Hace tiempo, en España no se registraba una semana tan movida. “Amnistía, tres elecciones y sin presupuestos: la política española es una montaña rusa, y a quien no le guste, que no se suba”, tituló Andrés Gil un reciente artículo en “El Diario”, con el que describió estos intensos cinco días.

El jueves, el Congreso de Diputados aprobó la Ley de Amnistía pactada entre el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y Junts, la agrupación nacionalista catalana que desde 2016 ha buscado la independencia de Cataluña por medio de un proceso (el Proces, en catalán) que impulsó un referendo de autodeterminación declarado como ilegal por los tribunales nacionales españoles, que dictaron además sentencias condenatorias contra los líderes de la causa catalana, entre ellos Carles Puigdemont, exiliado en Waterloo, Bélgica.

Para un sector importante de los españoles, la decisión de los tribunales contra los independentistas ha sido injusta. El conflicto catalán, dice Pedro Sánchez, nunca se debió haber judicializado, por tratarse netamente de un desencuentro político y, en consecuencia, resoluble por la vía del diálogo y las consecuentes derivaciones de este, como los indultos o las amnistías.

Los tribunales han dicho que, independientemente del origen del conflicto, los líderes nacionalistas cometieron actos punibles contemplados en la Constitución de España (1978), como malversación de fondos, traición y terrorismo. En consecuencia, han sido procesados y sentenciados por estos delitos. El Partido Popular y Vox, los dos partidos opositores, han compartido esta interpretación. Pero la coalición de izquierda que gobierna el país, así como los nacionalistas catalanes, dicen que ha habido una persecución judicial o ‘lawfare’.

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Entre estos dos argumentos, los españoles han navegado casi ocho años en los que el país ha vivido una erosión del consenso bipartidista que trajo consigo la transición a la democracia y una crispación política en la que es casi imposible encontrar consensos entre esas dos Españas a las que alguna vez José Ortega y Gasset llamó “La España invertebrada”. Sí, la particularista, la dividida, la erosionada. Siempre por el mismo motivo: su frágil y difícil unidad nacional.

La amnistía

La amnistía, aprobada el jueves, es una ley de punto final que tiene como consecuencia la renuncia de la acción penal y civil por parte de la justicia española en contra de un colectivo de individuos, en este caso los independentistas catalanes. Elaborada con meticulosidad por delegados de Sánchez y Puigdemont en Bélgica, y sujeta luego a cambios por las partes interesadas, establece que la malversación de caudales públicos y la traición pueden ser amnistiadas, así como el terrorismo, siempre y cuando haya sido de baja intensidad.

“Siempre y cuando no haya una vulneración directa de derechos fundamentales y no haya situaciones graves, se puede entender que este terrorismo es de baja intensidad, cosa que nuestro Código Penal no diferencia”, explicó a “El Diario” Rafael Murillo Ferrer, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo.

Aprobada, la oposición española ha activado todo su equipo de abogados para demandar la Ley de Amnistía ante las instancias judiciales españoles y europeas. El PP se anticipó a la sesión legislativa del jueves y presentó ante el Consejo de Europa (el legislativo de la Unión Europea) seis enmiendas con las que le pidió valorar la procedencia de una ley –que dice el partido– atenta contra el Estado de derecho español, la separación de poderes y la independencia judicial. La razón fundamental es que las amnistías no están contempladas dentro de la Constitución y, por tanto, vulneran el principio de legalidad.

La apuesta por bloquear la amnistía también ha llegado al órgano consultivo (no vinculante) del Consejo de Europa, la Comisión de Venecia. En su último comunicado del viernes en la tarde los abogados que integran Venecia han dicho que aceptan introducir las enmiendas propuestas por el PP, sin que eso signifique que no estén de acuerdo con el objetivo de la amnistía que es la reconciliación, así como rechazan la tesis de que se ha vulnerado la separación de poderes.

La Comisión de Venecia pide mayorías cualificadas para su aprobación, situación que no se ha presentado al haberse aprobado por una mayoría absoluta de 176 escaños de los de los 350 del Congreso de Diputados. Pero este requisito procedimental no tiene efectos directos en la firmeza de la Ley de Amnistía.

Para Sánchez y los lideres independentistas, el problema está en la cámara baja y los tribunales españoles. Aprobada en el Congreso de Diputados, la Ley de Amnistía ahora pasa al Senado, en donde el PP y Vox tienen mayorías con las que pueden obstaculizar la aprobación del texto por lo menos dos meses, según “ABC”, aunque esto no impediría que le ley salga finalmente de curso y entre en vigor en mayo, dado que fue aprobada previamente en la Cámara alta.

Pasado el trámite en el Senado, la amnistía es muy probable que encuentre un espinoso escenario en los tribunales. Con seguridad algunos jueces decidirán aplicar directamente la amnistía, pero otros preguntarán a otros tribunales si es aplicable la ley en la medida en que existe una sentencia en firme por terrorismo contra Carles Puigdemont proferida por el Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial.

En ese escenario, se espera que muchos juicios se abstengan de aplicar la amnistía para no prevaricar o tomar una decisión en contra de los dictámenes judiciales. Para dirimir esta situación, es muy probable que la instancia de cierra termine siendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Sin presupuestos y con elecciones

Como si fuera poco, esta semana también se presentaron dos noticias que están hiladas con el camino que debe seguir la amnistía. El miércoles, inesperadamente el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, anunció el adelanto de las elecciones generales para mayo, por el rompimiento del gobierno de coalición y, presuntamente, como estrategia para abrirle la puerta a una posible candidatura a la presidencia de la comunidad (la Generalitat) del amnistiado Carles Puigdemont.

El adelanto de elecciones ha tomado por sorpresa tanto a partidarios como a críticos de la amnistía, que no esperaban que Puigdemont y sus aliados buscaran tan rápido volver al poder. Varios de los aliados del líder independentista han insistido en que de vuelta a Cataluña seguirán buscando un referendo de autodeterminación, con el fin de lograr la independencia de su región de España.

Para lograrlo, deben ganar unas elecciones en las que las fuerzas independentistas no salen bien posicionadas. Aunque el 60 % de los catalanes están a favor de la amnistía, un porcentaje mucho menor apoya a los partidos nacionalista Esquerra Republicana y Junts. Mejor posicionados aparecen el Partido Socialista Catalán e incluso el PP, en segundo lugar.

Con miras en estas elecciones y otras dos (País Vasco en abril y europeos en julio), Sánchez se juega su gobernabilidad en una legislatura en la que no ha logrado que sean aprobados los presupuestos. Los nacionalistas catalanes han votado en contra de los presupuestos esta misma semana. Sin ellos, Sánchez ya se ha hecho la idea de que tendrá que gobernar todo este año con los presupuestos de 2023, lo que en la práctica, como dice Ignacio Camacho en el “ABC”, significa “una especie de período en funciones con fuerte limitación de movimientos”.

España ha entrado en un camino incierto con numerosos escenarios que pueden desembocar en una posible reconciliación nacional o en más división. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo nos dio algunas pistas sobre estos escenarios al decir, cuando se le preguntó sobre la amnistía y sus consecuencias, que “ante la sumisión de España, yo prefiero el conflicto”.

Seguramente, las mayorías opositoras también.