Ubicado en una ciudad en el centro del país, este barrio, donde murió el hermano de Ortega, Camilo, luchando contra la represión de Somoza, ahora se convirtió en una base de la oposición. Ya han pasado tres semanas desde que comenzaron las protestas contra el Presidente, y las marchas no paran. Con 45 muertos, la Iglesia y el sector privado piden que estudiantes y Gobierno negocien. Pero los primeros exigen que CIDH y ONU investiguen las muertes. Los sandinistas no han aceptado.

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SI MONIMBÓ no se hubiera levantado, Daniel Ortega no estaría tan angustiado. El miércoles 18 de abril, en Masaya, centro de Nicaragua, el barrio indígena se reveló contra el Gobierno sandinista y armó las barricadas que sostuvieron los enfrentamientos contra las fuerzas de choque por cuatro días. Dos semanas después, las hojalatas que levantan lo que Carlos Mejía llamó “sones de liberación en Moninbó”, siguen intactas. Este bastión, donde el hermano de Ortega, Camilo, murió luchando contra la dictadura somocista, ha dejado de creer en el proyecto socialista de Daniel, como la mayoría de nicaragüenses.

La violencia, poco conocida desde que cayera “el dictador” –Somoza-, se mantiene en las calles de Managua, donde los estudiantes, ayudados por la sociedad civil, tienen el “haz bajo la manga”: dialogan o no con el gobierno.

Más que las pensiones

La crisis en Nicaragua, que ya cumple tres semanas, no ha sido una simple movilización estudiantil.  En su mayoría jóvenes de 25 años, 45 personas han sido asesinadas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), por las fuerzas de choque de Ortega y grupos irregulares conocidos como “Juventudes Sandinistas”, desde el 19 de abril.

El Gobierno, que más que ello parece una fábrica familiar: esposa, hermanos, yernos, un monumento al nepotismo, derogó la reforma al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) en medio de las protestas, pero eso no le ha bastado para contener el descontento de los nicaragüenses, que protestan por algo más.

Un hecho, días antes de que empezaran las movilizaciones antigobiernistas, demostró las intenciones reformistas de los nicaragüenses. Ubicada en la frontera de Costa Rica,  la reserva “Indio Maíz” se incendió y un grupo de ciudadanos se organizó para protestar por la poca información sobre lo que pasaba. El resultado fue una represión de los cuerpos de choque del Estado, que conllevó al rechazo de los nicaragüenses, molestos por el anuncio de la reforma al INSS.

La represión en “Indio Maíz” y la reforma a las pensiones explican lo que está pasando en Nicaragua. Pero, más que causas, han sido dos catalizadores. Lanzaron a los nicaragüenses a las calles para pedir reformas o, en realidad, un cambio de régimen.

Marcos Rugama, un brigadista que atiende a los estudiantes heridos, habló con EL NUEVO SIGLO. Para él, como para todos su grupo, “las protestas de los chavalos (jóvenes) simplemente fueron el combustible para encender la llama que el pueblo necesitaba para despertar y reaccionar”

Adormilado, el pueblo nicaragüense ha dejado que Daniel Ortega logre un récord: ser el presidente más longevo de Latinoamérica. Llegó (1979-90), después de Somoza, como la imagen de una revolución socialista que sacaría –como no lo hizo- a Nicaragua de la pobreza; ahora, después de doce años en el poder, es todo lo contrario: una anécdota romántica soslayada por la brutalidad de mantenerse en el poder, al costo que sea.

Sin haber visto nada más que a Ortega en el poder, los estudiantes conciben al Gobierno como un proyecto hegemónico o patriarcal, ya que está en manos de un hombre y su mujer, Rosario Murillo, quien es la Vicepresidenta de Nicaragua, confirmando esa vieja teoría de que en Latinoamérica los personalismos llegan hasta la casa (los Kirchner, Celia Flórez).

Movimiento Universitario 19 de abril

Dicen, los estudiantes, que es simple coincidencia, pero cuesta creerlo. El mismo día en que explotaron las marchas contra Ortega, se cumplía un año de las movilizaciones que acorralaron a Nicolás Maduro, hasta que las fuerzas de choque, asesoradas por Cuba -igual que en Nicaragua- lograron controlar a los estudiantes “guarimberos” en las calles.

Las protestas en Nicaragua parecen una imagen calcada de Venezuela hace un año. Es verdad: lo son. Pero, también, tienen algo distinto: el recuerdo cercano de haber tumbado a un dictador, a diferencia de los venezolanos (Pérez Jiménez ya fue hace tiempo (1958)).

En diálogo con EL NUEVO SIGLO, Douglas Carcache, director de El Nuevo Diario, de Managua, explicó que “Ésta no es una insurrección armada. Es un alzamiento popular de la gente protestando contra un gobierno que consideran que les impide expresarse libremente y les impide una serie de derechos”.

Esto demuestra, sin embargo, que una de las grandes diferencias con la insurrección contra Somoza, en 1979, y estas protestas, es el factor armado. En esa ocasión, Ortega, sus hermanos y sus amigos, tomaron el poder a través de la lucha armada con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), hoy convertido en un partido hegemónico y clientelista.

