El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, sugirió la posibilidad de realizar una consulta pública para pactar una futura reforma constitucional, en pleno debate por los cambios que debe acometer el país para superar la crisis abierta tras las polémicas elecciones del 9 de agosto.

Lukashenko, que se reunió con el presidente del Tribunal Supremo, Valentin Sukalo, descartó que se pueda volver a la Constitución de 1994 ya que, aunque pueda suponer un "cambio" del actual marco legal, "no es un movimiento hacia delante". "Me gustaría ver cambios que hagan avanzar nuestra sociedad", afirmó.

El mandatario aseguró que un grupo de expertos ya trabaja en las enmiendas constitucionales, con el objetivo de elaborar un texto que después "será expuesto ante la población para que lo discuta, exprese su opinión", dando pie a una posible votación que por ahora está en el aire para tratar de zanjar la grave crisis abierta.

Lukashenko aspira a que "todos, especialmente los que piden los cambios", entiendan que "todos los votantes", independientemente de su procedencia, edad o profesión, "tiene un voto en el referéndum de la Constitución". No obstante, dejó claro que no podrán pronunciarse formalmente los menores de edad, pese a la presencia de adolescentes en las manifestaciones.

El presidente bielorruso cargó contra quienes llevan más de tres semanas manifestándose para denunciar el supuesto fraude electoral y reclamar un cambio de gobierno. Minsk ve la mano de otros países en estas protestas, alentadas por una oposición a la que Lukashenko acusó de intentar tomar el poder a toda costa.

La crisis ha estrechado los lazos con Moscú, con mensajes comunes y contactos frecuentes entre el presidente bielorruso y su homólogo ruso, Vladimir Putin. Un portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, anunció que está previsto que Lukashenko viaje a Rusia en algún momento de las próximas dos semanas.

Por otra parte los gobiernos de Estonia, Lituania y Letonia han pactado la declaración de 30 dirigentes bielorrusos como personas 'non gratas', entre ellos el presidente Lukashenko, al que consideran el principal responsable de la crisis.

Las personas de la lista no podrán entrar en los países bálticos de forma indefinida, de acuerdo a lo pactado entre los tres gobiernos. Además del presidente, entre los líderes señalados figuran responsables de distintas instituciones como la Comisión Electoral, los ministerios del Interior y de Justicia, la Fiscalía y el Comité de Investigaciones.

Todos estos líderes son considerados responsables de "organizar y apoyar la falsificación de las elecciones... así como de apoyar la represión violenta de las manifestaciones pacíficas", según una nota difundida por el Ministerio de Exteriores letón.

Los países bálticos han instado a la Unión Europea a seguir por esta misma línea, una tesis que ya plasmaron la semana pasada en la reunión de ministros de Exteriores. En dicho foro, los Estados miembro pactaron sancionar al menos a una veintena de dirigentes bielorrusos, aunque sin aclarar si los castigos afectarán al mandatario.

Finalmente los opositores bielorrusos Viktor Babariko y Maria Kolesnikova anunciaron la creación de un nuevo partido político denominado “Juntos”. La oposición bielorrusa exige una repetición de los comicios, opción que Lukashenko ha descartado de forma contundente. Además, la oposición denuncia fraude y buena parte de la comunidad internacional no reconoce el resultado.