El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, comenzó a avanzar en el terreno para indultar a los dirigentes catalanes encarcelados tras el intento de secesión de 2017, una jugada arriesgada para su gobierno de izquierdas minoritario, debilitado ante el avance de la derecha.

"Hay un tiempo para el castigo y hay un tiempo para la concordia", dijo ayer el mandatario socialista en el Congreso, donde la aparente predisposición de Sánchez a indultar a los doce separatistas condenados encendió, como era de esperarse, a la oposición.

Y no solo se opuso la derecha sino también la justicia. El Tribunal Supremo "ha informado negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto", señaló ayer la más alta instancia judicial del país en un informe no vinculante para el gobierno.

Este tribunal, que condenó a estos dirigentes en octubre de 2019, argumenta en su comunicado que los afectados no muestran "la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento".

Es importante referir que de los 12, nueve están cumpliendo penas de entre 9 y 13 años de cárcel, entre ellos Oriol Junqueras, presidente del partido separatista Izquierda Republicana (ERC), aliado clave del gobierno español en el Congreso.

El Supremo los condenó por sedición por su participación en el referéndum ilegal de octubre de 2017, marcado por la dura intervención policial, y que fue el preámbulo de una fallida declaración unilateral de independencia semanas después.

Una jugada “arriesgada”

Esta es "una decisión política" de Sánchez pero "la jugada tiene mucho, mucho riesgo y le puede salir mal", le indicó a la AFP el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, Oriol Bartomeus.

Para Bartomeus, el indulto "es una condición sine qua non para arreglar el tema de Cataluña" y favorecerá "la estabilidad parlamentaria del gobierno en el Congreso", donde la coalición entre socialistas y la izquierda radical Podemos está en minoría.

Pero "genera un ruido muy considerable" y será utilizado por la derecha "como elemento movilizador de sus espacios políticos y para introducirse en el electorado socialista", añadió.

La espinosa cuestión del indulto se encuentra desde hace meses en la mesa del gobierno de coalición español, que desde su llegada al poder se marcó como una prioridad solventar la crisis despertada en Cataluña con el auge del independentismo.

Este tema volvió al primer plano el martes, apenas horas después de que el moderado Pere Aragonès, del partido ERC, tomara posesión como nuevo presidente de esta importante región nororiental.

Preguntado por la prensa sobre qué hará su gobierno al respecto, Sánchez evitó avanzar su decisión pero dijo que se basará en valores "como la concordia, el diálogo, el entendimiento" y no en "la venganza o la revancha".

"Cumplir la ley no es venganza y defender la unidad nacional no es revancha", replicó en el Congreso el líder de la oposición Pablo Casado, del conservador Partido Popular.

Casado, que recorta terreno en las encuestas a los socialistas desde la contundente victoria de su partido en las elecciones regionales de Madrid, indicó que recurrirían ante el Supremo un hipotético indulto a los separatistas.

En Barcelona piden amnistía

Punto aparte, en la región autónoma de Barcelona la noticia coincidió con la formación del nuevo gobierno de Pere Aragonès, que reaccionó con poco entusiasmo a las intenciones de Sánchez.

"Nuestra propuesta es la amnistía, pero no nos opondremos a ninguna medida que pueda aliviar el dolor de los presos", indicó en su primera rueda de prensa como presidente regional, considerado moderado dentro del independentismo.

"Esperamos una solución justa y lo más rápida posible", añadió Aragonès, que encabeza una coalición con la otra gran formación independentista, Juntos por Cataluña, con postulados más radicales.

El nuevo dirigente catalán aboga por dialogar con Madrid, pero se fija como objetivos un referéndum de autodeterminación y la amnistía que, a diferencia del indulto, afectaría también a los separatistas marchados al extranjero con causas pendientes en España, como el expresidente Carles Puigdemont.

Ambas cuestiones han sido descartadas por el gobierno español de Sánchez que, por otro lado, coincide con Aragonès en la necesidad de reactivar la mesa de negociación iniciada en 2020 y paralizada por la pandemia.