Los jóvenes, cuatro décadas después, se organizan en diferentes grupos universitarios y no tienen ningún discurso armado. Se hacen llamar –coincidencialmente- Movimiento Universitario 19 de Abril y siguen agolpados en las principales universidades del país: Universidad Centroamericana (UCA), Universidad Nacional Agraria (UNA), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI).

Alrededor de ellos existen numerosos actores de la sociedad civil. Por el día, las madres visitan las universidades y les cocinan. Por la noche, aguantan y reciben ayuda de los brigadistas que, cómo le cuenta a este Diario Marcos Rugama, “recolectan víveres y medicinas, pero también hacen el tema de la logística, doctores, transporte y el tema de la seguridad”.

Sergio Ramírez, el día en que recibió el Premio Cervantes, le dedicó el galardón a los estudiantes y describió el movimiento como “la causa de Nicaragua entera por ser un levantamiento contra la tradicional partidocracia decadente y contra el pensamiento político prostituido. Agrégase lo que escribió Rubén Darío en Los Raros: “…contra los engaños sociales, contra los contrarios del ideal, contra los fariseos de la cosa pública…”.

El Movimiento Universitario 19 de Abril se conformó como una iniciativa exclusiva de los estudiantes. Detrás de ellos no hay ningún partido político. La aversión que los partidos les produce ha hecho que reivindiquen, una y otra vez, que son un grupo “autoconvocado”.

En Nicaragua no existe una oposición organizada desde 1999, cuando se firmó el pacto Ortega-Alemán. Ocho años antes de que Ortega volviera al poder, él y Arnoldo Alemán, el presidente en ese entonces, firmaron un acuerdo para repartirse cuotas burocráticas y otorgar varias leyes que a la postre le otorgaron ventajas penales a Alemán, quien salió de la cárcel un tiempo después, pese haber sido condenado por un desfalco de 100 millones de dólares.

Desde entonces, “los partidos de oposición, que eran de derecha, se aliaron con el Gobierno a partir del pacto”, le dijo a EL NUEVO SIGLO, Rodrigo, comunicador independiente.

Dictadura y diálogo

La palabra dictadura no se volvió a usar en Latinoamérica. Pero ya está volviendo. Los amagos electorales, como en Venezuela, han hecho que aquellos regímenes autoritarios se disfracen de democráticos y aparenten un apego a la Constitución, al Estado de Derecho y a las instituciones.

Más de diez años en el poder, han hecho que Ortega vulnere cada uno de estos principios, como escribió Carlos F. Chamorro, en Confidencial, de Managua. “Ha impuesto una dictadura institucional, un régimen Estado-Partido-Familia que concentra todos los poderes del Estado, incluyendo el Ejército y la Policía, y promete orden social, combinando estabilidad económica con represión selectiva y cooptación social”.

El control de Ortega sobre las instituciones es más vasto que el de Maduro en Venezuela. Los sandinistas dominan el Congreso con 71 de 92 curules. Además, manejan el poder judicial: 11 de 16 magistrados son sandinistas. Aparte, en medio de las protestas de abril, varios medios sufrieron ataques o fueron censurados por el Gobierno, que les cortó la señal.

Al cabo de unos días, en medio del escozor que han generado las muertes de los 46 civiles, se ha empezado hablar de un eventual diálogo, pedido por la Iglesia y el sector privado, que se agrupa en el Cosep (principal gremio).

“Hay una especie de "calma" extraña. Después del llamado al diálogo, todos los días hay protestas pacíficas organizadas por la población”, contó Roberto, que denuncia cómo el gobierno sigue atacando a los estudiantes por medios de grupos de civiles armados conocidos como las “Juventudes Sandinistas”. “Son motociclistas que andan armados, respaldados por la Policía Nacional.  La Policía está disparando a la cabeza y al pecho”. En Venezuela les llaman “colectivos”.

Para iniciar un posible diálogo, el Movimiento Universitario, en un comunicado el jueves pasado, le dio un ultimátum a Ortega (8 de mayo) para que “acepte que la CIDH y la ONU hagan la investigación sobre la represión a las protestas ciudadanas”.

“La gente pide que se castiguen a los culpables de esas muertes. Alguien debió haber dado la orden para que reprimieran. Una represión de esa manera no se había dado desde hace mucho tiempo”, dijo Carcache, a este Diario.

Los estudiantes han dicho que, de no aceptar esta condición, “el Gobierno va llevar al país a un paro nacional”, con el apoyo de campesinos, etnias y, hasta hace poco, del sector privado, pieza fundamental en las movilizaciones.

Usando las viejas estrategias de líderes acorralados por el pueblo, Ortega ha convocado a sus seguidores. Sin embargo, no ha logrado sacar ni la mitad de personas a las calles que sus contradictores, por su impopularidad. Pero insiste en mantenerse en el poder, necio y cerrado a ceder para iniciar cualquier diálogo.