El gobierno venezolano -enfrentado a graves problemas de liquidez- inyectará a la economía  1.000 millones de dólares obtenidos de la venta de su criptomoneda, el petro, anunció este jueves el presidente Nicolás Maduro.

Según el mandatario, esos recursos se destinarán a elevar las reservas internacionales -de apenas 9.740 millones de dólares- y a subastas de divisas para frenar la disparada del "dólar negro".

Maduro detalló que por la venta del petro -lanzado en febrero- "han ingresado 3.338 millones de dólares", de los cuales 1.738 millones serán para importar "alimentos, medicinas e insumos industriales".

De los 1.600 millones restantes "he decidido entregarle al Banco Central (...) de inmediato, mañana a primera hora, 1.000 millones de dólares para jugar en las subastas y seguir trabajando en derrotar al diablo", añadió, refiriéndose al dolar paralelo.

En el mercado negro, la divisa estadounidense se negocia hasta 12 veces por encima de la cotización resultante de unas subastas reactivadas en febrero pasado, tras permanecer congeladas durante cinco meses.

El anuncio de Maduro introduce un cambio a las pujas, pues según el gobierno las de este año se vienen realizando con recursos del sector privado.

En Venezuela rige desde 2003 un estricto control de cambios mediante el cual el Estado monopoliza las divisas, mermadas a medida que se derrumba la renta petrolera. El crudo aporta 96% de los ingresos del país.

Debido a ello, el gobierno redujo drásticamente las importaciones -agudizándose la escasez de todo tipo de bienes básicos- y congeló la venta del dólares al sector privado, lo que según analistas estimula la demanda en el mercado negro.

La disparada del dólar paralelo alienta la inflación -que según el FMI superará 13.800% este año-, pues muchos productos e insumos están siendo importados a las cotizaciones informales.

Venezuela vive una de sus peores crisis económicas, con cuatro años consecutivos en recesión y un déficit fiscal cercano a 20%, según consultoras privadas. El FMI proyecta una nueva caída del PIB de 15% en 2018.

Declarado en default parcial en 2017, el país debe afrontar en el segundo semestre de este año compromisos de deuda por unos 8.000 millones de dólares, sobre un pasivo estimado en 150.000 millones.