Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea mantuvieron el día de ayer un primer intercambio de opiniones sobre el plan de recuperación económica y el presupuesto a largo plazo del bloque en una reunión telemática de la que, sin embargo, no se espera todavía un acuerdo al respecto por las marcadas diferencias entre las capitales.

La sesión fue un “calentamiento”, tal y como lo definen fuentes diplomáticas, de cara a una reunión en julio, que se espera incluso que sea presencial. El propio presidente del Consejo europeo, Charles Michel afirmó que “el principal objetivo es lograr un acuerdo lo antes posible. Todavía hay camino que recorrer hacia el pacto por lo que necesitamos trabajar duro durante los próximos días y semanas”.

La reunión se centró en la propuesta de crear un Marco Financiero Plurianual (MFF), para los próximos siete años, de 1,1 billones de euros y un fondo de recuperación de 750.000 millones.

Las propuestas recibidas por los Estados miembros no rechazan de plano la arquitectura principal del plan de reconstrucción, en el que se plantea que se acudirá a los mercados y captará fondos mediante la emisión de deuda. Este dinero será después transferido a los gobiernos nacionales.

“Lo positivo es que nadie ha rechazado directamente el fondo”, destacan fuentes comunitarias de cara a una cumbre en la que “lo importante será que no se den pasos atrás”.

Países del norte como Países Bajos, Suecia, Austria o Dinamarca (llamados 'los cuatro frugales') y en parte, Finlandia, representan el bloque más crítico con la propuesta. Aunque aceptan que Bruselas emita deuda, piensan que el fondo puede ser menor que los 750.000 millones que propone la Comisión y, sobre todo, defienden que se transfiera a los países a través de préstamos que se deban devolver, y no con subvenciones no reembolsables.

“No entendemos por qué la Comisión llegó a los 750.000 millones”, denuncian fuentes diplomáticas de uno de estos países, que piden un análisis mucho más económico que el elaborado por el Ejecutivo comunitario en su propuesta. Además, apuntan que si Bruselas no ve en peligro la sostenibilidad de la deuda pública de ningún socio del bloque, no habría problema en que las ayudas tuvieran la forma de préstamos.

España ve con buenos ojos el planteamiento de Bruselas, pero también cree que los 750.000 millones que plantea, se encuentran en la banda baja de lo que debería inyectarse en la economía. Madrid comparte con París, Berlín, Roma y otras capitales un frente que reivindica las transferencias directas frente a los préstamos.

Pero las críticas de los 'frugales' no se terminan con el tamaño y la forma de las ayudas, sino que además reclaman que el desembolso de los fondos esté vinculado a una serie de condiciones. Así piden que se utilicen para financiar reformas o inversiones en línea con las prioridades de la UE.

En particular, ponen el acento en las transiciones ecológica y digital, pero también en medidas para reforzar las finanzas públicas a través de recortes de gasto o subidas de impuestos para cerrar los déficit presupuestales que se dispararán durante la crisis.

Los socios del Norte también consideran que la UE debe empezar a devolver su deuda antes de 2028, como propone la Comisión Europea, que dibuja un horizonte temporal de devoluciones que llegaría hasta 2058.

Así las cosas, los jefes de Estado y de Gobierno tendrán que verse al menos una vez más para resolver las cuestiones pendientes tanto sobre el fondo de recuperación como sobre el presupuesto de la UE 2021-2027, en el que quedarán enmarcadas las dotaciones de gran interés para España, como la Política Agraria Común y la Política de Cohesión.

Los fondos, en cualquier caso, no empezarán a ser desembolsados hasta el 1 de enero de 2021 (excepto 11.500 millones que Bruselas quiere adelantar a este año), por lo que la urgencia rodea unas negociaciones que necesitan el visto bueno de todos los Estados miembros y también el respaldo del Parlamento Europeo.