesa de negociación con la oposición en Barbados y, donde con la mediación de Estados Unidos, se hizo un compromiso ‘serio’ para que una transición democrática y pacífica en el país andino.

 El gobierno demócrata de Joe Biden se fijó tanto en ese encuentro exprés como con la sorpresiva visita de una comisión de alto a nivel a Caracas una hoja de ruta, que a hoy se ha cumplido en gran parte y que, inclusive, llevó a que Estados Unidos dejara en libertad al empresario colombo-venezolano, Alex Saab, investigado por narcotráfico.

"Iniciamos este proceso de buena fe. Queríamos lograr varias cosas. Primero, asegurar la liberación de los diez estadounidenses que están detenidos en Venezuela (...) Queríamos conseguir la liberación de un prófugo de la justicia. Pudimos lograr ambas cosas. Queríamos ver a Venezuela retomar el camino hacia la democracia, y todos dejamos claro que si no lo hacían, teníamos la capacidad de retirar nuestras sanciones, y seguimos dispuestos y comprometidos a hacerlo si no cambian de rumbo", afirmó esta semana el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, al reaccionar sobre la confirmación del veto a la candidata única de la oposición, María Corina Machado.

El vocero norteamericano insistió en que el gobierno Biden tiene "muchas esperanzas" de que se respete el acuerdo de Barbados, que supone no sólo establecer un calendario electoral acordado con el antichavismo, sino que ·todos los candidatos políticos de la oposición democrática podrían participar libremente en las elecciones presidenciales de 2024”.

Machado fue inhabilitada durante 15 años por la Contraloría (el año anterior) por apoyar al entonces presidente interino Juan Guaidó y avalar las sanciones que Estados Unidos impuso al régimen. No hubo notificación, pruebas, ni defensa. Es decir, no hubo proceso. Sin embargo, ante el llamado de la autoridad electoral para que los posibles candidatos impugnaran ese fallo, condición previa para su inscripción, la aspirante opositora tramitó dicho recurso que fue fallado por el Tribunal Supremo del Justicia este 27 de enero, dejando en firme la inexplicable sanción.

El veto no sólo a Machado sino a las cabezas visibles del antichavismo generó el inmediato rechazo de Estados Unidos, la condena de varias organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y un ‘grito de guerra’ de la oposición.

 Así, en solo una semana se han dado varios hechos que permiten dilucidar hacia dónde se podría dirigir esta disputa, más que electoral por el restablecimiento de la democracia, y el rol clave que mantiene Estados Unidos para ello.

Movidas electorales

“Que nadie lo dude, esto es hasta el final. Recibí el mandato de casi 3 millones de venezolanos que ejercieron la soberanía popular. No pueden hacer elecciones sin mí y esos millones de ciudadanos que representamos”, dijo Machado al conocer el fallo en su contra, al tiempo que aseguró que “Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar”.

La dirigente política ha dado claras señales esta semana de que piensa seguir peleando por mantener su candidatura, mientras que el propio Maduro sostiene que el fallo del TSJ es ¡“cosa juzgada, cosa sentenciada definitivamente firme, cúmplase y acátese!".

En esa línea sugirió, tal y como ocurrió inesperadamente horas después, la convocatoria de la Asamblea Nacional para un ‘diálogo nacional, con todos los sectores’ para elaborar el prometido calendario electoral.

 Así, el presidente de esa Asamblea dominada por el chavismo, Jorge Rodríguez, convocó para este lunes a los candidatos, precandidatos, sociedad civil, empresas, universidades y profesorado para discutir el tema y prometió que "antes de que termine la semana" estarán elegidas las fechas para los comicios. Y, recurriendo a la altisonancia del régimen sostuvo: "le decimos al vocero de Estados Unidos que se meta su cronograma por donde le quepa", refiriéndose a las declaraciones del portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que dio hasta abril de plazo para cumplir con los Acuerdos de Barbados.

Agregó en su diatriba: "todavía creen que pueden tomar decisiones a cuenta de su poderío, chantaje, de su soborno, secuestro y robo que hicieron al oro de Venezuela. Estoy seguro de la esplendorosa lección que dará el pueblo de Venezuela. Están todos convocados para el próximo lunes, vengan todos y elaboremos el próximo cronograma electoral. ¡Aquí hay un pueblo decente, democrático y vamos a elecciones presidenciales en este 2024!".

Esa precipitada convocatoria, amparada en el fallo del TSJ que según analistas yuxtapuso el debate jurídico con la siempre convulsa discusión política (para el oficialismo “cosa juzgada” y la oposición otra artimaña inconstitucional) disparó las alarmas tanto para los detractores del régimen como para Estados Unidos.

El país del norte tomó como medida inmediata la reimplantación de sanciones al comercio del oro venezolano y anticipó que si no se revertían las inhabilitaciones, en abril pondría fin a la flexibilización que hizo con el petróleo y el gas, lo que fue tildado como un “genocidio económico” por el régimen Maduro.

Escenarios para la oposición

Como se ve, el oficialismo venezolano se mueve con rapidez y dirá que Machado no podrá inscribir su candidatura presidencial por tener una ‘condena en firme’ de 15 años. Es la única salida que tiene ante el amplio favoritismo (2 x 1 según las encuestas) que tiene la rival de Maduro para la próxima cita presidencial.

En ese marco, la oposición tiene tres caminos a seguir y su reto es mantenerse unida, porque parte de la estrategia de Maduro es como dice el refrán popular: ‘divide y reinarás”.

El primero de ellos es mantener, a como dé lugar, la candidatura de María Corina Machado y paralelamente hacer una campaña para que la comunidad internacional presione su habilitación evidenciando que la condena es política, no jurídica, ya que nunca fue citada a la Contraloría para informarle del caso en su contra, no hubo proceso alguno y, por tanto, no tiene vías para apelar el fallo del TSJ.

“La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia cometió (...) violación al debido proceso y al derecho a la defensa", aseguró Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la oposición en el diálogo con el gobierno para acordar condiciones de cara a las elecciones de este año y de restablecerse la mesa así lo argumentará, al igual que los múltiples conceptos emitidos por diferentes juristas que coinciden en señalar que “no ha habido ninguna actuación de ningún juez penal, ni una investigación abierta, ni mucho menos, por lo que la inhabilitación es inconstitucional”.

Vale recordar que la Contraloría está facultada por ley para tomar medidas contra funcionarios bajo investigación. Y, según la Constitución, para imponer una inhabilitación se necesita una "sentencia judicial firme en los casos que determine la ley", lo que no ha ocurrido en este caso.

Si como es altamente posible no se puede revertir el veto a Machado, la oposición no tendrá otra que escogerle un sustituto, pero éste debe tener, a más de la aprobación de la candidata, el consenso de todos los partidos opositores porque esa es la real fortaleza que se traducirá en votos.

Si bien la Asamblea prevé establecer el calendario electoral en una semana, que obviamente tendrá el paso de la inscripción de candidatos, lo más seguro es que la oposición mantenga en reserva el nombre del ‘elegido’ para evitar el consabido embate del régimen. No será ninguna otra de las cabezas visibles del antichavismo ya que si no están inhabilitados como ella, están en el exilio forzoso.

El tercer y último camino, también el más indeseable es que la oposición se divida entre quienes optan por un presidenciable y los que apoyen la abstención electoral, como ocurrió años atrás. De darse, despejaría el panorama para la reelección, sin dudas, de Maduro y su séquito. Y esa sería la jugada a la que apuesta el régimen en su tramposo ajedrez electoral