EL DIRECTOR regional de la Organización Internacional de Migraciones, Diego Beltrand, advertía a finales de junio que los países suramericanos se tenían que preparar para los efectos de “una emigración masiva” de venezolanos. Dos meses después su advertencia se ha hecho realidad.
Tras las medidas tomadas por Nicolás Maduro, como la eliminación de cinco ceros en la moneda y el incremento 34 veces del salario mínimo, se espera que en los próximos meses aumente considerablemente el número de personas que saldrán del país.
Enfoque regional
Exceptuando algunos países de la región, casi todo el continente ha recibido migrantes de Venezuela con escalas que van desde más del millón que acoge Colombia hasta menos de 20.000.
No existe, sin embargo, una política colectiva para enfrentar este fenómeno. Por ahora, cada país ha interpretado sus obligaciones internacionales en consonancia con su legislación interna para hacerle frente a la oleada migratoria.
La semana pasada Perú y Ecuador anunciaron que les pedirán pasaporte a los venezolanos que ingresen a su país tras un aumento considerable de nacionales vinotinto.
Por las irregularidades en la medición y la falta de controles efectivos, nadie sabe a ciencia cierta cuántos venezolanos se han marchado de su país. La oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha dicho que la cifra está alrededor de los 2.3 millones de personas.
Esta medición, por el tiempo que tiene en cuenta, parece que no incluye numerosas personas que han salido entre 2010 y 2013, antes de que Nicolás Maduro llegara al poder, ni categorías fijas como el número de profesionales o técnicos que han dejado del país.
Para el caso americano, no hay mediciones exactas de la totalidad de venezolanos en la región. Pero se sabe que, como lo anunció Christian Kruger director de Migración Colombia, el 39% de las personas que vienen de ese país han ingresado por las fronteras colombianas sin pasaporte y muchos de ellos han seguido hacia otros países como Ecuador o Perú, que han dicho que desde ahora exigirán tal documento.
Las autoridades peruanas expusieron que la nación ha roto un récord de 5.100 venezolanos que ingresan por día, por lo que “es conveniente contar con la medida de pasaporte porque contribuye a la seguridad”, explicó el superintendente de Migraciones, Eduardo Sevilla.
A diferencia de Colombia en Perú sólo un 20% de personas ingresan sin pasaporte, cifra que no es para nada desestimable, pero no representa el 39% que reportan las autoridades colombianas. Esto se explica, en parte, porque el número de migrantes es considerablemente inferior, ya que Colombia ha tenido días en los que más de 50.000 venezolanos ingresan al país.
Como si fuera una decisión consensuada, Ecuador también anunció que exigirá un pasaporte “válido y vigente” para los venezolano. “Se han identificado casos de trata y tráfico de migrantes venezolanos”, dijo en un comunicado la Cancillería ecuatoriana para justificar esa medida. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo de ese país ha dicho que esta decisión va en contra de los “principios básicos de atención humanitaria, que es lo que está viviendo Venezuela, porque en este caso hay una crisis humanitaria y la población es la que necesita protección”.
Refugiados
La defensora del pueblo ecuatoriana, Gina Benavides, como las autoridades colombianas, han sido muy claras en reiterar que lo que está viviendo Venezuela es una crisis humanitaria por lo que los nacionales que huyen de ese país deben ser tratados como refugiados.
En marzo, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) -encargada de la crisis migratorias y decretar las categorías de migrantes- catalogó oficialmente a los emigrantes venezolanos como refugiados.
Esta declaración tiene efectos vinculantes si los países, como es el caso, han sido firmantes de las convenciones de la ONU sobre esta materia. Para el particular, la crisis migratoria se debe regir conforme a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena (1984).
Según estos acuerdos, la protección internacional es ante todo “un acto humanitario y no político” que se debe regir por el principio de “solidaridad internacional”. No es claro hasta qué punto este principio puede limitarse bajo el argumento de la defensa del orden y la seguridad nacional, como lo han hecho Perú y Ecuador.
Lo que sí queda claro es que, como estipula la Declaración de Cartagena y la Convención, los países firmantes deben “promover la adopción de normas internas que establezcan los procedimientos y recursos internos para la protección de los refugiados”.
Además la conclusión 5 de la Declaración reitera que con base en el principio de “no devolución” (incluye la prohibición del rechazo en las fronteras) los países deben reconocer y respetar el estado actual del derecho internacional, como un principio de jus cogens.
Si bien las convenciones sirven como marco normativo, muchas veces los países no cumplen a cabalidad sus obligaciones internacionales. La crisis humanitaria en Venezuela, sin embargo, exige que se tomen medidas regionales inmediatas.
El canciller Carlos Holmes propuso la semana pasada “insistir en el fortalecimiento de un fondo humanitario de emergencia y plantear la creación de la figura de un enviado especial dentro del marco de las Naciones de Unidas para que coordine la acción multilateral que se requiere a la luz de crisis humanitaria que estamos viviendo”.
Esta figura sería similar a la Staffan de Mistura, enviado especial de la ONU en Siria, quien se ha encargado de numerosas tareas entre ellas el manejo de la crisis migratoria hacia Turquía, Líbano, Irán, Jordania y Europa.
Parece que ya va llegando el momento de comparar la crisis migratoria de Venezuela con la de Siria, pue como escribió The Economist “el número total de venezolanos desplazados ya puede haber alcanzado los 4 millones, de una población de unos 30 millones. La salida eventualmente podría superar a los 6 millones de personas que huyeron de la guerra civil siria”.