HORAS después de los choques entre pandilleras que provocaron un incendio y se saldaron con 46 fallecidas en el Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas) de Támara, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, cesó a Ramón Sabillón como ministro de Seguridad.
La mandataria de este país centroamericano, uno de los de mayor nivel de violencia penitenciaria, que totaliza más de 1.000 muertos en veinte años, se dijo "conmocionada" por el "monstruoso asesinato de mujeres" en el mencionado penal y consideró que fue "planificado por maras, a vista y paciencia de autoridades de seguridad".
La Presidencia nombró a Gustavo Sánchez como responsable de Seguridad. Se desempeñaba como director de la Policía Nacional Preventiva.
"El Gobierno de la República mantiene su compromiso de combatir la criminalidad organizada y desmontar el boicot contra la seguridad interior propiciada desde las cárceles", sostuvo la oficina presidencial en su nota, anticipando nuevas medidas.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, dijo que "46 es el total de cuerpos ingresados a Medicina Forense", por el enfrentamiento entre pandillas rivales en el Cefas de Támara, ubicado 25 km al norte de Tegucigalpa.
De acuerdo con las autoridades, las reclusas de la pandilla Barrio 18 irrumpieron disparando con armas de grueso calibre en el edificio donde se ubican sus rivales de la Mara Salvatrucha (MS-13) y posteriormente le prendieron fuego.
Hay "más de 21 armas de fuego, dos granadas de fragmentación también", dijo a un foro televisivo el director de planeamiento y Operaciones de la Policía Nacional, comisionado Juan Rochez. Añadió que "hay una vez personas totalmente identificadas" mediante pruebas de testigos o técnicas. "Obviamente van a responder por estos hechos".
Cientos de parientes acudieron a las afueras de la Dirección de Medicina Forense al este de la capital mientras los médicos forenses seguían identificando a las víctimas. Unos 23 cuerpos fueron entregados.
"No sé si mi hija murió acribillada o apuñalada", dijo entre lágrimas a medios locales Olga Castro, que perdió a Jenny Patricia Castro, de 44 años. "Dicen que escuchaban que ellas gritaban que les abrieran los portones porque en el módulo 1, en el que estaba ella, le echaron llave por fuera cuando se estaban quemando".
"Nadie se asomó a abrirles los portones, que se haga justicia, no son animales las que mataron a esas muchachas" de la 18, clamó.
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Desde abril, Castro había nombrado como interventora de las cárceles a la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, después de que varios enfrentamientos registrados en cuatro cárceles dejaran un muerto y siete heridos.
La viceministra anunció entonces un plan para controlar las 26 prisiones del país, ocupadas por unos 20.000 internos, que incluye un "desarme real a través de registros manuales y electrónicos permanentes" y "el bloqueo total de la señal telefónica" para evitar que los reos sigan delinquiendo desde las cárceles.
En diciembre pasado, Castro declaró un "estado de excepción" para enfrentar a las violentas pandillas, en una medida que se asemeja a las impuestas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador hace más de un año, aunque con menos acciones y resultados que en territorio salvadoreño.
"Ante una acción siempre hay una reacción, ella (Villanueva) puede hacer lo humanamente posible por tratar de frenar el ingreso de estas armas", pero "más bien como que se ha empeorado la cosa", dijo a la AFP el criminólogo Gonzalo Sánchez.
“Desde hace 30 años el crimen organizado, el narcotráfico, las pandillas MS y la 18 han sembrado el terror. Se ha vuelto esto un monstruo de mil cabezas hoy día, que es difícil combatir”, agregó.
Junto a sus vecinos El Salvador y Guatemala, Honduras conforma el denominado "triángulo de la muerte", plagado de pandillas o maras que controlan el tráfico de drogas y el crimen organizado.
Sánchez lamentó que los "centros penitenciarios se hayan convertido ahora en universidades del crimen" donde se planifiquen masacres, asesinatos secuestros y todo, esto con la complicidad de las autoridades"./Resumen agencias