Seis presidentes en la duración de poco más de un mandato presidencial: bienvenidos a Perú, un país impredecible marcado por hondas desigualdades sociales, denuncias de corrupción contra gobernantes y un Congreso totalmente desacreditado.

En tres horas, Perú vivió el miércoles un autogolpe de Estado fallido, el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo, que intentó asilarse en la embajada de México, pero quedó atrapado en el tráfico limeño y fue detenido por la policía; y la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la jefatura de Estado con el anhelo de cumplir el mandato hasta julio del 2026.

Sin embargo, como se han desarrollado los hechos en estos primeros tres días de tomar el mando de la Casa Pizarro, desde las crecientes protestas exigiendo el cierre del Congreso cuya imagen negativa es del 86%, hasta su tan anticipada como reiterada voluntad de convocar a elecciones generales anticipadas en caso de no lograr la tregua que propuso al Parlamento, hacen prever que la primera mujer en dirigir Perú estará en el cargo por un breve tiempo.

Boluarte es el séptimo presidente de la nación andina en tan solo seis años y medio. Tiene voluntad de dialogar, entenderse con el Congreso y como ella misma expresó “reencauzar” el país. Pero sin bancada fuerte, una mayoría derechista parlamentaria, una negociación compleja con la oposición y sin herramientas para gobernar, ese será un deseo frustrado.

Pero ¿por qué la perenne inestabilidad política y la dificultad de los mandatarios elegidos para gobernar, al punto que la mayoría han sido forzados a dar un paso al costado antes de concluir su período?

Estos son cinco factores claves que explican esa anómala situación, donde la democracia cumple con las elecciones libres, los cronogramas establecidos y todas las garantías para los que participan.

Le puede interesar: Perspectiva. Carrera espacial, la otra ‘guerra’ en suelo europeo

1. Corrupción. Importante factor de inestabilidad son "los escándalos de corrupción que han afectado a las distintas administraciones, que envuelven a toda la clase política", sostiene María Luisa Puig, directora de América Latina del centro de análisis de riesgo Eurasia Group.

Cinco recientes expresidentes peruanos son blanco de procesos judiciales por corrupción: Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora el recién destituido Pedro Castillo. Un sexto, Alan García, se suicidó en 2019 antes de ser detenido por la policía bajo sospechas de corrupción y tras pasar meses asilado en Colombia.

La fiscalía acusa a Castillo de dirigir una presunta "organización criminal" que repartía contratos públicos a cambio de dinero, y cree que su esposa Lilia Paredes y su cuñada Yenifer Paredes son parte de la trama. Ahora, tras su fallido intento de disolver el Congreso, enfrenta los delitos de rebelión y conspiración. Sin embargo, su equipo legal basa la defensa del exmaestro rural, detenido preventivamente durante 7 días, en que no puede tipificarse ninguno de esos cargos porque no hubo ningún ‘golpe de Estado’, es decir no se cumplió ninguna de sus decisiones (cerrar el Congreso, gobernar por decreto, reestructurar el sistema judicial e imponer el toque de queda) ya que el Presidente abandonó el poder una vez las Fuerzas Armadas le informaron que no lo respaldarían.

2. Lucha entre poderes públicos.  "Perú los últimos años ha estado marcado por una crisis política permanente, con altos niveles de confrontación entre Ejecutivo y Congreso", explica Puig. La conflictividad es latente desde 2018, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski fue destituido por el Congreso dominado por el fujimorismo. Su reemplazo, Martín Vizcarra, también fue destituido por el Congreso en 2020, bajo sospechas de corrupción. El enfrentamiento entre Castillo y el Congreso peruano, dominado por la oposición de derecha, inició prácticamente con su gobierno el 28 de julio del año pasado. El Congreso fracasó en sus dos primeros intentos por sacarlo del poder, pero el tercero fue exitoso. La oposición le acusaba además de falta de rumbo. Criticaban sus constantes crisis ministeriales que se tradujeron en cinco gabinetes y una rotación de 80 ministros en 16 meses, algo inédito en Perú.

3. Marco legal. El Congreso peruano puede destituir al presidente con 87 votos de los 130 parlamentarios. Pero también es legal que el presidente disuelva el Congreso si éste le niega dos veces un voto de confianza al gabinete ministerial. Para el Eurasia Group, estas normas y procedimientos son otro factor "probable" de inestabilidad, que se suman a su falta de prestigio: el 86% de los peruanos desaprueban al parlamento, según sondeos. "El andamiaje legal permite la vacancia presidencial con un mínimo de votos, lo que además se vuelve más sencillo por falta de mayorías" que respalden a un mandatario, en un Congreso altamente fragmentado, dijo Puig. Y en un entorno de "descontento ciudadano permanente (...) los presidentes sufren rápidamente de pérdidas de popularidad" y tienen "dificultades para aprobar reformas". En apenas 100 días de gobierno, Castillo ya tenía una desaprobación de 57%, que subió al 70% hacia el final. En su primer mensaje al Congreso, la debutante presidenta Boluarte mencionó la "impostergable reforma política que nuestro país requiere urgentemente".

