No ha dejado de ser ciertamente una sorpresa.  Hasta hace poco, Chile era un caso emblemático en medio de las condiciones de convulsión y crisis que agobia de manera más bien constante a muchos países latinoamericanos.  El Presidente Sebastián Piñera (1949 - ) se refería hasta hace muy poco al caso chileno como el “oasis” en la región.

Abundan los datos generales, macrosociales y macroeconómicos al respecto.  Allí está el crecimiento económico, allí está el hecho de que fue el primer país en la región que bajó más allá del 50 por ciento de la población que mantenía en pobreza para 1990, allí está la estabilidad y los niveles de inversión en la economía real, además de las políticas de atención social y económica, de carácter anti-cíclico; quizá las únicas medidas en la región, de este tipo.

Pero entonces ¿qué ha ocurrido?  Los problemas sociales, económicos, de participación y de expresión política -especialmente en crisis- como es la condición actual de chile a fines de octubre, no obedecen a un solo factor.  Ni mucho menos.  Son dinámicas más complejas. 

“Lo del pasaje en metro, al final ha sido el elemento desencadenante de todo esto, hay muchas causas acumuladas” así se expresaba un joven participante en las manifestaciones de calle que ofrecen un cuadro dramático en Santiago de Chile y otras ciudades principales en el país.

Una de las razones de todo esto -aunque no la única- a pesar de la superación de la pobreza relativa, como ya se indicaba, consiste en los niveles de desigualdad social.  Se trata de la inequidad que se ha enraizado fuertemente en Chile. A partir de estas condiciones, es que la sociedad civil desafía al gobierno y reclama la condición de legitimidad concreta, de contenido, en las políticas del régimen.  Esa articulación de inequidad y legitimidad es clave para comprender lo que pasa en el “oasis” de los países latinoamericanos.

Inicialmente podemos ver dos datos al respecto.  El primero de ellos se evidencia en el documento Panorama Social de América Latina y el Caribe, dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Un dato central en esto es que el 1 por ciento más rico de la sociedad chilena se quedó con el 26 por ciento de la riqueza, en 2017.  En el otro extremo, el 50 por ciento de la población, accedió a tan sólo el 2.1 por ciento de la riqueza del país.

Un segundo dato. El salario mínimo en Chile es de 423 dólares, pero se reconoce por el Instituto de Estadística del país, que la mitad de los trabajadores chilenos recibe un salario cercano o inferior a 562 dólares mensuales.  Es decir, salarios que en el mejor de los casos superan en 33 por ciento los salarios mínimos.

Se trata de cifras que son alarmantemente dispares, de hecho Chile estaría siendo el país No. 15 en cuanto a mayor inequidad en el mundo.  Estas condiciones generan la percepción generalizada en la sociedad, que las clases menos favorecidas no sólo tienen una situación marginal, sino que no ha existido una respuesta para ellos, por parte de los gobiernos.  Todo ello, a pesar de la notable reducción que se ha tenido en la pobreza.

Es de subrayar que, en todo caso, la inequidad no es un buen indicador para medir las condiciones de pobreza de un país.  De hecho, una nación puede tener grandes niveles de equidad, no tener mayores disparidades, pero también saber que todos emparejamos por precarios niveles de ingreso y bajos estándares de calidad de vida.

Otro aspecto adicional que se tiene en la situación chilena, es que aquellos que salen de la pobreza, “continúan siendo muy vulnerables y se percibe que los ricos tienen todos los recursos necesarios y las herramientas para saltarse las reglas”, puntualiza el investigador Cristóbal Bellolio en entrevista con la BBC de Londres. Agregando que “en Chile hubo un gran crecimiento de la clase media, pero es una clase media precarizada, que tiene bajas pensiones, altos niveles de deuda, que vive mucho del crédito y que tiene salarios muy bajos”.

Esto estaría demostrando cómo el problema de la inequidad y la legitimidad en la gobernanza no sólo está presente, sino que lo hace de manera estructural en la sociedad.  De manera que, de nuevo, las cifras macro, las cifras agregadas del país pueden resultar muy atractivas, y de hecho lo son, pero esos beneficios no se perciben en los grupos medios ni en los estratos más vulnerables.

Véase además cómo la protesta es ahora notoria y violenta, pero no fue así desde que se originó con el elemento detonante del alza al pasaje en metro.  La sensación, la percepción es que en lo gradual en el desarrollo de las manifestaciones, hubo tiempo para actuar, llamar a diálogo o establecer mecanismos de distensión.

En lugar de ello se calificó a los manifestantes de delincuentes, de manera generalizada y se aplicó la Ley de Seguridad del Estado. Es evidente que llegados a este punto, se presentan los fantasmas de la dictadura sangrienta de Pinochet, con toda la cauda de muertos, arbitrariedades y represión de que hizo gala.

Es cierto, el Presidente Piñera ha llegado a pedir perdón por lo que llamó su “falta de visión” de la situación real.  Sin embargo en el fondo de la cuestión, siguen prevaleciendo dos ejes de la respuesta del gobierno: represión y dictamen de la tecnocracia.  El guion está bastante generalizado en muchos países latinoamericanos: los “expertos” definen procesos, mecanismos, tarifas, los impuestos; las fuerzas de choque hacen cumplir esos postulados.

Las cifras y los datos macro, agregados de un país pueden resultar atractivos.  Pero el sistema no se mantiene inalterable, por prolongado que sea, si esos beneficios no se sienten en los ciudadanos de a pie.

 *Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Facultad de Administración de la Universidad del Rosario. El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna.