NI sombra queda del exguerrillero sandinista que democráticamente accedió al poder en Nicaragua en 1985, cargo al que volvió en 2007, pero al parecer con una idea diferente. Del líder revolucionario y sus promesas de un mejor país ha pasado a convertirse, en esta casi década y media, a un ‘dictador’ tal cual lo tilda la oposición y lo evidencia con sus decisiones.

En tándem de poder con su esposa, Rosario Murillo desde hace cinco años, el presidente Daniel Ortega comenzó a cerrar los espacios políticos a sus opositores, proyecto que culminó con una serie de leyes aprobadas por el Congreso afín, que han sido denunciadas tanto por la comunidad internacional como por los defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa.

Así, se dio vía libre al registro como "agente extranjero" de cualquier persona o entidad que recibiera fondos del exterior, incluidos periodistas y oenegés, lo que se tradujo en un estrecho seguimiento y una severa restricción de los derechos civiles y políticos. Posteriormente se establecieron penas de prisión por la "publicación o difusión (en redes sociales) de información falsa (o) distorsionada, susceptible de sembrar preocupación, angustia o miedo entre la población". Y, finalmente, el pasado diciembre, se aprobó una ley que excluye de las elecciones del próximo noviembre a quienes promovieran sanciones extranjeras contra Nicaragua, una clara referencia a la oposición.

Bajo esta mampara y arguyendo que estaban gestando un plan para derrocarlo, en complot con algunos gobiernos extranjeros, a comienzos de este mes ordenó el arresto de varios de sus opositores, en lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y Naciones Unidas, entre otros organismos han calificado como una “nueva fase de represión” de dicho gobierno.

La (Cidh) exigió al final de esta semana a Nicaragua la liberación y protección de la vida de los opositores presos Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga y Violeta Granera.

A través de una resolución, el organismo ha considerado que "estas personas públicas han sido víctimas desde 2018 de amenazas, así como de distintas formas de persecución, hostigamiento y amedrentamiento, situación que se habría recrudecido desde el inicio de 2021, llegando a su punto más álgido en junio su detención circunstancias irregulares".

Teniendo esto en cuenta y dado que Nicaragua acepta la jurisdicción de este tribunal al haber ratificado la Convención Americana, el organismo ha pedido a Nicaragua que "proceda a la liberación inmediata" y "que adopte de forma inmediata las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, la integridad y libertad personal" de los opositores, cuyo plazo de ejecución finaliza el próximo 8 de julio.

Tal pronunciamiento se conoció tan solo horas después de que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtiera de un "alarmante" empeoramiento de la crisis política y social que atraviesa Nicaragua y señalara que, en las circunstancias actuales, con un "clima de temor", es complicado que los ciudadanos puedan ejercer "plenamente" sus derechos en las elecciones del 7 de noviembre.

Bachelet agregó que su evaluación actual sobre la situación en Nicaragua constata que es peor que en febrero, debido a "un preocupante y acelerado deterioro de la situación de Derechos Humanos".

La expresidenta chilena acusó al Gobierno Ortega no sólo de desoír la práctica totalidad de las recomendaciones planteadas en las sucesivas evaluaciones, sino que las detenciones de los opositores se han ejecutado a partir de "conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria" y con "graves violaciones" a las garantías procesales.

Y fue más allá al alertar que las autoridades estarían agarrándose a una reforma del código procesal penal para detener hasta 90 días a estos opositores, a pesar del límite de 48 horas establecido en la Constitución.

Finalmente dijo que en Nicaragua hay una "persecución selectiva" que además de rivales políticos se extiende a defensores de Derechos Humanos, periodistas y, en general, contra "personas como percibidas como opositoras" al Ejecutivo.

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El ‘argumento’ presidencial

Familiares de opositores presos en Nicaragua denunciaron desconocer la situación de los detenidos, calificados de "criminales" por el presidente Daniel Ortega, quien también calificó a algunas embajadas, entre ellas de España y Estados Unidos de “intromisión”.

Cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones, se cuentan 19 detenidos por "incitar a la injerencia extranjera" y "aplaudir sanciones" contra el gobierno sandinista, entre ellos cinco aspirantes a la presidencia, políticos, un banquero y hasta excamaradas de armas de Ortega.

"Ya han pasado varios días y aún no logramos ver a nuestros familiares. No sabemos exactamente dónde están ni como están. A pesar de llegar diario y varias veces a preguntar por ellos, la Policía no brinda información", dijeron en un comunicado.

Madres, esposas e hijos acuden a la cárcel policial conocida como "el nuevo Chipote", en una colina al descampado, al suroeste de Managua, un lugar señalado por organismos de derechos humanos como de tortura. Han tratado llevar alimentos y medicinas, sin éxito.

El gobernante asevera que no están juzgando a precandidatos sino a "criminales que han atentado contra el país", y los acusó de querer darle un "golpe de Estado", con el apoyo económico de Estados Unidos.

El presidente nicaragüense también lanzó críticas contra la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que llamó "cloaca" y acusó de ensuciar a los pueblos de América.

La OEA aprobó una resolución de condena contra Managua el 15 de junio.

Ortega acusó de intromisiones en asuntos internos a embajadas extranjeras, entre ellas la de España, por participar en reuniones "dirigidas" por Estados Unidos que pretenden "exigir" el respaldo a aspirantes opositores de cara a las elecciones presidenciales previstas para noviembre.

"Se venían reuniendo, en la Embajada de Estados Unidos, y exigiendo que eligieran un candidato, y de repente lo llevaban a la Embajada de España", dijo el mandatario nica al tiempo que añadió 1ue se trata de "una injerencia dirigida por Estados Unidos a la cual sirven los europeos".

Ante ello, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, dijo que se ha venido buscando "un diálogo con las autoridades nicaragüenses" de forma "discreta" para revertir la situación, pero ha reconocido que por el momento no ve "progreso en esa dirección".

En este sentido, el Gobierno de España ha sostenido que está sopesando con sus socios de la UE una posible respuesta ante la ausencia de voluntad de diálogo con el mandatario nicaragüense.

Asimismo, varios países y organismos del continente americano han llevado a cabo distintas acciones para presionar a Ortega, como la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual ha sido tildada por el presidente nicaragüense de ser "un arma al servicio de Estados Unidos".

Por su parte, la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jalina Porter, ha mencionado que su país "continúa utilizando todas sus herramientas diplomáticas y económicas para apoyar a los nicaragüenses" tanto en la rendición de cuentas, respecto a la coerción de libertades, así como en la celebración de unas "elecciones libres y justas".

Con opositores tras las rejas, un creciente ambiente de terror político, estancamiento social y apatía electoral, Nicaragua vive desde hace meses, tal y como lo calificó la presidenta de la Cidh, Antonia Urrejola, un “estado de excepción de facto” que ahora se ha intensificado con mira a las elecciones generales.

En el entretanto, Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro y favorita para enfrentar una posible candidatura de Ortega, así como los líderes políticos Arturo Cruz, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro (primo de Cristiana), Félix Maradiaga y no menos de otra docena de opositores permanecen tras las rejas y sin visos de recuperar la libertad porque a Ortega y su esposa vice lo que les interesa es asegurarse, en noviembre, un cuarto mandato consecutivo para seguir manejando la corrupción y el nepotismo.

En Nicaragua ese tándem de poder no solo “secuestró al sandinismo” como lo expresó la hija del exguerrillero canciller Víctor Hugo Tinoco, sino todas las libertades.