CORRE un mes decisivo en Ecuador. Guillermo Lasso, con sólo 17% de aprobación y un juicio político en su contra, podría ser destituido por el Congreso antes de finalizar mayo. Él, al mismo tiempo, podría disolver el legislativo, aplicando la llamada “muerte cruzada”.
Tradicional en la política ecuatoriana, el escenario anterior se repite cada tanto en el país, unas veces en favor del presidente y otras -en la mayoría de los casos- en beneficio de la calle o el Congreso, llevando al fin del gobierno de turno y la inmediata convocatoria a elecciones presidenciales.
Nuevas dinámicas
La figura del juicio político, sin embargo, no ha sido tan común en Ecuador como en Perú, donde habitualmente el Congreso - más poderoso que el ecuatoriano- inicia un proceso, de largas sesiones, que terminan casi siempre con la destitución del Primer mandatario.
A diferencia de los peruanos, en Ecuador los movimientos sociales han sido los que derrocan presidentes, así en muchos casos previamente el Congreso haya impulsado acciones contra el Ejecutivo. Presionados por la calle y la inestabilidad económica, así fue como Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez terminaron de manera anticipada sus periodos.
En este caso, Lasso ha vencido la calle, por el momento, y una eventual salida anticipada del poder hoy se daría por vía del Congreso. Los movimientos sociales, un año atrás, protestaron por la subida de los precios de la gasolina, en un intento por presionar al presidente nacido en Guayaquil, que no retrocedió, dio facultades extraordinarias a las fuerzas armadas y recuperó el orden público.
Esta vez por otra vía, la oposición, que reúne los principales partidos de Ecuador, como Unión por la Esperanza -cercano a Correa-, Partido Social Cristiano y Pachakutik (indígenas), avanza con el juicio político en contra de Guillermo Lasso, impulsado por casos de corrupción de funcionarios de su administración. Para el 23 de mayo el Tribunal Constitucional, que aceptó la solicitud de apertura del juicio, fijó la votación en el legislativo. Previo a esto, una comisión del Congreso debe estudiar los presuntos delitos por los que se ha abierto el proceso en contra el Primer Mandatario.
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Impopular y minoritario en el Congreso, Lasso enfrenta hoy la votación en el Senado sin una coalición que impida que los partidos opositores logren una mayoría absoluta de 92 votos. En la dinámica política ecuatoriana, sin embargo, todo puede pasar, más si se tiene en cuenta la impopularidad del expresidente Rafael Correa, -asilado en Bélgica- a quien señalan de estar detrás de los movimientos contra Lasso y de quien muchos opositores prefieren guardar distancia política, eventualmente apoyando al presidente ecuatoriano.
El poder de Lasso
Guillermo Lasso cuenta con facultades constitucionales que pueden, de cierto modo, cambiar el orden de los acontecimientos.
Consciente de la ingobernabilidad del país, el Congreso ecuatoriano promulgó en 2008 la actual que Constitución que, en un polémico artículo, faculta al Presidente a disolver el Congreso. A esto le llaman “muerte cruzada”, nombre que fue puesto por la coalición de Correa que lideraba el Parlamento.
Paradójicamente, la figura de “muerte cruzada”, creada por el correísmo para blindar al entonces presidente de posible deslealtad de congresistas aliados, hoy es la principal y casi única salida que puede tener Lasso, aunque nunca ha sido invocada por un presidente ecuatoriano en estos 15 años de vigencia.
Para recurrir a ella, el presidente Lasso debe justificar alguno de estos tres escenarios: se presenta una extralimitación del Congreso, hay una obstrucción reiterada de la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo (PND) o existe una grave crisis política y convulsión interna.
Lasso, por las condiciones del momento, podría decir que el Congreso se ha extralimitado en sus funciones solicitando un juicio político que no tiene lugar y, como consecuencia, ha generado una crisis política. También puede alegar que el legislativo ha bloqueado su Plan Nacional de Desarrollo, reiteradamente.
Salidas a la crisis
Aislado en Quito, Lasso ha perdido apoyo popular y legitimidad política, por un presunto caso de corrupción que mancha su administración. Pese a la clara intención de sus rivales políticos -en especial de Correa- en sacarlo del poder, existen más razones detrás del mal momento que pasa el presidente, que van desde la pérdida del apoyo de la clase media y las difíciles condiciones de vida, hasta la creciente inseguridad.
“La salida a la crisis es que termine el gobierno de Lasso por cualquier vía constitucional”, dice Bernardo Moreno, analista ecuatoriano, en conversación con AP. “No le hace falta un cambio de gobierno, sino de modelo, un nuevo modelo que apunte a recuperar lo público, con eficiencia y sin castigar tanto a la clase media”.
Heredero de la impopularidad que dejó la crisis del covid-19, Lasso ha descuidado parte importante de sus electores, con políticas económicas que no favorecen al gran grueso de los ecuatorianos, que también padecen un aumento de la inseguridad en ciudades como Guayaquil, Salinas y Esmeraldas, donde hay un auge del narcotráfico.
No es claro si el Congreso finalmente destituye a Lasso o éste invoca la “muerte cruzada”. Si la decreta, gobernaría seis meses más, obligado a citar elecciones anticipadas presidenciales en el semestre siguiente.
Visto este escenario y la posibilidad de que sea destituido y su vicepresidente, Alfredo Borrero, se convierta en mandatario, lo más probable es que Ecuador entre en un periodo de ingobernabilidad que terminaría hasta las elecciones presidenciales de 2025.
Un país que repite, con otras formas, su historia: la Italia de América Latina. /PUR