LA semana pasada, en un viaje con poco cubrimiento, Guillermo Lasso llegó a Washington en una visita que no era oficial ni tampoco hacía parte de negociaciones con algún organismo internacional. Algunos alcanzaron a especular que se trataba de una visita comercial. Pero estaban lejos de la realidad.

El jueves y viernes, como revela el portal web The Washington Examiner, Lasso se reunió con delegados de la administración de Joe Biden y algunos congresistas republicanos, para suscribir dos acuerdos que permiten a Estados Unidos enviar tropas y contingentes militares -de tierra y mar- para reforzar la lucha contra el crimen organizado en Ecuador, sólo dos meses después del asesinato del candidato presidencial, Fernando Villavicencio.

Los acuerdos, que tuvieron también la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional, la Guardia Costera y el Departamento de Estado, constan de dos partes. La primera de ellas, según un portavoz de la administración de Biden, es un estatuto sobre las fuerzas, mientras que la segunda es sobre la aplicación de la Ley Marítima.

La posibilidad de desplazar buques militares a la zona “reforzará las actividades cooperativas de aplicación de la ley y creará capacidad mutua para prevenir y combatir la actividad marítima transnacional ilícita”, dijo el portavoz del Departamento de Estado.

Para Adam Isaacson, catedrático y director de Wola (Oficina de Washington para América Latina), consultado por el mismo medio, este acuerdo marítimo también podría traer la reapertura oficial de la base militar en Manta, en la que fuerzas de seguridad norteamericana estuvieron presentes hasta 2009, cuando al asumir la presidencia Rafael Correa decidió, argumentando defensa de “la soberanía nacional”, que tenían que retirarse.

¿Plan Colombia para Ecuador?

A Ecuador hoy se le compara con la Colombia de los años 1990 y cuando ante sus altos niveles de violencia se gestó el Plan Colombia (1999). Fue un acuerdo bilateral de cooperación militar en el que Estados Unidos dispuso US$4,500 millones de dólares para reforzar las capacidades militares colombianas entre los años 2000 y 2006.

Las condiciones de inseguridad de Colombia, sin embargo, han sido y fueron muy particulares. Aunque en Ecuador existe un incremento de la violencia derivada del fortalecimiento del crimen organizado, el nivel de letalidad y daño de estas estructuras es proporcionalmente menor. Hoy, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes en Ecuador es del 25,3%, mientras que la colombiana era del 63% en 1999. Estamos ante fenómenos con escalas distintas.

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En todo caso, en Washington ven con preocupación el deterioro de la seguridad ecuatoriana y, como prueba la visita de Lasso, han decidido apoyar militarmente al gobierno por tierra y mar. 

Este nivel de apoyo, entendido como una asistencia militar con dos acuerdos, puede ser comparado con el que recibió Nicaragua en 1988 o El Salvador en 2007, con los que se buscó dotar de asistencia militar a estos países para enfrentar las pandillas que operaban, y operan, en sus países.

Cambio de paradigma

Con la información que han publicado los medios, lo primero que se puede decir es que estos acuerdos no son equiparables al Plan Colombia o el Plan Mérida (Iniciativa Mérida, por la ciudad donde se firmón), la ayuda militar con la que Estados Unidos financió la “guerra contra los carteles” del presidente Felipe Calderón (2006-2011) y que costó cerca $US 1,6000 millones de dólares.

Analizar las razones que pudieron haber llevado a Estados Unidos a abstenerse de financiar y lanzar un plan de las magnitudes del de Colombia y México en Ecuador permite llegar a una serie de conclusiones, como un cambio de mentalidad en los organismos de seguridad en Washington, así como diferencias entre republicanos y demócratas frente a la lucha contra el crimen y un enfoque geopolítico centrado en Asia y Ucrania.

En Washington, sea que haya estado en la presidencia Donald Trump o Barack Obama, se viene registrando un descenso de la asistencia militar en América Latina. Según la base de datos de la página Security Assistance Monitor, que sigue las asistencias del presupuesto de Defensa, la ayuda militar y policial estadounidense a América Latina pasó de unos US13.500 millones de dólares entre 2000 y 2009 a US 9.300 millones de dólares entre 2010 y 2019 (sin aplicar el ajuste por la inflación). En lo que va la administración Biden se estima que ha sido aún menor.

Estados Unidos no sólo está gastando menos en asistencia militar, sino que también ha acabado o reducido varias entidades encargadas de la seguridad nacional. Esto se puede constatar en declaraciones hechas por una comandante del Comando Sur citado en el informe de la Fundación Carolina, “Estados Unidos y su influencia en el nuevo militarismo latinoamericano”, que dice: “en los últimos cinco años hemos absorbido recortes del 25% en nuestro personal, una reducción del 10% en nuestro programa de ejercicios, y una disminución constante de los activos disponibles y las fuerzas necesarias para apoyar nuestra misión”.

Estos recortes indican que los encargados de la política de seguridad en Estados Unidos tienen otras prioridades. El foco de interés se ha trasladado a Ucrania, Taiwán e Israel. Pero esta explicación no es suficiente. La visión militar de Washington en América Latina parece estar acompañada de una reformulación de la idea de militarización o ayuda militar.

No es que los operadores de seguridad en Estados Unidos no crean en los planes macro de seguridad y asistencia militar en América Latina. Está probado que sí creen, como demuestra el caso de Ecuador. Pero aquella idea de que las ayudas militares deben tener en cuenta el componente cívico-militar para llevarse a cabo, hoy parece estar fuertemente posicionada. En consecuencia, hay un cambio de paradigma que ha pasado de la militarización únicamente a una cooperación militar-cívica.

Los demócratas han sido particularmente cercanos a exigir que toda ayuda militar venga acompañada de unos estándares en Derechos Humanos y que si se prueba que hay algún indicio de que un país viole éstos, se condicione la ayuda. Recientemente, en 2020, Estados Unidos decidió retirar parte de las ayudas militares en El Salvador y Honduras, por considerar que estos países incurrieron en prácticas corruptas.  

Sin embargo, los republicanos no comparten en su totalidad esta aproximación. Aunque algunos defienden posturas aislacionistas que implican que EE.UU. deje de involucrarse militarmente en el mundo, otros creen que las condiciones geopolíticas exigen una presencia militar a través de aliados y amigos para salvaguardar los interés norteamericanos, y esta puede muchas veces enfrentarse a estos dilemas.   

Como sea que estén las cosas en Washington, Ecuador entra en un nuevo proceso de militarización que hace parte de la política de “mano dura” que defiende Lasso para enfrentar el crimen organizado, y que seguramente continuará Daniel Noboa, candidato de la centroderecha y favorito para ganar la segunda vuelta presidencial el 15 de este mes. El gobierno que se elegirá ese día irá hasta mayo de 2025, completando el periodo de Guillermo Lasso, quien optó por la ‘muerte cruzada’, el pasado mayo, por el amañado juicio político que le promovía la oposición.