4. Desigualdad social. Al llegar al cargo, Castillo, un maestro rural de izquierda de 53 años, denunció que por su origen pobre y campesino era despreciado por las élites económicas y políticas peruanas. Con su sombrero blanco de copa alta típico de Cajamarca, el maestro del partido marxista-leninista Perú Libre recorrió el país a veces a caballo, prometiendo "un país sin corrupción", y dio la sorpresa al triunfar sobre la derechista Keiko Fujimori en las elecciones, aunque por estrecho margen. Pero se quejó desde entonces del odio que le tenían las élites, y comenzó su último discurso diciendo que para el Congreso "no es posible que un campesino gobierne el país". Castillo tenía "el mayor respaldo en el sector E", el más pobre de este país donde el 26% de la población vive en la pobreza, dijo Jeffrey Radzinsky, director de la consultora política GFP. Entre la población rural, la que más apoyó a Castillo, la pobreza afecta a casi el 40%. Vale recordar que el triunfo de Castillo fue una expresión popular de indignación con los partidos tradicionales. Por ese enojo se llevó al poder a un outsider, desconocido e inexperto maestro rural, en la coyuntura más difícil que se vivía: el derrumbe y frenazo económico por la pandemia. Esa esperanza de ‘cambio’ y ‘progresismo’ comenzó a esfumarse desde el día en que se posesionó y en 16 meses de gestión no hizo nada. Por el contrario, a los errores políticos por su inexperiencia sumó denuncias de corrupción.

5. Sistema partidista frágil. La ausencia de partidos políticos fuertes contribuye a la zozobra política. "El deterioro del sistema de partidos ha hecho que las últimas elecciones hayan sido bastantes fragmentadas, y complican alguna mayoría o lealtad" del parlamento hacia el presidente, dijo Puig. La nueva presidenta Dina Boluarte, que desea gobernar hasta julio de 2026, "lo tiene difícil porque no tiene bancada parlamentaria. Tendrá que tejer alianzas", opinó Radzinsky. "Con siete presidentes en seis años" resulta "difícil verla en el cargo hasta 2026", vaticinó la experta de Eurasia Group.

La sucesión de inesperados hechos registrados en Perú, entre miércoles y jueves, con la asunción presidencial de Boluarte tras la destitución y arresto de Pedro Castillo si bien no pone fin a la grave crisis política si puede ser un primer paso para el cambio que todos anhelan. Pero para ello, todas las fuerzas políticas, independientemente de su tendencia, deben asumir con madurez el reto que tienen como nación y cumplir con el refrán tan manido pero incumplido: el país por encima de los partidos. Solo así podrán demostrar que en Perú si se puede gobernar. 

Destituidos o forzados a dimitir

Perú. Pedro Castillo fue destituido y detenido después de 17 meses, el pasado 7 de diciembre. Le antecedieron Martín Vizcarra también separado del poder por “incapacidad moral” en un trasfondo de acusaciones de sobornos el 9 de noviembre de 2020. Le sucedió Manuel Merino, que renunció a los cinco días. El 21 de marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski dimitió la víspera de un probable voto parlamentario para destituirlo en el marco del escándalo Odebrecht. En noviembre de 2000 fue destituido Alberto Fujimori.

Ecuador. El vicepresidente Jorge Glas, condenado por Odebrecht, fue destituido a principios de 2018 después de tres meses de ausencia de sus funciones debido a su encarcelamiento. En abril de 2005, Lucio Gutiérrez también fue apartado de la Presidencia tras haber sido acusado, en plena revuelta popular, de haber colocado a personas cercanas en la Corte Suprema de Justicia. Uno de sus predecesores, Abdala Bucaram, acusado de malversación de fondos públicos, fue destituido en febrero de 1997, apenas seis meses después de su investidura.

Brasil. Dilma Rousseff fue destituida el 31 de agosto de 2016 por más de dos tercios de los senadores, que la consideraron culpable de maquillar las cuentas públicas. En septiembre de 2019, su sucesor Michel Temer, tildado de "golpista" por la izquierda, terminó definiendo ese 'impeachment' como un "golpe", aunque negó haber participado en él. Acusado de corrupción, el mismo Temer evitó en dos ocasiones, en 2017, un proceso ante la Corte Suprema. En diciembre de 1992, Fernando Color de Mello, acusado de corrupción, dimitió al iniciarse el proceso para sacarlo del poder.

Guatemala. En septiembre de 2015, el presidente Otto Pérez, acusado de dirigir un sistema de corrupción en las aduanas, fue privado de su inmunidad por el Parlamento. Ante el riesgo de ser cesado, dimitió y después fue arrestado. Este 7 de diciembre fue condenado a 16 años de cárcel.

Paraguay. Fernando Lugo fue destituido en 2012 debido a una operación policial contra campesinos sin tierra que terminó con 17 muertos.

Venezuela. El presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación y enriquecimiento ilícito, fue suspendido de sus funciones en mayo de 1993 tras un voto en el Senado. En 1996, fue condenado a 28 meses de cárcel.