El representante de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, denunció que la justicia militar se usa en Venezuela con el fin de perseguir líderes políticos de la oposición.

El anuncio fue hecho este viernes en el marco de una audiencia del 168 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se cumple en Santo Domingo, República Dominicana.

Daniels aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro utiliza el sistema judicial de su país como un mecanismo de represión, y que uno de los casos que muestra la persecución es el del diputado Gilber Caro.

“El diputado fue detenido el 11 de enero de 2017 y el 29 de marzo la sala plena del Tribunal Supremo dictó una sentencia donde dice que la competente para conocer su caso era la jurisdicción militar. Lo curioso es que a dos meses de su detención no había sido presentado a un juez”, manifestó Daniels.

El demandante añadió que la justicia militar manipula los delitos con el fin de agravar los hechos por los que son acusados los presuntos infractores.

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Humberto Prado, funcionario del observatorio venezolano de prisiones, mencionó que 796 personas están “sometidas a la jurisdicción de justicia militar”.

Por su parte el magistrado presidente de la Corte Marcial y del Circuito Judicial Penal, Edgar Rojas, mencionó que en su país no existe fuero militar sino que se juzga según el delito cometido.

Rojas, como representante del Estado venezolano en la audiencia, aseveró que la justicia militar “garantiza el debido proceso y el respeto de los derechos humanos”.

El representante de Venezuela añadió que los jueces en la justicia militar son autónomos en la apreciación de los hechos que les corresponde juzgar.