Se trata de un país relativamente pequeño con un poco más de 6 millones de habitantes y 21,000 kilómetros cuadrados. La historia de El Salvador se remonta a ser una de las cinco provincias centroamericanas que, con capital en Guatemala, adquirieron la independencia política de España, el 15 de septiembre de 1821. 

El Salvador recurrentemente se distinguió por ser un territorio reacio en aceptar el dominio español. En el antiguo territorio conocido como Cuscatlán fueron frecuentes los levantamientos en pro de la independencia en especial a fines del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX.  Ello fue un factor importante para la declaración de independencia. 

Una prueba de esto último, en relación con la voluntad de independencia expresada por los sectores populares, se encuentra en el primer artículo del Acta de Independencia. Allí se lee que la independencia, siendo voluntad general de la sociedad guatemalteca, hacía necesario que “… el señor jefe Político la mande publicar para prevenir las consecuencias que serían terribles, en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo”.

Recientemente, con el gobierno del presidente Nayib Bukele (1981 -) las cosas han sido por demás controversiales.  Desde un inicio, fue evidente que el actual gobierno surgió como rechazo a los políticos tradicionales, quienes se repartieron el poder en especial luego de la firma de la paz que terminó el sangriento conflicto interno salvadoreño. Esa firma ocurrió en México el 16 de enero de 1992; son los célebres Acuerdos de Chapultepec.

Ya en el poder, tanto los grupos de la izquierda, FMLN, como los de la derecha, Arena, dieron muestras de corrupción.  Llegar al gobierno con el fin de eliminar esas pésimas prácticas, fue una de las banderas en la exitosa campaña de Bukele. Tómese en cuenta que se trata de un país que tiene al 28% de sus hogares en condiciones de pobreza monetaria, y casi un 10% viviendo en indigencia o condición de pobreza extrema.

Hasta ahora, las medidas de Bukele en general han contado con el respaldo de la población, pero los riesgos pueden surgir intempestivamente. Nadie quiere pensar que el mandatario es adicto a caminar por las cornisas, pero hay disposiciones que podrían lanzar la dinámica económica y social del país hacia una irreversible turbulencia.

Una encuesta divulgada el viernes por el diario ‘La Prensa Gráfica’ indica que el 84.7% de los salvadoreños aprueban el trabajo del presidente Bukele, en sus dos años y tres meses de gestión.

Mientras, el 12.3% desaprueba la labor del mandatario y un 2.9% se ha inclinado por no responder a la encuesta, llevada a cabo con entrevistas a 1.506 personas entre el 18 y el 24 de agosto.

No obstante, el porcentaje de aprobación de Bukele es el más bajo desde que comenzó su mandato, aunque se mantiene por encima de la aceptación que tenían sus antecesores cuando llevaban al menos el mismo tiempo de trabajo.

Esto sugiere que las acciones del presidente en contra de la institucionalidad democrática del país centroamericano y la adopción de una medida tan impopular como el uso del bitcoin no han lastimado su imagen, destaca el diario.

En su mandato, el país tiene la percepción de que ha mejorado la seguridad pública, el Gobierno ha manejado bien la pandemia de covid-19, a lo que se suma la entrega de ayudas directas a la ciudadanía, como paquetes de alimentos.

En lo fundamental, se tienen tres ámbitos donde los riesgos de gobernabilidad serían más drásticos: (i) control pleno, con mayoría en el Organismo Legislativo; (ii) mando sobre el Organismo Judicial evitando el ejercicio de pesos y contra-pesos; y (iii) medidas económicas de alto riesgo, tal el caso de la aprobación del bitcoin como moneda legal. 

• Le puede interesar: ONU convoca a reunión sobre Afganistán en Ginebra

‘Armas’ de doble filo

Hasta ahora, El Salvador, a partir del 1 de enero de 2001, tiene dolarizada su economía, situación similar a la de Ecuador y Panamá.

Respecto al control mayoritario del Congreso, la situación aseguraría la gobernanza del país.  Es decir, no existe un “candado” que impida aprobar las iniciativas legales surgidas del Ejecutivo.  Esto puede ser un arma de doble filo.  La población sabe que el partido de gobierno tiene el poder y por eso mismo puede exigir resultados inmediatos. La volatilidad de las aceptaciones políticas puede manifestarse de forma poco previsible.

En cuanto a la Corte Suprema, las cosas lucen muy complicadas dado que el presidente Bukele prácticamente barrió con los jueces opositores. Ahora se tiene la disposición de jubilaciones forzosas, una vez los togados cumplan 60 años.  Varios de los jueces dicen sentirse discriminados.  Ellos conocen la ley, gestionan las disposiciones del Estado y pueden entrar en una diatriba de disputas utilizando tiempos de eras geológicas.

Si a esto se une el control del Legislativo, los sistemas de pesos y contrapesos se ven deteriorados. De nuevo, los puñales de doble filo surgen en un ambiente que aún tiene bastante margen para exacerbar la polarización. Un punto clave aquí es que mientras se mantengan las inestabilidades políticas, los agentes económicos y sociales pospondrán llevar a la práctica sus decisiones.  Con ello comprometerían el crecimiento económico, el empleo, el fortalecimiento de emprendimientos y consecuentemente el desarrollo del país.

Una arista por demás peligrosa es el establecimiento del bitcoin como moneda.  Desde un inicio se percibe que esto rápidamente puede transformarse en un auténtico salto al vacío que, originándose en la política monetaria, puede llevarse por delante las medidas de política fiscal, condiciones cambiarias, de inflación, laboral, comercial y la dinámica crediticia.

De entrada, ya teniendo la economía dolarizada, el país se vio totalmente maniatado en la utilización de la política monetaria.  Es de recordar que las políticas macroeconómicas -fundamentalmente la fiscal, cambiaria y monetaria- les permiten a las autoridades de un país ir acondicionando las circunstancias productivas en función del entorno económico.

Por ejemplo, en la medida que la economía se estanca -con bajos niveles de producción y alto desempleo- las políticas macroeconómicas deben ser expansivas.  Esto es válido para lo fiscal -disminuir impuestos y aumentar egresos del gobierno.  Y también es aplicable a lo monetario –reducción de tasas de cambio, disminución de los encajes bancarios y compra de títulos en operaciones de mercado abierto. Si la economía da muestras de “sobre-calentamiento” con tendencias a aumentos inflacionarios y cifras en negativo de la balanza comercial, las políticas se encaminarían por lo contractivo.

Todavía con el dólar, existe un referente en las disposiciones de la Federal Reserve de Estados Unidos.  Con el bitcoin no se tiene nada de eso.  Con este último escenario, es de atenerse a los movimientos especulativos de una pirámide financiera global, una auténtica economía de casino.  Ganan los que primero entran y los que primero salen del mercado.  Los que quedan rezagados pagan todos los costos del descalabro. 

Aún con las mejores intenciones, es peligrosísimo confiar en la “estabilidad y fortaleza” de una criptomoneda, una de las bases esenciales para la gobernabilidad y el bienestar de todo un país.

*Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor Titular, Escuela de Administración de la Universidad del Rosario

(El contenido de este artículo es de entera responsabilidad del autor por lo que no compromete a entidad o institución alguna)