EN EL Presupuesto General de la Nación, que ya fue radicado en el Congreso de la República, de un total aforado de $523 billones, de los cuales $328 billones son para funcionamiento, $113 billones a deuda pública y $82 billones para inversión.

Referente a este rubro, la inversión cae casi 20%, respecto al presupuesto de este año, un dato que preocupa a los analistas, ya que es un indicador que no permite elevar el crecimiento de la economía. Así que uno de los sectores más golpeados será el de agricultura con una inversión de $4,9 billones cuando este año le asignaron $9,2 billones, es decir una caída de 46,6%, cuando el Gobierno adelanta una reforma agraria y debe comprar tierras.

Además, los expertos consideran que el Gobierno da por hecho que el Congreso apruebe el plan de financiamiento o reforma tributaria que le dejaría los $12 billones del desbalance en inversión, y da por descontado un mayor endeudamiento. Por lo que, gremios y analistas económicos le advirtieron al Gobierno nacional los efectos de la reducción en la inversión, los cuales se verían reflejados en el crecimiento económico.

Por ejemplo, el gremio Aliadas, en un pronunciamiento conocido por EL NUEVO SIGLO, pidió al Gobierno evaluar esta reducción y, como mejor opción, optar por reducir gastos en las “áreas no productivas”.

“El Gobierno no puede volver a hacer cuentas alegres. Sin la inversión que sigue cayendo por la desconfianza en este gobierno los recursos serán limitados y no se puede dejar de honrar las obligaciones”.

Desfinanciamiento

Con razón, algunos de los señalamientos de los analistas recalcan que el presupuesto para el próximo año ya vendría desfinanciado, toda vez que el Gobierno busca presentar una nueva ley de financiamiento para complementar la caída en la inversión y porque también tiene vía libre para adquirir crédito internacional para este propósito, según un documento Confis aprobado hace algunas semanas.

Esta ley de financiamiento, sería una nueva reforma tributaria, donde si bien el Gobierno prometió reducir progresivamente la carga de las empresas, por otro lado, advierten los expertos, deberían subir los gravámenes a las personas naturales.

William Reyes, analista de Gasto Público del Observatorio Fiscal de la U. Javeriana, dijo a este Diario, que “el crecimiento real está por debajo del 10% observado para el periodo 2023 - 2024 y por debajo del promedio de crecimiento real del 5% en los últimos 10 años. Sin duda, hay una desaceleración en el crecimiento del gasto”.

Señaló que “sin embargo, esa desaceleración está afectando principalmente al rubro de inversión. Los $82,4 billones de inversión para el próximo año serán financiados en parte ($12 billones) por una Ley de Financiamiento (reforma tributaria). En caso de que no se materialicen estos recursos, el rubro de inversión sería de $70 billones, lo que implicaría un 28% de caída en términos reales”.

Indicó que “desde el Observatorio Fiscal de la Javeriana hemos venido advirtiendo sobre el incremento desmesurado en el gasto de funcionamiento. Esta situación se ha agravado después de la pandemia producto de gastos de salud y transferencias que se volvieron permanentes. En un escenario de estrechez fiscal como la actual en donde el gasto de inversión se está viendo afectado por recortes, es necesario que el gobierno racionalice el gasto de funcionamiento en caso de que no se apruebe la Ley de Financiamiento que busca recaudar $12 billones”.

Gastos inflexibles

Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank, mencionó a los medios que el Presupuesto General de la Nación es rígido. “Existen muchos gastos que son poco negociables, como los corrientes, sueldos y salarios, y otros similares. Adicionalmente, está el gasto del servicio de la deuda, que implica pagar los intereses y el capital de la deuda que hay tanto con acreedores domésticos como del exterior”, afirmó.

Lo anterior conlleva que, dado que estos gastos son inflexibles anualmente, lo único moderadamente adaptable son los gastos de inversión, mencionó el analista. Luego, agregó que “a medida que el Gobierno percibe que la recaudación y el crecimiento económico no son tan óptimos, procede a disminuir esos gastos”.

