LA ‘tregua política de 100 días’ que al finalizar su visita a Perú propuso la OEA con la advertencia de que en ese país “la democracia está en riesgo” no tendrá lugar y, por el contrario, la ‘guerra civil’ entre las instituciones públicas tendrá otra batalla este miércoles con la moción de destitución a la que someterá al presidente Pedro Castillo.

Será el tercer intento de la oposición parlamentaria por apartar del poder al maestro devenido en Presidente en menos de año y medio de gobierno. Pueda que no sea la ‘vencida’ como dice el refrán popular porque si bien el promotor de la actual moción, Edward Málaga, ha asegurado que se cuenta con los votos necesarios para aprobarla, también dijo que sospecha que en esta antesala del debate el gobierno “negocie” con algunos congresistas el voto a su favor.

El texto de la moción de censura, de 102 páginas, argumenta la incapacidad de Castillo por los “vínculos cada vez más evidentes con graves actos de corrupción”, así como por el “irresponsable desmantelamiento de la administración pública y el copamiento clientelista de las instituciones del Estado”, lo que a juicio de los firmantes evidencian “graves faltas éticas que atentan contra la dignidad de la figura presidencial”.

La inestabilidad política que afronta Perú desde julio de 2021 con Castillo en el poder se debe, según admite el informe de la OEA, a la alta fragmentación de las fuerzas políticas, los constantes cambios de gabinetes (cinco), el cuestionamiento en el nombramiento de funcionarios e incluso en los reiterados pedidos de la oposición por recortar el mandato del Ejecutivo y que se adelanten las elecciones. Pero, a diferencia de las dos ocasiones anteriores para tramitar esa ‘vacancia presidencial’, ahora hay una mayor desconfianza con el mandatario por el estrecho cerco que le tiene la Fiscalía por presunta corrupción.

Vale aclarar que el trámite de esta moción de destitución que se debatirá el miércoles es muy diferente a las seis investigaciones que acumula el Presidente en la Fiscalía y que llevo a ese ente investigador a presentarle una denuncia constitucional ante el Congreso por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión.  Tal solicitud se encuentra en trámite y tras recibir el visto bueno de una subcomisión está a la espera de aprobación o rechazo en una comisión parlamentaria que, de ratificarla, le dará el paso a la plenaria del Parlamento.

Seguro de que al igual que en las oportunidades anteriores no pasará el pedido de destitución porque si bien la oposición de derecha es mayoría requiere sumar 87 votos, el presidente izquierdista Castillo le anticipó al Congreso que “nada impedirá” que concluya el mandato constitucional para el que fue elegido: 2021-2026.

"Frente a la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026", dijo en un mensaje televisivo a la Nación.

Enfatizó que "no pasarán ni las actitudes antidemocráticas ni los intereses mezquinos y subalternos”, al tiempo que se mostró tranquilo, pero sobre todo “confiado” en que "los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales, se pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad".

El jueves el Congreso aprobó por 73 votos a favor, 32 en contra y seis abstenciones debatir la moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo, por "incapacidad moral" para ejercer el cargo.

En la sesión participaron 109 de un total de 130 legisladores. Se requería un mínimo de 52 votos para que la moción fuera admitida a debate y la notificación del mismo se entregó oficialmente al mandatario el viernes.

"Queremos devolver la democracia con la vacancia, es el primer paso de cara a un adelanto de elecciones y tiene un espíritu de control político", dijo el legislador Edward Málaga, impulsor de la moción durante su intervención en el pleno del Congreso.

"Proponemos la vacancia de la Presidencia de la República, ocupada por José Pedro Castillo Terrones por haber incurrido en la causal de permanente incapacidad moral", dice el texto de la moción que busca removerlo del cargo para el cual fue elegido hasta julio de 2026.

Los legisladores que votaron a favor pertenecen en su mayoría a los partidos derechistas Renovación Popular, Avanza País, Fuerza Popular y Acción Popular y Alianza para el Progreso (centroderecha). Los 32 votos en contra provienen del bloque parlamentario de izquierda.

"Me opongo rotundamente a esta moción de vacancia porque no aporta nada (...) Hoy tendrán una victoria pírrica, pero al final no va ser aprobada esta moción de vacancia" cuando se vote la semana entrante, anticipó l parlamentario Alex Flores, del izquierdista Perú Libre, partido que llevó al poder a Castillo.

Esta es la tercera moción para destituir a Castillo. En marzo pasado, la anterior alcanzó solo 55 votos. La primera moción, que se remonta a diciembre de 2021, no llegó a ser debatida por el pleno del Congreso.

