El expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada será sometido a juicio en Estados Unidos por su supuesto papel en la masacre de más de 50 bolivianos durante una oleada de protestas populares en 2003, que propiciaron la llegada al poder de Evo Morales en Bolivia.
El juicio a Sánchez de Lozada y su entonces ministro de defensa, Carlos Sánchez Berzaín, por la llamada "masacre de octubre" comenzará el 5 de marzo ante el juez James I. Cohn en el tribunal federal de Fort Lauderdale, en el norte de Miami, y se prolongará dos semanas, según documentos judiciales.
Los demandantes, familiares de bolivianos muertos en la alegada masacre, buscan indemnizaciones por daños y perjuicios por parte de ambos políticos por "matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos de ciudadanos bolivianos en septiembre y octubre de 2003", señala la demanda interpuesta en 2013 ante un tribunal en Florida.
En Bolivia, el gobierno de Morales celebró la noticia.
"No va a quedar impune ese crimen (...) lo van a enjuiciar por las muertes del año 2003, por la represión, por las muertes de nuestros hermanos", dijo el vicepresidente Alvaro García en un acto frente a campesinos en Calamarca.
Sucesivos pedidos de extradición de Bolivia no prosperaron.
El Center for Constitutional Rights (CCR), una ONG con sede en Nueva York que representa a los familiares de nueve víctimas, alega que los exgobernantes utilizaron la fuerza militar para suprimir las protestas populares que tuvieron lugar en la llamada "Guerra del gas".
- La guerra del gas -
Así se conoce la insurgencia popular que derrocó Sánchez de Lozada y, con ello, cerró una época de gobiernos neoliberales en Bolivia y dio paso al movimiento indigenista encarnado por Morales.
El descontento contra "Goni", quien en su primer mandato (1993-1997) privatizó empresas estratégicas del Estado, se canalizó en el rechazo a su plan de vender gas a Estados Unidos por puertos chilenos en su segundo período, que duró solo un año y acabó el 17 de octubre de 2003.
Ese día, los vecinos de El Alto, ciudad próxima a La Paz, se rebelaron contra el proyecto de exportación de gas. El gobierno sacó tanquetas militares a las calles y ordenó reprimir. Según el CCR, "en total masacraron a 58 ciudadanos e hirieron a más de 400, casi todos de las comunidades indígenas aymaras".
Lozada -hoy de 87 años- dimitió y huyó hacia Estados Unidos, ante un panorama que colocaba a Bolivia a las puertas de una guerra civil. Lo sucedió el vicepresidente Carlos Mesa.
"El ex-presidente y su ministro de Defensa ahora tendrán que escuchar mientras testificamos sobre lo que pasó", dijo Teófilo Baltazar Cerro, un aymara que dirigió las protestas.
"Esperamos esta oportunidad histórica para tener nuestro día en la corte", añadió, citado por el CCR.
- Primer juicio de DDHH -
De acuerdo a un comunicado de la ONG fechado el martes, el juicio será "la primera vez que un exjefe de Estado se sentará frente a sus acusadores en un juicio civil de derechos humanos en una corte en los Estados Unidos".
La demanda civil se basa en el Estatuto de reclamación por agravios contra extranjeros (ATS por sus siglas en inglés) y en la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura (TVPA).
La primera permite a un extranjero iniciar un juicio civil contra otro en tribunales federales estadounidenses por un delito cometido fuera de ese país, si ese delito es una violación de las leyes de la nación o de un tratado específico del que Estados Unidos es signatario.
La segunda hace posible la presentación de demandas civiles en cortes estadounidenses en contra de personas acusadas de haber cometido o auxiliado e incitado actos de tortura o ejecución extrajudicial.
Entre los demandantes están Cerro, cuya esposa embarazada y el hijo que gestaba fallecieron por una bala que atravesó la pared de su casa, así como Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años murió de una bala que entró a la habitación de la madre a través de la ventana.
Los abogados de Sánchez de Lozada no respondieron solicitudes de comentarios por parte de AFP.