UNA nueva jornada de manifestaciones tras un estallido social que suma 18 muertos y que no cede, vivió ayer Chile, donde sin embargo muchos intentan retornar a la normalidad y el presidente Sebastián Piñera multiplica sus anuncios de mejoras sociales para poner fin a la crisis.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización ayer, que tuvo una menor participación que la anterior, ya que muchas personas acudieron a su trabajos en el centro de Santiago y el comercio reabrió us puertas.

"Lo que ha hecho hasta ahora el presidente Piñera es polarizar y tensionar el país. Tenemos hoy en las calles a jóvenes con un fusil en las manos contra sus propios compatriotas", dijo Bárbara Figueroa, presidente de la CUT, el sindicato más poderoso de Chile.

Durante la noche del miércoles, en el quinto día de toque de queda, los disturbios se calmaron en el centro de Santiago aunque en la periferia la situación seguía tensa, con saqueos e incendios que no se detienen en un país en estado de emergencia y con miles de militares en las calles.

Las manifestaciones, que estallaron el viernes pasado tras el aumento en casi 4 centavos de dólar en la tarifa del metro, dejan hasta ahora 18 muertos, cinco de ellos por acción de agentes del estado, en medio de crecientes denuncias de abuso policial y militar.

Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) contabiliza, además, 535 personas heridas -239 de ellas por armas de fuego- y 2.410 detenidos.

Con militares custodiando las estaciones de las tres líneas del metro metropolitano que funcionan parcialmente, muchos de los siete millones de habitantes de Santiago intentaban volver la normalidad siete días después del inicio de la crisis.

Restos de semáforos y de las barricadas que se encienden al caer la noche en la ciudad recuerdan a los santiaguinos que los días de estabilidad social quedaron por ahora en el olvido.

A las tres líneas de metro, se suman unos 6.000 autobuses que en la superficie intentan compensar la paralización de las otras cuatro líneas del subterráneo.

En días anteriores ha habido intentos similares de retomar la rutina, aunque la tranquilidad se ha esfumado al caer la noche, pese a que unos 20.000 militares y policías patrullan las calles apoyados por helicópteros.

En la noche del miércoles cuatro hoteles fueron saqueados y vecinos vestidos con chalecos amarillos realizaron rondas de vigilancia en comunas periféricas para evitar robos.

En la región de Valparaíso (centro) se produjeron ataques a casetas de peajes en la ruta que la une con Santiago, mientras que manifestantes bloqueaban importantes autopistas en la región de la Araucanía.

El ministerio de Defensa de Chile confirmó que llamó a reservistas para hacer frente a la crisis social, pero descartó que sean utilizados para patrullar las calles.

Entre tanto el presidente Sebastián Piñera informó de un plan para terminar con los toques de queda que se han aplicado por cinco días consecutivos en varias regiones del país desde que estalló una crisis social la semana pasada. 

"Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país (...) para poder terminar el toque de queda y ojalá poder también levantar los estados de emergencia", dijo el mandatario en un mensaje a la prensa.

Este plan se empezó a aplicar desde el miércoles en Santiago, donde el toque de queda se redujo a seis horas, de las 22H00 a las 04H00 locales, a diferencia de la noche anterior cuando fue de 10 horas.

Piñera anunció también ayer que envió al Congreso un proyecto de ley para estabilizar el precio de la energía que permitirá anular una reciente alza a los precios de la luz del 9,2%, parte del paquete inicial de medidas con la que intenta hacer frente al estallido social.

El anuncio de una batería de medidas del presidente Piñera el martes parece no haber surtido el efecto deseado. El gobierno prometió una mejora de las pensiones de los más pobres, la suspensión de un aumento del 9,2% de las cuentas de la electricidad, un aumento del salario mínimo, más impuestos para quienes tienen mayores ingresos y una disminución de las dietas parlamentarias y los altos sueldos públicos