El pasaporte sanitario será obligatorio en Italia desde el viernes para todos los trabajadores del sector público y privado, una medida que quiere estimular la campaña de vacunación y que choca con las críticas de millones de empleados.

Italia, el primer país europeo afectado por la epidemia de coronavirus en febrero del 2020, pagó un alto precio con más de 130.000 muertes. 

Tras el año negro la campaña de vacunación inició en diciembre y ahora más del 80% de las personas mayores de 12 años están completamente vacunadas (85% si se suman aquellas con la primera dosis). 

La vacuna es obligatoria para el personal sanitario y el llamado "pasaporte covid" es exigido a los profesores. 

Pero para el gobierno liderado por Mario Draghi, esas medidas no son suficientes para garantizar un nivel de inmunidad alto y prevenir nuevos brotes que podrían afectar la actividad económica, como ocurrió en 2020 y principios de 2021.

Para incentivar la vacunación, el gobierno anunció hace un mes, con el apoyo de los partidos de la coalición, la obligación de presentar el pasaporte covid a partir del 15 de octubre para acceder a los lugares de trabajo.

Los empleados que se nieguen a cumplir la medida se arriesgan a que les suspendan el pago del salario y a recibir una multa si acceden al lugar de trabajo sin el valioso documento. 

Tampoco pueden optar por trabajar desde la casa. Por su parte los empleadores que eviten controlar también se enfrentan a multas.

Introducido en agosto para acceder a trenes, museos y restaurantes, entre otros, el pasaporte sanitario incluye un certificado de vacunación o una prueba de recuperación después de haber contraído el covid-19 o una prueba negativa realizada en las últimas 48 horas. 

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- Entre la huelga y la prueba -

La medida provocó violentas protestas el sábado en Roma, donde miles de personas, incluidos activistas de ultraderecha, devastaron la sede del mayor sindicato del país, la CGIL y asaltaron las urgencias de un hospital de la capital. 

Algunos trabajadores han amenazado con huelgas y hasta el bloqueo de los puertos si no se levanta la medida.

"No tenemos más alternativas, la huelga o la prueba, de lo contrario nos suspenden", lamentó el sábado a la AFP Davide, un técnico de Verona (norte), del movimiento antivacunas.

En el grupo se encontraba también Stefano, un empleado de Como (norte), quien confesó que está dispuesto a pagar 15 euros por la prueba que deberá realizar tres veces por semana. 

"Yo personalmente me voy a hacer la prueba. ¡Tengo que pagar para trabajar, es absurdo!", clamó.

Según una estimación del Ministerio de la Función Pública, unas 250.000 personas de los cerca de 3,2 millones de empleados del Estado no están vacunados, lo que equivale al 7,8%.

En el sector privado la cifra llega a 2,2 millones de personas sobre 14,6 millones, el 15%, lo que supone un reto a partir del 15 de octubre para la recuperación económica del país tras el 2020, cuando el PIB de la península se derrumbó del 8,9%. 

Luca Zaia, presidente de la acaudalada región norteña Véneto, advirtió sobre el "caos" que puede causar a las empresas italianas la aplicación de la medida a partir del 15 de octubre. 

"No podemos garantizar a todos los que no se han vacunado de realizar una prueba cada 48 horas. Los contratistas con los que hablo están muy preocupados", advirtió. 

- ¿Vacuna obligatoria? -

La mayor organización de los industriales, Confindustria, apoya firmemente la decisión del gobierno y rechaza el "chantaje" de algunos sectores de trabajadores. 

Para Maurizio Stirpe, vicepresidente de Confindustria, "no hay porque pagar la prueba a quien no quiere vacunarse, la gente debe asumir sus decisiones", dijo.

Forza Italia, el partido de centro-derecha de Silvio Berlusconi, y el Partido Democrático, de centro-izquierda, están en cambio a favor de que la vacuna sea obligatoria, una medida que el gobierno ha rechazado por el momento, sobre todo por la oposición de la ultraderechista Liga de Matteo Salvini, miembro de la coalición nacional, que amenaza ruptura con sus aliados.

La medida por ahora estará en vigor hasta final del año.