AUNQUE se vio forzado a revocar la reforma del sistema de pensiones que detonó una ola de violentas protestas, saqueos y choques con la policía que dejaron al menos 25 muertos, la presión ciudadana continuaba contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega con una nuevas marchas y el anuncio de los estudiantes que mantendrán el movimiento.

El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que ha sido aliado de Ortega en sus 11 años en el poder, organizó la marcha de ayer, mientras los estudiantes que iniciaron las protestas anticiparon que las radicalizarán, canalizando así el creciente descontento ciudadano contra la dupla en el poder: Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.

Igualmente, el clima de distensión que intentó crear Ortega con el retiro de la reforma a las pensiones se disipó con una violenta arremetida policial la noche del domingo en la sede de la Universidad Politécnica, donde estaban atrincherados los manifestantes opuestos al gobierno.

Ortega buscó aplacar la furia de las calles revocando los aumentos en las contribuciones obreras y patronales al fondo de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense del Seguro Social (INSS).

Esos incrementos fueron la chispa que encendió las protestas iniciadas el pasado miércoles por un grupo de estudiantes, que rápidamente se extendió a otros sectores de la sociedad.

"Las protestas ya no son solo por el INSS, es contra un gobierno que nos niega libertad de expresión, libertad de prensa y de manifestarnos pacíficamente", declaró Clifford Ramírez, un estudiante de Ciencias Políticas de 26 años que participó en el inicio de las marchas.

"Creemos que ya no hay espacio para el diálogo", agregó Ramírez en una conversación telefónica.

 Caos y saqueos

Las manifestaciones iniciadas por los estudiantes recibieron apoyo de pobladores de barrios que salieron a sonar cacerolas, obreros y jubilados disconformes con la corrupción que ven en el gobierno y el deterioro en sus condiciones de vida.

Las protestas recrudecieron el fin de semana, con barricadas de piedras y llantas incendiadas en las calles, mientras turbas saquearon comercios en varios puntos de la capital.

Ortega comparó a los manifestantes con los pandilleros que siembran el terror en el norte de Centroamérica y adelantó que "esto que está sucediendo también nos obliga a los nicaragüenses a poner en nuestra agenda el combate a las pandillas".

La violencia generó respuestas de consternación de la comunidad internacional, con llamados a la calma y al respeto de los derechos de manifestación por parte del papa Francisco, la Unión Europea, Estados Unidos y México.

Washington ordenó ayer el retiro de familiares del personal de la embajada estadounidense en Managua ante la violencia que se registra en las calles. 

La violencia dejó al menos 25 muertos, informó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en un comunicado conjunto con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Entre las víctimas figuran menores de edad, estudiantes antigubernamentales, policías y miembros de la Juventud Sandinista, movilizados para apoyar al gobierno.

En tanto, y ante versiones de que la Conferencia Episcopal se reuniría con Ortega en busca de una salida a la crisis, el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, dijo en Twitter que "no veo condiciones para ningún diálogo con el gobierno de Nicaragua".

"Hay que detener la represión, liberar a los jóvenes presos, restituir la transmisión del (censurado) Canal 100% Noticias y discutir la democratización del país con todos los sectores", agregó el prelado./AFP