Los resultados han sido por demás contundentes. Con cerca de un 85% de participación de los votantes electoralmente activos, el rechazo a la propuesta de la nueva constitución se impuso por margen de 62% a 39% por sobre quienes favorecían la adopción del nuevo texto.

Este triunfo de las fuerzas más conservadoras y del centro político de los votantes en Chile supone un traspiés a las fuerzas más a la izquierda no sólo en el país austral, sino también como parte del desempeño político electoral en Latinoamérica.  Se hace evidente que luego del triunfo del joven Presidente Gabriel Boric (1986 -), las fuerzas que le respaldaban creían tener la fuerza necesaria para hacer aprobar el nuevo texto constitucional.

Sin embargo, los resultados no se encaminan por esas vías. Con cierta anticipación se anunció que el texto de la nueva Constitución no sería favorecido en las votaciones, pero lo que ha causado sorpresa en el país fue que los datos se mostraran tan abultados.

La evidencia sugiere que la población mayoritariamente se ha inclinado por mantener muchas de las condiciones de manera conservadora. En este punto podría señalarse que el temor a “saltos en el vacío” fuese mayoritario, superior a las esperanzas que se planteaban por superar contenidos que las fuerzas más de izquierda consideraban representativas de la Constitución actual -identificadas reiteradamente como herencia del período de la dictadura de Pinochet.

En esto han tenido influencia contenidos de la nueva propuesta de Constitución en los cuales se podrían percibir un auténtico rosario de promesas en cuanto a derechos sociales y económicos.  Esto es algo que, de no tener contraparte en la producción y competitividad de un país, se identifican con perspectivas populistas.

En las mismas, uno de los aspectos más cuestionados es la sostenibilidad de un modelo de “derechos excesivos”.  Precisamente el factor que dio al traste con las medidas de asistencia social gratuita que caracterizaron al régimen chavista en Venezuela.  Este ha sido uno de los puntos que ha actuado como alertivo para presentar temores; incluso Trump en Estados Unidos hizo alarde de estos señalamientos -sin éxito- para contrarrestar a los votantes demócratas y a los indecisos.

En muchos países latinoamericanos, al momento de las elecciones, se agita ese fantasma del chavismo como señalamiento de lo que -fundada o infundadamente- pueden hacer las fuerzas de izquierda una vez instaladas en el poder. Los señalamientos en este punto en particular operarían en dos sentidos fundamentales.

En primer lugar, se trata de reiterar cómo el régimen de Chávez, una vez en el poder, anuló las libertades civiles, restringió el estado de derecho, llegó a cooptar los poderes públicos estableciendo de facto rasgos dictatoriales. Mientras tanto, se mantenían los procesos electorales en lo que sería un juego de elecciones entre las “cabezas del mismo monstruo”. Ejemplos de esta condición, incluyendo matices propios, se tienen actualmente en la Nicaragua de Daniel Ortega.

En segundo lugar, ese derroche no sustentado de ejercicio de derechos puede llevar a generar mecanismos insostenibles. Se pudo llevar a cabo el modelo de dádivas en Venezuela mientras operaban los precios más altos del petróleo y la capacidad productiva y de exportación de la potencia petrolera latinoamericana se manifestaba con un alto ingreso de divisas.

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Pero hoy en día es otra la situación y no hay fondos para mantener derechos a la población; derechos más bien arraigados en promesas que para ser perdurables deben basarse en productividad, competitividad e innovación de procesos productivos.

Es muy difícil determinar, con aceptable precisión, hasta qué punto esos factores influyeron en el electorado chileno, pero los resultados dejan poca duda con relación a por dónde se inclinaron las preferencias; de nuevo, sólo habría tenido lugar un 15% de abstención.  

Utilizando un tono evidentemente conciliador, el Presidente Boric ha reaccionado basando sus nuevas propuestas en la búsqueda de actualizados consensos. No obstante, ante un primer llamado al diálogo, las fuerzas más a la derecha han declarado su escepticismo en vías a generar nuevos planteamientos que ahora deben formularse.

El Ejecutivo chileno fundamenta su nueva perspectiva sobre la base que la nueva propuesta de Constitución se sostuvo en el hecho de que al menos 75% de la población deseaba una nueva ley de marco general en el país. Ese fundamento sigue siendo válido y les daría legitimidad a nuevos contenidos. Eso fue también abordado por los opositores que resultaron victoriosos en el pasado referéndum, al insistir en que “Nueva Constitución sí, pero no así”.

Chile cambió drásticamente su historia en particular el 5 de octubre de 1988 cuando resultó triunfante el No en el plebiscito que había promovido Pinochet. A partir de eso se sucedieron los gobiernos de la Concertación Nacional.  Junto a Uruguay, Costa Rica y hasta cierto punto Trinidad y Tobago, Chile es de los países más funcionales de Latinoamérica. Sobre esa base social y de desempeño económico, es de esperar que nuevos derroteros y procesos políticos encaminen consensos innovadores en el país. En todo caso, el requerimiento persiste: un desarrollo tan incluyente, como equitativo y sostenible.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor, Universidad del Rosario.

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