BAJO el ropaje de fomentar la democracia participativa y con el argumento de que no queden en la ‘impunidad’ decisiones tomadas por “el neoliberalismo” gobernante de las últimas tres décadas, el izquierdista presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (Amlo) llevó a cabo este domingo una consulta popular que se caracterizó por el desinterés ciudadano y la poca incidencia que tendrá en el devenir político nacional.
Inesperada, inoportuna y para muchos analistas ‘sin sentido’, López Obrador planteó meses atrás convocar al pueblo para que fuera éste quien avalara si se investigaba y enjuiciaba por presunta corrupción a cinco expresidentes, considerando que bajo sus mandatos tomaron decisiones “que favorecieron el desfalco al erario público, la concentración de la riqueza y permitieron que se disparara la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”, según reza su exposición de motivos.
Bajo esa óptica presentó como pregunta del referendo: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
Presentándose junto a su partido Morena, como un abanderado en la lucha contra la corrupción, al que considera el principal problema de México, López Obrador hizo campaña para esta cita en las urnas insistiendo en que se “debe terminar con la impunidad de los expresidentes”.
Tan solo días después de que hiciera pública la pregunta sufrió un primer revés cuando la Corte Suprema de Justicia le ordenó modificar el contenido de la misma porque no podría hacerse, como ninguna de las leyes, específicamente sobre un individuo o grupo en particular. De allí que la forzada modificación llevó a un interrogante confuso para la ciudadanía y ambiguo tanto política como judicialmente.
Los mexicanos debían ahora responder -tal cual lo hicieron este domingo- ‘si’ o ‘no’ a esta formulación: “¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
El interrogante, sin duda, fue tan vago como amplio, lo que no sólo generó de inmediato el desinterés ciudadano sino las suspicacias de que era una ‘jugada política’ gubernamental para abrir la puerta a otras instancias especiales, una especie de justicia transicional como la que se aprobó y opera en Colombia con la JEP tras la firma del acuerdo de paz con las Farc.
El presidente AMLO, quién ha visto caer su popularidad (tiene 57% según la encuestadora Mitofsky) tanto por su gestión frente a la pandemia del covid-19 como por el aumento en los índices de criminalidad y violencia, emprendió una ofensiva contra la corrupción, pero poniendo el espejo retrovisor. Paralelamente, como cualquier gobernante de izquierda, apela al pueblo con un discurso en el que le recuerda su “importancia” dentro de la democracia. “Aquí, donde pareciera que votar cada tres o seis años es la única vía ciudadana para levantar la voz, resulta primordial fomentar una cultura de mayor participación en la toma de decisiones colectivas para recordarles sus compromisos y responsabilidades a quienes nos gobiernan”, sostuvo el mandatario en varias ocasiones instando a participar activamente en la jornada electoral del 1 de agosto.
Pero el mensaje del mandatario parece que no caló, máxime por las contradicciones en que incurrió días antes de la cita en las urnas, generando mayor confusión como desinterés. Veamos: impulsó esta consulta popular con el argumento de que se avalara enjuiciar a sus antecesores, pero no solo puntualizó que no estaba interesado en meterlos a la cárcel, sino que anticipó que no votaría con los argumentos de que la oposición lo calificaría como una venganza política y que ahora es tiempo de “mirar hacia adelante”.
Adicional a ello, instó repetidamente al pueblo a participar y ejercer su derecho a decidir, pero él que es el máximo representante de ese pueblo, en su dignidad presidencial, finalmente no votó porque se desplazó a Nayarit, cuando su casilla de votación estaba en Ciudad de México.
Y, por último y tal vez lo que más confusión generó entre los mexicanos fue que el mismo día que López Obrador solicitó la realización de la consulta popular su partido, Morena, presentó en el Congreso una iniciativa de ley de amnistía para los expresidentes.
Certezas y dudas
Desde el momento en que AMLO planteó esta consulta popular se evidenciaron no solo el trasfondo político sino el sentido de la convocatoria.
En primer lugar, vale recordar que el México los exmandatarios pueden ser juzgados como cualquier ciudadano, pues pierden el fuero al dejar el poder. En razón de ello, la justicia es a la que compete abrir proceso y juzgarlos, si hubiere lugar, con base en evidencias. Tiene la independencia y el poder para hacerlo.
De esta forma, la justicia mexicana tiene todos los elementos para procesar a cualquier ciudadano, incluidos los expresidentes, si tienen evidencias de que cometieron algún delito, independientemente del gobierno de turno.
Según AMLO, en su ofensiva contra lo que ha denominado “el neoliberalismo” que nos gobernó, “entre el primero de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un periodo de males y delitos…fueron consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular, resultado de una suma de actos voluntarios irracionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”.
Para Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Nacional Electoral, si la fiscalía tiene elementos contra los exmandatarios no es necesario que "el pueblo te diga sí o no".
Mientras, José Miguel Vivanco, director regional de Human Rights Watch sostuvo que con esta convocatoria a las urnas lo que se pretendió “es hacer de la justicia un circo político".
Por su parte el presidente de la Corte Suprema, Arturo Zaldívar, admitió recientemente al diario El País que la pregunta formulada a la ciudadanía era “ambigua y general” y fue más allá al confirmar la percepción que tenían tanto la oposición y los analistas políticos en el sentido de el interrogante implícitamente abre la puerta a instrumentos no jurisdiccionales en aras de una reconciliación nacional.
“Los procesos judiciales no se consultan, pero sí se puede consultar a la gente si quiere o no que se lleven a cabo procedimientos de investigación o de sanación nacional. Una especie de comisión de la verdad que pueda generar salida a conflictos y sucesos dolorosos para el país. Es lo que se llama justicia transicional”, sostuvo Zaldívar.
Y una prueba más de ello es que al señalar en la pregunta “los derechos de las posibles víctimas” tácitamente se incluye una reparación a las mismas, que es una de las bases de la justicia transicional y cualquier proceso de reconciliación nacional, a saber: verdad, justicia, reparación y no repetición.
Omar García, estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que el 26 de septiembre de 2014 atestiguó cómo 43 compañeros fueron detenidos por policías cómplices de narcotraficantes para luego ser desaparecidos, escuchar la "voz popular" es válido así no sea vinculante.
Un comité que promueve el referendo, encabezado por él, propondrá a Morena una "comisión de la verdad" para esclarecer los casos que involucrarían a los expresidentes, anticipó Delgado.
Los resultados de esta consulta popular se conocerán entre hoy y mañana. El avance que anoche entregó el Instituto Nacional Electoral confirmó, como se vio en los puestos de votación, el mayoritario desinterés ciudadano por la convocatoria.
Para que la decisión de las urnas este domingo sea vinculante se requería de un umbral del 40% del padrón electoral, es decir 37,4 millones de personas, pero parecía que iba a estar muy por debajo de ello. Inclusive la misma encuestadora Mitofsky anticipó que aunque el "sí" pudo haber ganado, "difícilmente" se habría alcanzado el requerido.