Del descontento político a un inesperado y creciente estallido social. Eso es lo que se vive en Perú, desde hace una semana y que amenaza con convertirse en el principio del fin de la presidencia de Pedro Castillo.

Desde el pasado 28 de marzo, el mismo día en que en el Congreso se hundió el segundo intento por destituir al maestro-Presidente, inició un paro del sector transportador por el alza en el precio de los combustibles (gasolina, diésel, gas natural vehicular) que degeneró en disturbios, de los que el mandatario responsabilizó a “cabecillas” y “dirigentes malintencionados y pagados”.

Los bloqueos y enfrentamientos entre manifestantes con la policía en la ruta Panamericana fueron solo el primer paso de una protesta que se extendió a otros gremios del país y a la población en general, por el encarecimiento de los alimentos, transporte, gas doméstico y algunos servicios.

El mes pasado, el índice de precios al consumidor en este país andino registró un incremento de 1.48”, la más alta de los últimos 26 años, fruto del coletazo de la pandemia, los problemas en las cadenas de suministro y hasta de la guerra en Ucrania. Y si bien, la alta inflación golpea a todo el mundo, por las causas anteriormente expuestas, la improvisación económica del gobierno Castillo agravó la preocupante situación, al punto que desde el domingo en la noche enfrenta un violento estallido social nacional que ha dejado hasta el momento cinco fallecidos (el último de ellos un joven trabajador agrícola que participaba en una protesta ayer en Ica) y decenas de heridos.

Así, el pueblo que lo llevó al poder y que él (presidente Castillo) tanto dice representar se rebeló, poniendo fin al compás de espera tras ocho meses de gobierno, los que han estado marcados por tres cambios de gabinete, dos intentos fallidos de destituirlo, falta de gestión y constantes cambios de opinión que no sólo lo han llevado a niveles récord de impopularidad (68%) sino a afectar los ingresos y el diario vivir de los peruanos.

Una vez iniciada la protesta de transportadores hace una semana y, como señalamos, a descalificar a los transportadores, el presidente Castillo de disculpó, aplazó hasta junio el cobro del impuesto selectivo al consumo del combustible -una de las principales demandas de los transportistas- y decretó un aumento del 10% del salario mínimo que, a partir del 1 de mayo, pasará de 930 a 1.025 soles (US$280).

Pero sus medidas no apaciguaron la indignación popular con la grave situación económica. De allí que el lunes se viviera otra jornada de masivas protestas, bloqueos de carretera y violencia, por lo que el mandatario decidió establecer, minutos antes de la medianoche, el toque de queda para Lima y en el vecino puerto del Callao, que en conjunto albergan a 10 millones de personas, casi un tercio de la población peruana. Esa fue la ‘mecha’ que avivó la movilización nacional.

Así y pese a la ordenada restricción a la movilidad, el martes se registraron masivas protestas, muchas de las cuales degeneraron en disturbios en Lima y las regiones de Piura, Chiclayo, La Libertad, Junín, Ica, Arequipa, San Martín, Amazonas y Ucayali, entre otras, lo que forzó la suspensión de clases.

Ante la presión ciudadana y política, Castillo se vio forzado a levantar la medida horas antes de que llegara a su fin (medianoche del martes), tras un diálogo con la oposición que domina el Congreso, mientras en las calles la policía intentaba contener a los manifestantes que atacaron edificios públicos y comercios en el centro de Lima.

Tras apedrear la sede nacional de la Fiscalía e ingresar al Palacio de Justicia, decenas de personas iracundas sustrajeron computadores y otros equipos, según el reporte de las autoridades. También causaron destrozos en varios comercios y en una oficina de una administradora privada de fondos de pensiones. Al mismo tiempo se registró un sonoro cacerolazo que iniciado en la capital se ha ido extendiendo por toda la nación.

En estos disturbios fueron detenidos 18 manifestantes. "Los sujetos serán denunciados por el delito contra la tranquilidad pública", indicó la Policía.

Pero el levantamiento del toque de queda no impidió que ayer se reanudaran los bloqueos en el sur del país y, especialmente en la ruta Panamericana, donde un trabajador agrícola que la bloqueaba en la región de ICA perdió la vida en el enfrentamiento suscitado tras el fallido intento de un grupo policial de recuperar el control de la vía.

Le puede interesar: Macron, en marcha hacia su reelección

"Han ingresado 15 heridos, tenemos un herido de gravedad. Hay un civil que ha ingresado fallecido que es producto del conflicto", dijo el director del hospital de la ciudad de Ica, Carlos Navea, en un video publicado en la página de Facebook del centro de salud.

El médico precisó que los heridos que llegaron al hospital son 12 policías y tres manifestantes.

El manifestante muerto este miércoles fue Jhony Quinto Contreras, de 25 años de edad, oriundo de Huancavelica y quien laboraba en una empresa agrícola de Ica. 

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, estaba ayer al frente de las labores para restablecer el orden público y poner fin a estas protestas que no son únicamente las primeras que enfrenta el presidente Castillo en sus primeros ocho meses de gobierno, sino que pueden poner abrupto fin a su mandato de cuatro años.

La crisis social que afronta el país es grave e inclusive así lo ha reconocido el propio primer ministro de ese país, Aníbal Torres, quien en diálogo con medios de comunicación no descartó la posibilidad de que el presidente se vea forzado a dar un paso al costado.

"Esto ya viene desde algunos años atrás, en el quinquenio anterior. Hemos tenido cinco presidentes y tres congresos en cinco años. Esa situación no se ha superado, nosotros tratamos de superarla, de dialogar con la parte contraria, pero solo se fija en su propio interés", sostuvo Torres, en un intento de explicar el por qué el actual gobierno no ha podido hacer mucho frente al descontento de transportadores y el sector agrario.

También el primer ministro denunció que hay personas "infiltradas" y alentadas por la oposición, donde existen sectores que "desde el inicio" del mandato de Castillo no han reconocido su victoria. Además, lamentó que la Policía Nacional no cuenta con los efectivos ni la preparación suficiente para hacer frente a las movilizaciones.

Más de 2.000 conductores de autobuses de la región de Cuzco se sumaron el lunes al paro nacional de 48 horas convocado por la Unión de Gremios de Transporte Multimodal de Perú por los altos precios del combustible y la nueva normativa sobre transportes, lo que ha complicado la situación.

Durante las protestas tanto del lunes como de ayer se registraron ataques a infraestructuras como peajes y cortes de autovías.

El Jefe de Estado, por su parte, ha reiterado que la coyuntura de la alta inflación es producto de las medidas adoptadas por la pandemia y que se ha agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, insistió en que está dispuesto al diálogo para “ver la salida conjunta a este escenario”.

Opositores, analistas políticos, dirigentes gremiales y hasta medios de comunicación coinciden en señalar que el gobierno está desconectado de la realidad del país. Por ejemplo, el periódico “El Comercio” escribió ayer en su editorial refiriéndose a Castillo “su incompetencia luce incorregible, su presidencia insostenible y su renuncia es la mejor salida al desgobierno que vive el país”.

¿Incapacidad para gobernar? ¿Reiteradas equivocaciones por inexperiencia? ¿Mala asesoría en la conducción del país? o ¿Imposibilidad de manejar una heredada crisis política y económica? Una o todas pueden ser las razones por las cuales hoy Perú, con el maestro-Presidente afronta una grave crisis social y política. Lo cierto es que la ilusión de cambio de los peruanos es hoy un “Castillo” de naipes que amenaza con derrumbarse. /Redacción internacional con agencias.