Los énfasis de la política antidroga de Estados Unidos no se están variando ni redirigiendo. Por el contrario, salvo algunos matices, la columna vertebral de la estrategia se mantiene y prueba de ello es el documento de las prioridades que sobre este delicado tema acaba de presentar la administración de Joe Biden.

Como requisito para la discusión previa que sobre la ayuda externa para luchar contra el narcotráfico realiza anualmente el Congreso de Estados Unidos, la semana pasada se divulgó la Orden Ejecutiva de la Oficina del Presidente sobre la Política Nacional para el Control de las Drogas, en la que tras hacer una preocupante radiografía de la adicción a las drogas ilícitas y muertes por sobredosis en su país, se esbozaron las siete prioridades de la Casa Blanca para hacer frente a esta ‘epidemia’.

La mayoría se refiere a la estrategia interna y solo en una de ellas se hace referencia directa a evitar el ingreso de sustancias ilícitas a suelo norteamericano, un asunto que ha sido, desde décadas, una prioridad recurrente para todos los gobiernos estadounidenses y, por ende, de todos los países cuya producción de narcóticos termina en las calles de la potencia del norte.

De esta forma, en el ítem No.5 de la citada Orden Ejecutiva, titulado “Reducir la oferta de sustancias ilícitas”, se señala que la Administración Biden-Harris tomará medidas para alcanzar dicho objetivo, ya que “muchas de las sustancias ilícitas que dañan a los estadounidenses se producen fuera de los Estados Unidos y llegan por los puertos de entrada al país. Estas sustancias pueden comercializarse y venderse en la web oscura utilizando criptomonedas, y se entregan al comprador a través del correo y transportistas comerciales o traídos a través de las fronteras geográficas de la nación por múltiples formatos de transmisión”.

Y a renglón seguido define como estrategia de la Casa Blanca y sus agencias que enfrentan el tráfico de drogas “Trabajar con socios clave en el hemisferio occidental como México y Colombia, para dar forma a una respuesta colectiva e integral a la producción y uso de drogas ilícitas a través de la profundización de la colaboración bilateral en enfoques de salud pública, expandiendo la presencia estatal efectiva y desarrollando infraestructura. Esto asegura que las actividades para frenar la producción y el tráfico de drogas ilícitas se adhieran al estado de Derecho y respeten los derechos humanos”.

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Condiciones

Esta escueta referencia ha dado lugar a que algunos medios y analistas interpreten o vean un viraje en el enfoque antidroga de Estados Unidos. Esa una hipótesis arriesgada, más aún sin tener una mayor explicación o anuncio de las medidas externas de lucha contra el narcotráfico que podrían variarse como tal.

Hay quienes consideran que se viene una mayor exigencia en materia de derechos humanos a los países que reciban aportes económicos. Pero lo cierto es que desde hace varias décadas cualquier ayuda norteamericana, no solo para combatir el narcotráfico sino para implementar cualquier otro tipo de programas (sociales, desarrollo, cooperación, etc), tiene como como condición sine qua non el apego a la ley y la observancia de los derechos humanos en el país receptor de tal beneficio. De ello existe un proceso de certificación al respecto que debe presentar el Departamento de Estado al Congreso como requisito para aprobar cualquier aporte externo.

De hecho, Colombia recibió el pasado 1 de marzo la certificación en la lucha contra las drogas que, como se dijo, es el requisito insalvable para que el Congreso apruebe la ayuda financiera del otrora bautizado Plan Colombia. Esa sola certificación destrabó un aporte de US$25 millones de dólares, dentro de un global que está por encima de los 300 millones para 2021.

Para que el Departamento de Estado de Estados Unidos emita tal certificación evalúa no solo los avances en la lucha contra el narcotráfico (erradicación de cultivos, incautaciones, colaboración judicial, etc.) sino el accionar de las autoridades con respecto a garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la población.

Es más, un vocero del Departamento de Estado advertía semanas atrás la preocupación del gobierno Biden por temas como el asesinato de líderes sociales y desmovilizados. No hay que olvidar que una parte de la ayuda anual de Estados Unidos a Colombia va dirigida a temas de inversión social en zonas de violencia y la implementación del acuerdo de paz.

