Un entramado de corrupción podría poner en riegos la continuidad y legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez en España. Conocido por tener un “manual de supervivencia” política, el líder socialista enfrenta la mayor crisis política de su gobierno en cinco años y medio, a tal punto que algunos en el país piden su dimisión o la convocatoria de una moción de censura.

La trama

Esta semana, “El Confidencial” publicó las primeras pruebas en las que Koldo García Izaguirre, conductor, escolta y asesor del exministro de Transporte, y el hoy parlamentario por el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), José Luis Ábalos, estarían involucrados en el presunto cobro ilegal de comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia del covid-19.

Llamado por los medios como el “caso Koldo”, las pruebas indican que Koldo fue presentado en el Ministerio de Transporte directamente por Ábalos, quien lo convirtió en su mano derecha.

Ábalos, además, no sólo presentó a este exdiputado de la comunidad autónoma de Navarra en el ministerio, sino que también el entonces ministro de Transporte (2018-21) actuó como “intermediario” para “tratar de frenar una reclamación que el Gobierno de Baleares interpuso contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL por la entrega de mascarillas defectuosas”.

Según la Unidad Central Operativa de la Civil, encargada de la investigación, el entramado de corrupción estaba organizado a través de las empresas del Estado español Adif y Puertos del Estado, que habrían firmado contratos con la Mercantil Soluciones y Apoyo a Empresas SL mediados por la intervención de Koldo.

Los precios sobre los que se cerraba el negocio estaban “muy por encima del verdadero de los bienes suministrados”. De acuerdo con “El Debate”, serían cerca de los 53 millones de euros y las comisiones derivadas de la intermediación serían de 10 millones. Parte de este dinero estaría ya en cuestas ‘off shore’ y en Suiza, según Antena 3.

No sólo el exministro Ábalos estaría detrás de esta trama corrupta, que él ha negado sistemáticamente en todos los medios españoles durante la semana anterior. Las investigaciones también revelan que la hoy ministra de Política Territorial y presidenta del Congreso, Francina Armengol, habría participado en la intermediación para suplir de mascarillas con sobrecostos las islas Baleares.

Dimisión

El “caso Koldo” es el primer gran escándalo de corrupción del gobierno de Pedro Sánchez, que en junio de 2018 llegó al poder con la bandera anticorrupción luego de que el Partido Popular (PP) estuviese involucrado en varios casos de corrupción, como los casos “Kitchen” y “Gürtel”, este último responsable de la moción de censura que finalizó el gobierno de Mariano Rajoy.

Buscando un cambio en las formas políticas, Sánchez llegó a la Moncloa con una coalición de gobierno en la que estaba Podemos, que por ese entonces era liderado por Pablo Iglesias, un hombre que se hizo en la política durante las manifestaciones de 2011 en la Plaza Sol, en Madrid, en las que se denunciaba la corrupción del sistema financiero y algunos políticos del PP que gobernaban en contra de los derechos de los ciudadanos a no ser desahuciados y a poder participar activamente en las decisiones políticos.

Del proyecto de Iglesias y Sánchez, poco ha quedado. Ubicados hoy en dos extremos distintos de la izquierda española, el gobierno socialista enfrenta el “caso Koldo”, que se asemeja a lo mismo que ellos dos denunciaban en el Congreso de los Diputados hace cinco años, cuando dentro del PP se había creado una tesorería paralela e ilegal para financiar sobregastos del partido. Poco se diferencia de lo que está ocurriendo ahora en la otra orilla, la del Psoe.

Si el gobierno de Sánchez se hizo elegir bajo la bandera de la anticorrupción, muchos esperan en España ahora que con lo revelado en la prensa el jefe de Gobierno tome decisiones contundentes. De momento, ha decidido abrirle una investigación interna dentro del PSOE a Ábalos, quien ha sido apartado del partido y hoy hace parte de una comisión mixta en el Congreso.

Para un gobernante que desde que apareció en la escena política, en 2016, ha solido hacer controles políticos con base en temas de corrupción, apartar a Ábalos, quien ha dicho, en una entrevista el jueves, “que las órdenes venían de la dirección”, no parece suficiente. Una de las grandes dudas que acompaña el “caso Koldo” es cuándo supo Sánchez que existía este entramado de corrupción y por qué su esposa, como revela “ABC”, estuvo “reunida con intermediarios poco recomendables de una empresa beneficiada con una cuantiosa inyección financiera de rescate”.

“Siguiendo la lógica del propio PSOE, si Ábalos debe dimitir por no vigilar a sus subordinados, Sánchez está en idéntica situación, puesto que Ábalos era su hombre fuerte en el Gobierno y en el partido”, escribe Luis Ventoso en “El Debate”, a propósito de los pasos que debe seguir el jefe de Gobierno español.

Sea cual sea el destino de Ábalos y Koldo, Sánchez todavía sigue teniendo una mayoría simple en el Congreso que le permite esquivar cualquier amago de moción de censura como la que él lideró en contra de Mariano Rajoy en junio de 2018 y que le permitió finalmente llegar al poder.

Esta mayoría depende casi que únicamente de que en la próxima semana –seguramente la postergarán– se apruebe la Ley de Amnistía para los independistas catalanes, entre ellos Carles Puigdemont, quien este jueves fue acusado por la Audiencia Nacional de haber cometido actos terroristas al pertenecer al grupo de activistas proindependentismo “Tsunami Democratic”.

Con la presión de Puigdemont y sus aliados, más los intereses de otros partidos nacionalistas como los vascos y navarros, el jefe de Gobierno español enfrenta una semana decisiva en medio del peor escándalo de corrupción de su mandato.

Si Rajoy terminó perdiendo el poder por el “caso Gürtel”, es poco probable que esta vez Sánchez se salga tan fácilmente con la suya. Así tenga un manual de supervivencia, la corrupción casi siempre termina enterrando a los gobiernos.