Miles de jóvenes inmigrantes que residen en Estados Unidos celebraron un nuevo fallo judicial que asesta el mayor golpe a los intentos del gobierno Trump de deportarlos, al exigir la aceptación de nuevas aplicaciones.

El juez John Bates, de Washington DC, calificó de "ilegal" la decisión de poner fin al DACA, el programa que protege de la deportación a casi 700.000 jóvenes llegados cuando niños a Estados Unidos con sus padres, conocidos como "Dreamers" (soñadores) y en su inmensa mayoría latinos.

Bates asegura que la decisión de la administración Trump fue "arbitraria" y "caprichosa", y ordena al gobierno continuar con el DACA y, por primera vez, reabrirlo a nuevos aplicantes.

Bates es el tercer juez que falla contra la decisión de Trump de poner fin a este programa implementado por su antecesor Barack Obama en 2012, que sacó de las sombras a cientos de miles de jóvenes indocumentados. Otros dos fallos similares fueron adoptados por jueces federales de California y Nueva York.

"Es una gran victoria para nosotros ver que el tercer juez federal ha dicho que la terminación del DACA ha sido ilegal", afirmó Eliana Fernández, una ecuatoriana de 30 años de Nueva York.  Si no fuese por los fallos de San Francisco y Nueva York, un promedio de 122 jóvenes con DACA quedarían cada día sin papeles, amenazados de deportación, según ONGs de defensa de los inmigrantes.

Gracias al DACA, los jóvenes inmigrantes sin papeles obtuvieron un permiso temporario de residencia en Estados Unidos y la chance de aplicar a universidades y préstamos, un número de seguridad social para trabajar y la posibilidad de tramitar una licencia de conducir.

La decisión del juez Bates otorga al gobierno un plazo de 90 días para explicar mejor por qué estima que el DACA es ilegal, y si no lo hace, anulará el memo que puso fin al programa el 5 de septiembre de 2017 y ordenará aceptar a miles de nuevos aplicantes elegibles para el DACA.

Su fallo responde así a la demanda presentada por un estudiante, la Universidad de Princeton, Microsoft y la NAACP, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color.

El gobierno de Trump apela los fallos de California y Nueva York ante tribunales superiores, luego de que la Corte Suprema rechazara su pedido de pronunciarse sobre el asunto directamente, sin que éste pasara por cortes de apelaciones.

Decreto antiinmigración

Entre tanto, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó ayer a examinar el decreto antiinmigración del presidente Donald Trump, la fase final de una dura batalla judicial que dura ya 15 meses sobre una medida extremadamente controvertida. 

Es la primera vez que los nueve jueces, cuatro progresistas y cinco conservadores, dedican una de sus solemnes audiencias a una decisión política del multimillonario. 

Este caso será el último juzgado por el tribunal superior en la sesión anual que termina a finales de junio, y es, probablemente, el caso más importante del año. 

El texto en cuestión es la tercera versión de un decreto que provocó una onda expansiva global cuando la Casa Blanca lo aplicó el 27 de enero de 2017, una semana después de que Trump asumiera el cargo de presidente. 

La última versión prohíbe la entrada a territorio estadounidense a los ciudadanos de seis países, la mayoría musulmanes. 

Noel Francisco, abogado del gobierno, niega la idea de que esta medida es un "decreto anti-musulmán".