En el aval antidroga, el Departamento de Estado felicitó al país por los resultados en erradicación (130 mil hectáreas en 2020) e incautación, pero indicó que es necesario redoblar esfuerzos y allí es clave retomar la fumigación aérea con glifosato a los narcocultivos.

Visto ello, resulta arriesgado afirmar que la administración Biden modificará el eje de la lucha antidrogas externa, que en el caso de Colombia es reducir la producción y exportación de narcóticos, por un mayor énfasis en planes de salud pública interna. Lo que sí se puede derivar es que ofrece una mayor cooperación a esos países para apoyarlos con obras de desarrollo regional.

En esta estrategia para “reducir la oferta de sustancias ilícitas” también define ejercer el liderazgo en foros regionales y multilaterales (como el Diálogo sobre Drogas de América del Norte), utilizar foros multilaterales y bilaterales ya establecidos para interactuar con China, India y otros países de origen para interrumpir el flujo global de drogas sintéticas y sus precursores químicos y fortalecer la capacidad del gobierno de Estados Unidos para interrumpir la fabricación, comercialización, venta y envío de drogas sintéticas abordando las ventas ilícitas de drogas por Internet y las técnicas en constante evolución en las transacciones financieras ilícitas.

De igual forma, “apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley a través del programa de Áreas de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad para interrumpir y desmantelar las redes nacionales de tráfico de drogas” así como “apoyar los grupos de trabajo multijurisdiccionales y otros esfuerzos de aplicación de la ley para interrumpir y desmantelar las organizaciones transnacionales de tráfico de drogas y lavado de dinero que proporcionan los fondos para las organizaciones de tráfico de drogas a través del uso del sistema financiero de los Estados Unidos”.

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Crisis que se agrava

El documento de la oficina del presidente Biden al contextualizar esta prioridad señala que esta es una “parte de la solución a la epidemia de sobredosis de opioides” que se ha visto agravada por la disponibilidad, uso y mezcla de las drogas cultivadas (heroína y la cocaína).

“La crisis de la sobredosis y de la adicción le ha pasado una factura desoladora a demasiados americanos y sus familias. De hecho, desde el 2015, las muertes por sobredosis se incrementaron un 35% alcanzando un máximo histórico de 70.630 muertes en 2019. Esta es una tasa de aumento mayor que la de cualquier otro tipo de muerte por lesiones en los Estados Unidos.”, señala el primer párrafo del documento de seis páginas en los que prioriza medidas domésticas de salud pública para enfrentar esta grave situación que se ha visto exacerbada por la pandemia del covid-19.

Tras considerar que enfrentar esta “epidemia” es una prioridad urgente en este su primer año de mandato, el presidente Biden insiste en que las personas que la padecen no deben ser encarceladas, sino que deben tener todas las posibilidades de recibir un tratamiento. Y enfatiza la “necesidad de erradicar las inequidades raciales, de género y económicas que existen actualmente en el sistema de justicia penal”

El documento de la Oficina presidencial para el control de las drogas deja en claro que el fentanilo fabricado ilícitamente y los opioides sintéticos distintos de la metadona (Sootm) han sido los principales impulsores tanto de las adicciones como de las muertes por sobredosis, también lo han sido -aunque en menor medida- la cocaína y otros sicoestimulantes, como la metanfetamina. Y, en tal sentido destaca que se ha visto un auge de estas últimas combinadas con metadona.

Agrega que “la disponibilidad de drogas con una pureza históricamente alta y un precio bajo, junto con la mayor letalidad de los opioides sintéticos, ayuda a impulsar la epidemia de sobredosis y adicción”.

Las otras seis prioridades del gobierno Biden son: Ampliar el acceso al tratamiento basado en evidencia, Avanzar en la equidad racial en el marco de este enfoque de la política de drogas; Mejorar los esfuerzos de reducción de daños basados ​​en evidencia; Apoyar los esfuerzos de prevención basados ​​en la evidencia para reducir el consumo de sustancias entre los jóvenes; Promover lugares de trabajo listos para la recuperación y expandir la fuerza laboral de adictos y Ampliar el acceso a los servicios de apoyo a la recuperación.