EL MUNICIPIO que más votó por Jair Bolsonaro en las pasadas elecciones presidenciales ha demostrado que en Brasil existe una arraigada cultura alrededor de las armas, solo comparable con Estados Unidos. Se llama Treze de Maio y en él viven un poco más de 7.000 habitantes, que se declaran, casi todos, blancos y de derecha.

Ubicado en el pequeño estado de Santa Catarina, un enclave de agricultores y ganadores de ascendencia italiana y alemana al sur de Brasil, Treze de Maio ha recibido con satisfacción el decreto firmado por Bolsonaro el miércoles pasado en el que se permite el porte y uso de armas para, al menos, 20 millones de brasileños.

En campaña, luego de recibir una puñalada en un acto público en Minas Gerais, Bolsonaro prometió flexibilizar la legislación sobre armas, que desde de 2003 prohibió su porte por parte de civiles en el marco del Estatuto de Desarme, impulsado por Luis Inacio Lula Da Silva para combatir las altas tasas de homicidio en el país.

Pasados 16 años, los resultados de esta medida han sido regulares. El último año Brasil experimentó 64.000 muertes violentas, pero los detractores del Presidente, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores (PT), aseguran que este índice debe ser medido durante la década y media en el que el Estatuto fue implementado.

Ese argumento, han dicho los sectores afectos al ‘Capitán’ (apodo del Presidente), desconoce que en algunas regiones del país las armas son vistas como una herramienta de protección de la vida y la propiedad privada. Una visión que se asemeja a la amplia defensa que algunos sectores han tenido de la Segunda Enmienda en Estados Unidos, texto que le da validez a la tenencia y uso de armas por parte de civiles en ese país.

Exparacaidista del ejército brasileño, el mismo Bolsonaro ha explicado que las armas “son instrumentos, objetos inertes, que pueden usarse para matar o para salvar vidas. Eso depende de quien las maneje”.

El decreto

El decreto autoriza a portar armas de fuego a agricultores, cazadores, camioneros, abogados, políticos y hasta algunos periodistas, buscando que se conviertan en instrumentos de disuasión ante las altas tasas de criminalidad en Brasil.

Aunque la medida parece novedosa, en Brasil el porte de armas por parte de civiles ha sido algo común. Desde 1985, cuando cayó la dictadura militar, hasta 2003 no estaba prohibido el porte. Cuando llegó Lula una de sus primeras iniciativas fue promover el Estatuto de Desarme, para ponerle fin a esta tradición, pero Bolsonaro la ha vuelto a revivir, en cumplimiento de una promesa de campaña.

El gusto por las armas tiene, dicen los expertos, una explicación que va desde los procesos de colonización de los Bandeirantes (colonizadores portugueses de los territorios más inhóspitos) hasta un pensamiento radical en defensa de la propiedad privada por parte de la ciudadanía.

Pese a los preocupantes índices de homicidio, Brasil tiene 10 veces menos armas que Estados Unidos. Estas, sin embargo, mataron 51 mil personas el año pasado, convirtiéndose en un desafío nacional.

Pauí, una revista de análisis, comparó la realidad de ambos países. En un ejercicio estadístico, encontró que en el país suramericano hay 165 armas por cada 100 mil habitantes, al tanto que en el norteamericano la media es de 1.598,5 armas. Una diferencia abismal.

Este contraste se debe a que Brasil –el mayor productor de armas de la región- exporta casi toda su producción, dejando solo una proporción de menos del 15% al consumo interno.

Según Piauí, los “civiles tienen 350.400 armas de fuego, mientras policías y guardias privados poseen 39.9 mil armas particulares”.

Al tratarse de un país tan grande, con más de 200 millones de habitantes, la cifra no es tan alarmante. Se estima que a pesar de la falta de cifras oficiales en Venezuela hay un número de armas de fuego en manos de civiles parecido, teniendo en cuenta además que 288.000 se han perdido de los cuartes los últimos años.

Bolsonaro apuesta a que por medio de esta medida las tasas de homicidio bajen, como parte la política que ha impulsado para recuperar la seguridad y la inversión, su bandera de gobierno.

Los expertos, sin embargo, dicen que puede conllevar a “un aumento de las cifras de muertos”. “Estimamos que más de 20 millones de personas estarán autorizadas a partir de ahora a cargar armas por ahí. Es lo peor que le podría ocurrir a Brasil en este momento”, dijo Iván Marques, del Instituto Sou de Paz, a la AFP.

El decreto, que aún no ha entrado en vigor, tiene que primero entrar a ser estudiado por el Tribunal Supremo Federal (STF), que es el encargado de analizar su constitucionalidad.

A pesar de que el Presidente ha dicho que su medida no busca modificar el Estatuto de Desarme, algunos analistas prevén que indirectamente introduce cambios sustanciales que son competencia del Legislativo.

Para acceder a un arma de fuego siendo un civil, el Estatuto exige ser mayor de 25 años, no tener antecedente criminales, tener una ocupación lícita y ser capaz de demostrar capacidad técnica. Bolsonaro ha dicho que estos requisitos no se han tocado, por tanto es constitucional el decreto.

Los opositores, sin embargo, aseguran que ahora se exime justificar “la efectiva necesidad” del arma, el punto central de la discusión.

Al igual que Trump, Bolsonaro poco a poco ha ido cumpliendo las promesas de campaña. Empezó con la reducción de la burocracia y ahora les cumple a sus votantes con la flexibilización de las armas. Está por verse qué tan efectiva es la medida para enfrentar los índices de homicidios, disparados el último año.