Es notable el hartazgo con el gobierno, ya que un 70% de los peruanos rechazan la gestión del mandatario, pero el desprestigio del Parlamento es aún mayor: el 85%.

En medio de la polarización y constante tensión con el Congreso, Castillo denunció en octubre "un golpe parlamentario en marcha" y pidió la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que envió la semana anterior una comisión a Lima, la que presentó un informe en el que recomienda una “tregua política de 100 días” mientras se busca “encauzar un diálogo formal” en la sociedad para poner fin al creciente enfrentamiento entre esos dos poderes públicos.

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“Democracia en riesgo”

Esa misión de Alto Nivel de la OEA (GAN) alertó que la institucionalidad democrática peruana "está en riesgo" por la "fragmentación política" que enfrenta el país.

La misma se reunió en una treintena de ocasiones con distintos poderes del Estado y representantes privados y de la sociedad civil, tras lo cual concluyó que Perú afronta una alta inestabilidad que dificulta gobernar y atender los asuntos más urgentes del país.

A las razones arriba expuestas sobre la evidente inestabilidad, agrega que las mociones de censura presentadas contra el presidente Pedro Castillo, las múltiples investigaciones judiciales iniciadas contra el jefe de Estado, y la ausencia del diálogo entre los principales actores públicos son agravantes de la crisis que, si bien es compleja, tiene visos de solución, pero si hay realidad voluntad de las partes.

"La polarización se refleja en una lucha interna entre los poderes del Estado (...) lo cual puede afectar el normal funcionamiento institucional y generar mayor conflicto y división en la sociedad peruana", reza el comunicado difundido por el GAN.

En su análisis de la situación política del país, la OEA ha mostrado su preocupación por un uso excesivo de herramientas de control político, asegurando que existen acusaciones cruzadas en las que cada parte se acusa de violar la jurisdicción por llevar a cabo acciones fuera de su competencia.

Entre estas medidas de control político, la organización interamericana ha destacado el uso "indiscriminado" de las mociones de censura, la prohibición del Congreso al presidente para que viaje al exterior, así como las recurrentes denuncias constitucionales.

Según ha explicado uno de los actores a la GAN, Perú está ante un proceso de "judicialización de la política y politización de la Justicia", desvirtuando así el rol y equilibrio de los poderes del Estado.

En este sentido, la OEA ha señalado que esta "confrontación permanente" genera pérdida de credibilidad por parte de la población, que ve a distintos poderes como actores que no velan por sus intereses.

Entre otros asuntos, el Grupo de Alto Nivel ha subrayado, tal y como le han trasladado algunos interlocutores, que la elección de Pedro Castillo como presidente de Perú ha puesto de manifiesto que existen sectores que promueven el racismo.

Según diversos actores con los que se reunió la OEA, algunos poderes políticos del país no aceptan que una persona ajena a los círculos políticos tradicionales ocupe la silla tradicional, lo que se habría traducido en improperios e insultos hacia la imagen del jefe de Estado.

‘Recetas’

Más allá de las diferencias, la OEA ha encontrado una convicción generalizada de la necesidad de preservar la democracia y respetar la Constitución y las leyes, por lo que enumeró una serie de recomendaciones a los diferentes actores políticos para encauzar la situación.

Entre ellas, se encuentra la convocatoria a una instancia formal de diálogo entre Presidencia, legislativos, altas cortes, representantes de partidos políticos y miembros de la sociedad civil, todos ellos libres de condiciones.

En este sentido, ha instado al Ejecutivo a que dé el primer paso y promueva el diálogo democrático para pactar "las reglas del juego" para consensuar una agenda de gobierno.

Asimismo, recomendó iniciar una "tregua política" mientras se convoca el diálogo y "se llega a un consenso mínimo para asegurar la gobernabilidad". Ese diálogo podría contar con la facilitación de un tercero o un organismo internacional.

En tercer lugar, ha indicado que se debe "respetar la justicia constitucional". En ese sentido, ha señalado que el Tribunal Constitucional (TC) "es el guardián de la Constitución y debe hacer cumplir lo que la Constitución dispone".

También ha instado a los actores políticos a asegurar "el pleno respeto a los Derechos Humanos" y a abordar la cuestión de la tolerancia y el respeto a "todas y todos los ciudadanos", todo ello siguiendo la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Por último, el Grupo de Alto Nivel ha hecho un llamamiento a ejercer la libertad de expresión "en sentido constructivo, responsable, imparcial y de respeto hacia todos los actores".

Estas recomendaciones se analizarán en un próximo Consejo Permanente para votar una resolución sobre una "tregua de cien días", afirmó por su parte el secretario general de la OEA, Luis Almagro, "consciente de que es el comienzo de un trabajo”