El trabajo articulado entre fiscales de las delegadas para la Seguridad Territorial y para las Finanzas Criminales de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional y la colaboración internacional de la Embajada de Estados Unidos y la Agencia investigativa HSI, permitió la ocupación con fines de extinción de dominio de nueve bienes que habrían sido usados para la explotación sexual de menores de edad.

“En la Fiscalía nos unimos las direcciones seccionales y la delegada para Finanzas Criminales e identificamos los casos de algunos adultos que presuntamente explotaban sexualmente a menores de edad. Por ello, los perseguimos hasta lograr la ocupación cautelar de los bienes que eran usados para realizar las posibles prácticas delictivas” aseguró la delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo.

Se trata de residencias y otros inmuebles alquilados a través de aplicaciones para estadías cortas. Labores investigativas evidenciaron que en dichos lugares se cometerían delitos que atentaban contra la integridad y libertad sexual de niñas, niños y adolescentes.

Los bienes afectados con las medidas cautelares de suspensión de poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión estarían relacionados con casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes ocurridos en Medellín y los municipios de Bello y La Estrella (Antioquia).

El valor de los predios se calcula en 10.500 millones de pesos y sobre estos fueron impuestas medidas cautelares por una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio. Lo anterior se da en el marco de las investigaciones penales adelantadas por fiscales de la Dirección Seccional de Medellín en casos donde se evidenciaron delitos como la demanda de explotación sexual comercial de menores de 18 años, proxenetismo con personas menores de 18 años, acceso carnal violento y suministro a menor.

La investigación penal

Estas acciones se dan como resultado de las investigaciones que fiscales de la Seccional Medellín adelantaron contra dos ciudadanos estadounidenses, uno chino y siete colombianos. Los capturados enfrentan procesos por delitos que afectan la integridad sexual de menores de edad.

En desarrollo de estas investigaciones, la Fiscalía ha logrado cuatro sentencias condenatorias de entre 14 a 19 años de prisión. Los demás procesos judiciales se encuentran en etapa de juicio o a la espera de aprobación de preacuerdos por parte de los jueces de conocimiento de Medellín.

La investigación evidenció que en varios de los bienes ocupados se hospedaron extranjeros como Brando Seth Wood y el ciudadano estadounidense Richard Vincent Opalinski, quien registra 65 ingresos a Colombia.

La intención sería contactarse con menores de edad que habían conocido a través de redes sociales para sostener encuentros sexuales. La Fiscalía evidenció que uno de los procesados, de nacionalidad estadounidense, obligaba a las jóvenes a consumir sustancias como 2CB y metanfetaminas, que él mismo fabricaba.

Conductas similares habrían sido desplegadas por el también norteamericano Dominick A. Divicenzo, quien fue sentenciado a 15 años de prisión tras suscribir un preacuerdo con la Fiscalía, en el que aceptó los cargos en su contra

En desarrollo de la investigación fueron identificadas Luz Auxilio Patiño Mira, de 66 años, quien está siendo investigada por presuntamente concertar citas con fines sexuales en su residencia, ubicada en el barrio Prado Centro de Medellín. A los encuentros asistían comerciantes, abogados y otros profesionales quienes sostenían relaciones íntimas con estudiantes de colegio, cuyas edades oscilaban entre 15 y 17 años.

En este caso se estableció que algunos de los hombres pagaban altas cantidades de dinero cuando se trataba de menores que conservaban su virginidad. Por estos hechos, Patiño Mira fue sentenciada a 171 meses de prisión.

Otro caso que llamó la atención de las autoridades es el de un hombre que instrumentalizaría a su hijastra, y a otras menores, para realizar vídeos con contenido para adultos en su propia vivienda. El proceso actualmente se encuentra en etapa de juicio.

“La Fiscalía está haciendo la tarea, pero necesitamos de la ayuda de la comunidad para que juntos identifiquemos a esas personas y a esos predios en donde extranjeros y locales ingresan con menores y los abusan sexualmente. Vamos a seguir la ruta de sus bienes para aplicarles la extinción del derecho de dominio”, precisó la delegada para la Seguridad Territorial, Deicy Jaramillo