Se trata ahora de dos temas que son sobresalientes a fines del mes que acaba de concluir: (i) la continuidad del cuestionamiento y la legitimidad de las elecciones del 28 de julio pasado; y (ii) la ampliación de las penas directamente dirigidas a la oposición. En esto último, si alguien ha cooperado con las sanciones internacionales contra el gobierno de Maduro, prácticamente queda inhabilitado para ejercer funciones públicas de por vida. Se menciona que “durante 60 años”.

No es posible dudarlo ahora. Se trata de un círculo que parece irse cerrando inexorablemente en torno al gobierno madurista. Como en la generalidad de los gobiernos represivos -con la necesidad recurrente de ser violentos- el régimen desde Caracas requiere de enemigos internos o externos, requiere constantemente de “culpables” sobre los cuales descargar los resultados que agobian al país.

Esta caracterización no es nueva. Lo que es más reciente es el aislamiento que tiene Maduro especialmente luego de las elecciones del 28 de julio. Se trata de una situación que aparece totalmente empantanada y -por otro lado- el fantasma de la inutilidad de reconocimientos para Edmundo González se nutre de la perspectiva que hace ya cinco años se tuvo también con Juan Guaidó.  El régimen de Caracas aprovecha en todo caso las treguas, y luego las transforma en negociaciones.

El resultado, al menos durante 15 años, ha tendido a dejar desmarcado a Maduro y sus adláteres de Caracas. El heredero del chavismo ha dado muestras de requerir enemigos externos con base en los cuales se pretenden lograr dos propósitos fundamentales de cohesión -mínima, aunque sea- de seguidores.

Por una parte, descargar las responsabilidades de los añejos problemas internos de Venezuela: escasez de productos, inflación galopante que se come el poder adquisitivo, y alto desempleo. 

Los culpables serían el motivo de un llamado a la unidad nacional.  Un ataque contra el gobierno se presenta como complicidad con los enemigos externos.

Ahora es España, la Unión Europea; las opciones están a la carta. Se trata de algo típico de quienes no aceptan errores; no es que las sanciones no afectan. Lo hacen en grado significativo, pero en lugar de abordar los problemas tratan de deslegitimar a los otros. En la Grecia antigua, dice la leyenda, se mataba a los mensajeros de malas nuevas.

Por otro lado, el gobierno trata de asegurarse la “lealtad” de la población. En efecto, ante las condiciones de vida, mucha de la población vive galopando en dos carriles: con la actitud forzada o no, de resignación, y en otro sentido, dependiendo de las dádivas del gobierno.  Con ellas se “asegurarían” la dependencia de grandes conglomerados.

Específicamente en cuanto al problema de legitimidad de las elecciones pasadas del 28 de julio -que continúa siendo el nudo legal más importante en la actual coyuntura- los cuestionamientos se basan en varios factores.

Primero, las irregularidades que se han denunciado y son de conocimiento público. Tanto el gobierno como la oposición han reiterado falencias en los sistemas de cómputo, en procesos de tabulación y en general en los resultados dados a conocer. A lo que se agrega -insiste la oposición y algunos países- en el desconocimiento de las actas de votación correspondientes.

Segundo, hubo falta de observación internacional. La ausencia de misiones de observación electoral provenientes de otros países, que contaran con confiabilidad, serían elementos que, de haber ocurrido, darían respaldo a los comicios.

Tercero, la presencia abierta de presiones y coacciones. Se han reportado casos de coacción y manipulación del voto, lo que ha socavado la libertad y la transparencia electoral. Este es un punto en el cual, especialmente, la oposición a Maduro insiste.  Muchas veces como fenómenos que no son exactamente demostrables, pero que no dejan de ser elementos que habrían sido decisivos en los resultados. 

En el fondo, el problema que es más preocupante es la erosión de credibilidad en las instituciones. Se hace evidente el deterioro de entidades garantes como el Poder Judicial y el Consejo Nacional Electoral. Esta falta de confianza es de carácter estructural y se relaciona con la permanencia indefinida del bloque oficialista en el poder.

Otro punto, en relación con los problemas institucionales: la concentración del poder por parte del bloque oficialista. Esto va contra la alternabilidad en el poder y favorece abiertamente la cooptación de instituciones. Todo termina siendo legal.

Es indudable, Venezuela transita un complicado laberinto trágico que le ha hecho perder, en los pasados 14 años, cerca del 82% del total de producción. Esta crisis no está demostrando tener salida con las pasadas elecciones. 

Mientras tanto, la división de la comunidad internacional, y la dotación de petróleo por parte de la desgastada economía venezolana, sigue jugando un papel decisivo en los rumbos que pueden tomar las potenciales soluciones a la realidad de ese país, con todas las repercusiones regionales que la misma conlleva.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Universidad Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario

(El contenido y opiniones de este escrito son de exclusive responsabilidad del autor y por tanto no comprometen a entidad o institución alguna)