Como parte de las diferentes estrategias a fin de superar los graves daños económicos que ha conllevado la actual pandemia, Europa está desarrollando importantes esfuerzos por reforzar mecanismos que permiten hacer llegar sus exportaciones directamente a China. Se está dando mayor presencia, pertinencia y agilidad a un “modernizado” sendero de la seda, con destino al creciente mercado chino e indio.

Esto no deja de ser una lección para los países latinoamericanos en dos sentidos.  Por una parte, el impulso al comercio como medio para coadyuvar eficazmente a los esfuerzos del desarrollo sostenible y sustentable, y por otro lado en función de renovar un medio de transporte que se ha desechado en muchos países: los ferrocarriles.

En general, se trata de programas de ampliación, renovación y mantenimiento de la infraestructura física. Muchas de las causas para esto último, gravitaron en torno a intereses de grupos de presión que se beneficiaron con la eliminación de transportes terrestres, incluyendo trenes, que pueden ser una alternativa de energía limpia para el transporte. Con este medio se potencian escenarios actualizados de desarrollo social en diferentes y apartadas regiones.

En términos de comercio, en especial a partir de la primera década de este siglo, la región latinoamericana se ha visto inmersa en una notable actividad por la negociación y firma de tratados de libre comercio. Esto ha sido evidente en el caso del área comercial de Mesoamérica con Estados Unidos, (Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Panamá, Chile y Perú) también se tiene en la conformación del tratado de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y por las negociaciones de apertura comercial que cada uno de los países ha llevado a cabo, incluyendo las que corresponden al grupo de Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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Se destaca en esto último el caso de negociaciones comerciales, Chile quien ha buscado de esta manera insertarse en las vías comerciales, principalmente de la región Asia-Pacífico. Las aperturas han pronosticado ampliación del empleo por la vía de las exportaciones, promover condiciones de competitividad y de manera constante, mejorar la inserción de los países en el actual proceso de globalización.

No obstante que varios sectores de las sociedades latinoamericanas se han visto beneficiados de la apertura, representantes de empresas multinacionales en la región y de sectores financieros, existe una gran mayoría de sectores vulnerables que no se han podido incorporar a esa dinámica. 

En muchos casos se trata de pequeñas y medianas empresas que -al no depender de la solidez de sus activos fijos, lo hacen en función de la velocidad de rotación de sus inventarios- han sido desplazadas o bien desbordadas por la incomparable capacidad productiva de las grandes empresas extranjeras o notables conglomerados.

Un dato importante se puede tener, por ejemplo, con la mayor vulnerabilidad de importación de productos básicos -caso de cereales o leguminosas- que conforman la dieta básica de amplios sectores sociales. Al respecto es de observar cómo los tratados de “libre comercio” quedan notablemente erosionados o socavados en sus contenidos, al reconocerse que las naciones más desarrolladas aún establecen cuotas de importación, se reservan cláusulas de barreras no arancelarias y ejecutan subsidios.

Esos subsidios son importantes en áreas productivas en las cuales Latinoamérica es competitiva.  Ese es el caso concreto de la agricultura. Lo notamos especialmente ahora que estamos con la vivencia de inestabilidad del clima producto del calentamiento global. Ahora que se impone en determinadas latitudes, dedicación de tierras y cultivos a biocombustibles y al alza de las especulaciones en los mercados alimenticios a futuro.

Se reconoce que, en materia de la Política Agrícola Común de la Unión Europea, los países del Viejo Continente no están dispuestos a ceder prácticamente ningún margen de subsidio a sus productores agropecuarios. Y si lo hacen, las medidas tienden a dar un trato preferencial a las excolonias europeas, tal y como sucedió con la larga disputa del mercado de banano que dio inicio en 1992, casi inmediatamente de la firma del Tratado de Maastricht (7 de febrero del citado año).  Por su parte, la intervención del gobierno de Estados Unidos en cuanto a la agricultura se concretaría en que ese país está subsidiando su agricultura en cerca de 931,000 millones de dólares.

La efectividad de los tratados de apertura comercial transita por fortalecer la competitividad interna de los países. En este sentido es indudable la presencia de seis dimensiones: (i) estabilidad política; (ii) estabilidad macroeconómica; (iii) actualizada y pertinente capacitación de recursos humanos; (iv) infraestructura física, lo que incluye carreteras, vías generales de acceso y puertos; (v) instituciones funcionales y estado derecho; (vi) cultura de servicio y trabajo.

Es imprescindible, en todo esto, no sólo el aprovechamiento de los mercados externos sino también la capacidad de demanda que se debe ampliar en los propios países. De allí que sea un mal negocio para cualquier nación tener pobres e indigentes en sus propias sociedades. También -y esto nunca será poco subrayarlo- es indispensable que la región se encamine en un esfuerzo serio y sostenido en cuanto a transformar la naturaleza de sus exportaciones. Pasar de los tradicionales productos basados en materias primas a bienes con crecientes valores agregados. 

Esto permitirá no sólo la competitividad, sino también generar empleos con altos ingresos, con lo cual se propicia una ampliación importante de la demanda en los mercados domésticos. De esa manera el desarrollo humano, económico y social dejaría de ser el permanente punto central en las agendas pendientes de la región.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia

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