El Tribunal Constitucional de Ecuador ha dado 'luz verde' este viernes a diez preguntas planteadas por el Gobierno del presidente Daniel Noboa en materia de seguridad, trabajo, inversión y funcionamiento del Estado, así como sobre la Constitución, para la celebración de una consulta popular.

El Gobierno remitió en un principio al tribunal un total de 20 preguntas, si bien retiró una propuesta sobre los casinos, quedando en 19 las cuestiones. Del total, diez han sido aprobadas --cuatro de ellas con enmienda-- mientras que nueve han sido rechazadas.

En concreto, una de las preguntas aprobadas es la relativa al "control de armas, municiones, explosivos y accesorios" por parte de las Fuerzas Armadas, así como la que plantea reformar el Código Penal para incrementar las penas por delitos de terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada, asesinato, trata, secuestro, tráfico de armas, blanqueo de capitales y actividad ilícita de recursos mineros.

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Asimismo, ha aprobado una pregunta sobre el cumplimiento de la totalidad de la pena de "personas privadas de libertad" en centros de rehabilitación social y otra sobre la tipificación como delito de la posesión de armas, municiones o componentes "de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía" sin que ello afecte "a las armas de fuego permitidas para uso civil". Ambas propuestas suponen una reforma del Código Penal.

Además, la corte ha validado otra cuestión que reformaría el Código Penal y que plantea si "las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, pueden destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas".

Finalmente, se ha aprobado otra pregunta que alude a la posibilidad de que el Estado sea titular "de los bienes de origen ilícito o injustificado", simplificando así "el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio".

Asimismo, otras cuatro preguntas han sido aprobadas, si bien tendrán que ser aplicadas a través de la enmienda. En concreto, se refieren a la extradición de ecuatorianos; al establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional; a la promoción de la inversión extranjera, así como el reconocimiento del arbitraje internacional y a reformular el Código de Trabajo para regular los contratos a plazo fijo y por horas.

Por contra, hasta nueve preguntas, muchas en materia de seguridad, se han quedado fuera. Entre ellas, está la posibilidad de conceder indultos a miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad del Estado que hayan sido imputados por un delito de uso de la fuerza.

Asimismo, otra de las que no ha sido aprobada es la opción de que personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía sea juzgado "en todas las etapas procesales por jueces especializados exclusivamente en materia penal y militar".

De otra parte, se conoció que Ecuador negará el salvoconducto al exvicepresidente Jorge Glas, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva, en caso de que México le otorgue asilo, advirtió este viernes la canciller Gabriela Sommerfeld.

"El presidente (Daniel Noboa) ya lo expresó, no se entregará el salvoconducto" a Glas, quien está refugiado desde el 17 de diciembre en la embajada mexicana en Quito, dijo Sommerfeld en una entrevista con el canal Ecuavisa.

El salvoconducto le permitiría a Glas abandonar sin trabas el país en medio de una indagación por presunto desvío hacia otros proyectos de fondos destinados a la reconstrucción de poblados afectados por un devastador terremoto en 2016.

La Fiscalía sostiene que en el caso hubo "abuso de los fondos estatales y que –incluso– hasta la presente fecha es palpable la inexistente reconstrucción de obras tras el terremoto".

También están implicados otros dos exfuncionarios del gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), que junto a Glas son enjuiciados por un supuesto peculado./Redacción internacional con agencias