El organismo celebró una audiencia pública de seguimiento sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes en la ciudad mexicana en septiembre de 2014.

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Familiares y representantes de organizaciones de derechos humanos le hicieron un llamado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que sesione y presente su informe en México sobre el caso Ayotzinapa.

La CIDH celebró este martes una audiencia pública de seguimiento sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala en septiembre de 2014, en el marco de su 168 periodo de sesiones, que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana.

Durante su intervención, los representantes del Estado mexicano afirmaron que “nunca se ha detenido el esfuerzo” de la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos. Sin embargo, familiares y organizaciones civiles reiteraron que el Gobierno quiere cerrar la investigación con trampas.

"El gobierno quiere cerrar cada línea haciendo como que investigan”, dijo Emiliano Navarrete, padre de una de las víctimas, al tiempo que invitó a los comisionados de la CIDH para que presenten su informe en México.

"Aquí estamos. Otro país, otro periodo de sesiones, 43 meses después de que nuestros muchachos fueran desaparecidos. Otro 10 de mayo sin nuestros hijos", lamentó Joaquina García, una de las madres presentes en la audiencia.

La mujer también exhortó a la Comisión a que celebre las audiencias sobre este caso en su país: "ya no queremos que las audiencias sean fuera de nuestro país. Queremos que vayan a México, que ahí nos den solución".

En la sesión, el comisionado Luis Ernesto Vargas hizo referencia a un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) de marzo, que fue objetado por el Gobierno mexicano, en el que se evidenciaban presuntos casos de tortura a 34 personas detenidas por este crimen.

Al respecto manifestó su preocupación por el hecho de “que se descalifique a la ONU en razón de su informe sobre tortura en la investigación de Ayotzinapa”.

Los representantes del Estado mexicano respondieron y señalaron que no están “desacreditando a OACNUDH, sino solo planteando nuestros cuestionamientos sobre algunos aspectos de su informe”.

Por otra parte, el fiscal responsable del caso, Alfredo Higuera, recordó que el Gobierno tiene bajo su poder las conversaciones interceptadas en 11 teléfonos entre integrantes del cartel Guerreros Unidos, que fue entregada por la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), en noviembre pasado.

"Estamos adelantando el estudio de lo contenido en estas comunicaciones donde hay piezas claves que podrían significar un avance significativo en la investigación. Adicionalmente se han incluido los aspectos específicos que la representación de las víctimas ha solicitado", afirmó.

Ante esto, el comisionado Edison Lanza consultó sobre investigaciones de “denuncias de escuchas telefónicas a representantes de familiares de los 43 estudiantes” así como de filtración de información privilegiada, hecho que calificó como “grave”.