EL Tribunal Supremo de Justicia de Guatemala denegó el amparo provisional solicitado por el presidente electo, Bernardo Arévalo, con la intención de poner fin a las acciones del Ministerio Público al entender que ponen en riesgo a la democracia y que suponen la orquestación de un golpe de Estado.

La acción, que fue planteada hace aproximadamente dos semanas, iba dirigida contra la fiscal general, Consuelo Porras, el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche; y el juez séptimo penal, Fredy Orellana.

"Por mayoría la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no decretar" el recurso de amparo presentado por Arévalo el 13 de septiembre, al considerar que se cometieron violaciones a la ley electoral, dijo el letrado del alto tribunal, Leonel Marroquín, al informar a los periodistas de las resoluciones del tribunal.

Arévalo y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, presentaron dicho amparo acompañados por decenas de guatemaltecos que se sumaron al llamamiento de las autoridades entrantes para unirse a las acciones en defensa en la democracia.

Entonces, Arévalo afirmó entonces que "las distintas acciones que estamos llevando a cabo están establecidas en la ley y nosotros estamos recurriendo a la ley para defender los derechos que nos asisten a nosotros, pero sobre todo al pueblo de Guatemala".

Desde que el Movimiento Semilla de Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes -en comparación con lo que auguraban los sondeos- en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.

El mandatario electo insistió el martes en Washington que Guatemala vive una transición "incierta" que "parece un golpe de Estado a cámara lenta".

Cuando ganó las elecciones presidenciales el 20 de agosto, el dirigente socialdemócrata "sabía que no sería fácil y esperaba resistencia de algunos actores poderosos", pero ignoraba de qué tipo, explicó en el Wilson Center, un foro no partidista.

Desde la primera vuelta electoral de junio Arévalo y su partido Semilla han sido blanco de acciones legales de la fiscalía, que pide suspender el movimiento por supuestas anomalías en su inscripción en 2017.

En su última embestida la fiscalía allanó la sede del tribunal electoral y decomisó cajas que contenían actas de los resultados de las elecciones.

"Lo que veo ahora parece un golpe de Estado a cámara lenta", afirmó Arévalo en inglés.

"Eso es indignante y es inaceptable. Representa una grave alteración del orden constitucional" y debe ser examinado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), que ya ha llevado a cabo misiones de buenos oficios en el país centroamericano.

Según Arévalo, las iniciativas judiciales ponen en duda "el compromiso" del gobierno saliente del presidente derechista Alejandro Giammattei para un traspaso de poderes fluidos en enero.

Este hijo de Juan José Arévalo, primer presidente demócrata de Guatemala (1945-1951), era un peso desconocido a ser diputado hasta hace unos meses.

Él atribuye su éxito a que se ha comprometido a "poner fin a la influencia que las redes corruptas".

"El miedo de estos actores corruptos a que tengamos éxito es precisamente lo que ha desencadenado la persecución judicial y esa campaña de intimidación" contra Semilla y sus seguidores en las redes sociales, añadió.

"La intención es clara: quieren retrasar o impedir mi investidura como presidente", estima Arévalo, que sin embargo garantizó al público que no tiene "ninguna duda" de que asumirá el cargo aunque sea "un camino lleno de baches".