Esta semana una suma de elementos parecieron configurar la tormenta perfecta para plantearse una pregunta cada vez más válida: ¿terminará el presidente de Perú, Pedro Castillo, su mandato presidencial? Aún más, ¿terminará este año de gobierno?

Con un gabinete que ha cambiado en más de diez ocasiones en cortos 12 meses de gobierno, el Presidente del país andino se ha librado de la vacancia en dos oportunidades (la última moción la discutió el Congreso a finales de marzo), la oposición volvió a invocar que se discuta una tercera y el mandatario tiene a sus espaldas cinco investigaciones en curso. Ese era el escenario a finales de la semana pasada.

Pero esta semana al presidente Castillo el panorama se le tornó de castaño a oscuro. ¿La razón? Dos: el martes se divulgó un informe del Congreso que recomendó procesar al presidente Castillo por traición a la patria, y al amanecer del día siguiente fue allanado el Palacio de Gobierno. La justicia peruana estaba en búsqueda de la cuñada del Presidente, Yenifer Paredes, para detenerla por su presunta participación en una red de corrupción y lavado de activos. 

¿Adelanto de elecciones en el 2023? 

Ante este panorama, el docente peruano de la Universidad Externado de Colombia, investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales e integrante del Observatorio de Estudios Internacionales (Oasis), Aldo Olano, le explicó a EL NUEVO SIGLO que Perú lleva varios años arrastrando serios problemas de gobernabilidad, con una clase política “mediocre” e “incapaz de ponerse de acuerdo en temas fundamentales”, y que lo más probable es que para el año entrante haya nuevamente elecciones, tanto presidenciales como parlamentarias, que es algo que está contemplado en la Constitución peruana.

“Yo creo que al final lo que va a hacerse será un adelanto de elecciones generales tanto para Congreso como para Presidencia de la República. Creería que esa es la salida más viable que se ve ahorita. De hacerse serían para abril del próximo año y el nuevo gobierno se posicionaría en julio. Esas son las fechas que establece la Constitución. Ahora, ¿que el Congreso lo destituya? Parece poco probable porque la oposición al gobierno no tiene los votos suficientes para adelantar un proceso de destitución”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el docente peruano.

Precisó que esta salida política a la crisis que atraviesa el país, de renovar al Ejecutivo y al Legislativo, es un proceso electoral nuevo, que se adelanta de ceros, desde la inscripción de partidos (que no lo hayan hecho) y de candidatos.

“Este escenario de adelantar las elecciones debe ser convocado por el Presidente. Es decir: si Castillo fuera destituido, quien llegue a la presidencia tiene que convocar las elecciones generales. Así veo el desenlace porque el Congreso tampoco está en una posición muy favorable para poner a un presidente que resista los cuatro años del mandato que quedan por delante”, precisó el profesor Olano.

Concluyó que esta es una figura que tiene un precedente, tras la renuncia de Alberto Fujimori en el año 2000 (su vicepresidente ya lo había hecho), lo que llevó a que el presidente del Congreso, Valentín Paniagua, asumiera el cargo interinamente, periodo en el cual convocó a nuevas elecciones generales.

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Otorgar una salida marítima a Bolivia

Con relación al primer hecho del que se le acusa, de acuerdo con el informe del Congreso el Presidente incurrió en traición a la Patria al considerar un posible referendo popular sobre otorgar una salida al mar a Bolivia.

"Se recomienda: acusar por antejuicio político al investigado José Pedro Castillo Terrones, en su condición de Presidente de la República, como presunto autor del delito de Traición a la Patria", señala el informe especial de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de Perú.

También propuso que se le imponga a Castillo "la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública", recomendación que deberá ser votada por la subcomisión, luego deberá debatirse por el pleno del Congreso y, de ser aprobada, podrá derivar en un pedido de suspensión del Presidente de su cargo.

Este informe, vale referir, respondió a las declaraciones que hizo el mandatario en enero de este año a una cadena televisiva, en la que dejó abierta la posibilidad de facilitar el acceso al mar de Bolivia si la población así lo decidiera a través de una consulta popular.

"Le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste", respondió Castillo ante la pregunta de si pensaba que Perú podía darle una salida al mar a Bolivia, como él había afirmado antes de ser candidato y ganar las elecciones en 2021, aunque aclaró: "No estoy diciendo que le voy a dar mar a Bolivia".

La aclaración no calmó las aguas y fue lo que llevó a que el congresista de centro derecha Wilson Soto Palacios suscribiera el informe.

El allanamiento

Y el otro componente estalló ayer al amanecer cuando, sin ningún precedente en la historia del país, la casa de gobierno fue inspeccionada en búsqueda de una pariente del Presidente por lavado de activos.  

El operativo policial fue realizado a pedido de la Fiscalía, ente de control que solicitó el "allanamiento de la zona residencial del Palacio de Gobierno", indicó ayer la Corte de Justicia en un comunicado. No obstante, tras casi cuatro horas de búsqueda, los agentes se retiraron de la residencia presidencial sin hallar a Paredes que, para cualquier efecto, es prófuga de la justicia.

Este operativo no tiene precedentes en la historia peruana, en donde jamás la justicia había ingresado a la sede del Poder Ejecutivo para detener a una persona. Toda esta vorágine de elementos tiene al país sumido en una pérdida generalizada de legitimidad por las instituciones que, en definitiva y de manera preocupante, llevan un año sin gobernar.

El presidente Castillo y su familia, incluida su cuñada de 26 años y quien considera "padres" al presidente y a su esposa, viven en la residencia presidencial que forma parte del Palacio de Gobierno.

Por el caso de lavado de activos Paredes ya había sido citada a declarar ante el Ministerio Público y a comparecer ante una comisión de control del Congreso peruano a mediados de julio.

Vale referir que la Fiscalía tiene abiertas cinco investigaciones contra el propio presidente Castillo por supuesta corrupción, otra situación sin precedentes contra un presidente en ejercicio de sus funciones.

"Esto fue un allanamiento ilegal": Castillo

El presidente Pedro Castillo reaccionó a la insólita situación a través de un mensaje que fue transmitido por televisión alrededor de las 11 de la noche del martes, calificando lo ocurrido como un "allanamiento ilegal" que forma parte de un supuesto plan mediático para sacarlo del poder en complicidad con la oposición derechista del Congreso.

"Hoy Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno", aseguró Castillo, quien se mantiene en su posición de que todo esto es una conspiración en su contra.

"Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional", agregó el Presidente./ENS-AFP.