Olarte concluyó que “esta disminución es necesaria para cumplir con el pago de la deuda y los sueldos y salarios, lo cual es una obligación fiscal. Si bien esto es positivo desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal, lo negativo es que no hay posibilidad de realizar gasto anticíclico. Hay menos recursos disponibles para estimular la economía, aunque se mantiene la responsabilidad fiscal”.

Por otra parte, el analista y académico de la Universidad del Rosario, Henry Amorocho, dijo a este Medio, que “la inversión de $82,4 billones implican un recorte de aproximadamente $17 billones, es decir un poco más del 1% del Producto Interno Bruto. Esa es una sensible baja de la inversión indiscutiblemente y que desde luego no es aconsejable en periodos de recuperación económica”.

Sostiene que “el comportamiento de la economía que básicamente observa un crecimiento bastante bajo a finales de diciembre de 2023, pero crecimiento de 0,6% y que esperamos todos que aproximadamente lo sea del 1,7% en 2024 para después pasar a ser del 3% en 2025 dan una perspectiva que el crecimiento de la economía y los ingresos también van a subir. Desde luego que la inflación va a bajar y las tasas de interés también y que de alguna manera todo esto va a coadyuvar para la recuperación económica. Sin embargo, el tener una inversión que ha sido básicamente sensibilizada en una baja, va a presentarse desde luego un rezago que tendrá que manejarse con la inversión privada”.

Dificultades

En el que el presupuesto de inversión haya bajado su asignación porcentual con respecto a lo que significaba el año pasado comienza a generar una dificultad inicial y es que el presupuesto del año entrante no puede ser menor al del año pasado. Ahí habría alguna dificultad que tendrán que sustentarla muy bien en las discusiones del debate en el Congreso de la República, puesto que se está disminuyendo la inversión, pero ese espacio se puede cerrar con inversión privada y por ahí sí veo muy bien y es lo que esperamos todos, que el Banco de la República tome una decisión congruente con lo que es el comportamiento de la economía y bajen 50 puntos básicos su tasa de intervención. Esto con lo que podrían ser las próximas cuatro reuniones nos llevarían a una tasa de intervención entre el 8% y 8,2% al final del año”.

Considera el experto que “eso ayudaría a reducir desde luego el costo del crédito para los emprendedores, para los empresarios y los distintos actores que hay en la economía. Desde luego una baja en la tasa de intervención no es gratis, sino que obedece a que hay un mejor manejo de la inflación y todos esperamos que la inflación esté en un nivel entre el 5,5% y el 6% a final del año “.

Con inversión privada

Considera Amorocho que “de tal manera que sectores que vienen presentando presentándose como puntales como son la agricultura y como lo es también el turismo y desde luego en vivienda, se ve un espacio del sector privado para desde luego atender la brecha que deja a la baja la inversión pública en el Estado colombiano”.

Mientras tanto, el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA, advirtió que la reducción en la inversión tiene “graves consecuencias. La primera de ellas es que frena la gran oportunidad de hacer crecimiento a través de una palanca, en este caso de la inversión pública, que es quizá el camino más importante para generar un motor de crecimiento en la economía”.

“De hecho, se estima que por lo menos $24 billones de la inversión tendrían que venir de gasto de funcionamiento, lo que en el fondo es una presión, en mi opinión, indebida al Congreso de la República para aprobar más inversión”, complementó el economista.

Inversión al detalle

Revisando el detalle de la inversión proyectada en el Plan de Inversiones 2025, los sectores quedaron así: Transporte ($13,4 billones), Igualdad y Equidad ($9,5 billones), Educación ($8 billones), Inclusión Social ($7,4 billones) y Minas y Energía ($7,2 billones); Inteligencia ($30.000 millones), Relaciones Exteriores ($193.000 millones), Congreso ($200.000 millones) y Ciencia y Tecnología ($267.000 millones).