Hace tres años los chilenos cerraron filas en una inesperada unidad nacional para gestar un cambio que consideraban tan necesario como inaplazable: una nueva Constitución. Hoy, a escasos cinco días de culminar ese proceso, es tal su división que el rechazo a la misma tiene alta probabilidad de imponerse en las urnas.

Heredada del gobierno de Augusto Pinochet, a la vigente Carta Política -que ha sido reformada decenas de veces tras el retorno a la democracia- se le ha signado de la creciente desigualdad en el país austral. De allí, que el estallido social de 2019, promovido por movimientos estudiantiles, forzó a que el entonces presidente conservador Sebastián Piñera convocara a un acuerdo nacional que derivó en el conocido proceso constituyente y que, al parecer, está a punto de fracasar.

Son muchas y variadas son las razones se pueden argüir para explicar el creciente y mayoritario no de los chilenos al nuevo texto constitucional, según lo coinciden en señalar todas las encuestas que dan a la opción "rechazo" porcentajes que oscilan entre el 47% y el 56% frente a un “apruebo” que no alcanza el 40%.

Sin embargo, la real causa de esta situación es que la Convención Constituyente no fue el escenario de consenso que, de suyo, debía ser para definir un futuro de país. Del espaldarazo nacional del 2019 se pasó rápidamente, tras la elección de sus 154 miembros, a un enfrentamiento de dos concepciones políticas muy diferentes: la izquierda y la derecha.

Elegida por el voto popular, el deber de los integrantes de dicha Asamblea era debatir y buscar puntos de encuentro en las normas que se reunirían en la Carta Magna. Ocurrió con muchas de ellas, pero no con todas. Y así, terminó imponiéndose una constituyente progresista y de izquierda (por ser mayoría), que hoy gran parte de los chilenos rechaza.

No lo hacen porque sea una Constitución que establece a Chile como un “Estado social y democrático de derecho” con el que garantiza una amplia gama de derechos fundamentales (salud, educación vivienda digna y agua), lo que el hoy presidente Gabriel Boric resalta como el camino hacia un Estado de Bienestar. La oposición es por varias razones, entre ellas, no se establece una clara “hoja de ruta” para lograrlo, se dejaron por fuera temas de vital interés para el desarrollo nacional y en la ampliación de los derechos sociales se incluyó el aborto.

Este último tema, al igual que el vago concepto de “plurinacionalidad” que si bien es el reconocimiento a las diferentes naciones indígenas y pueblos originarios se teme que conlleve a divisiones comunitarias, inclusive con una justicia especial, es el que ha jalonado a que sectores de centro opten por rechazar el nuevo texto constitucional.

Intención de voto

Así, en un país notoriamente dividido y en medio de un ambiente crispado cuya más reciente evidencia fue el enfrentamiento a gritos y piedras entre partidarios y opositores a la nueva Constitución ocurrida el domingo en el centro de Santiago, 15 millones de chilenos están
convocados a las urnas el 4 de septiembre. Esta es la primera vez desde hace una década que la votación será obligatoria y, pese a ello no menos del 10% no votará, por lo que deberán pagar una multa.

La intención de voto pudo medirse hasta el pasado 19 por disposición legal. Todas las encuestas -manteniendo la tendencia desde comienzos de año- coinciden en indicar que se impondrá la opción de “rechazo” al nuevo texto constitucional que alcanzaría entre 47% y el 56%, aventajando al “apruebo” entre 4 y 12 puntos.

También destacan que, aunque el porcentaje de indecisos se ubica entre el 10% y el 15%, la mayoría de ellos se expresaron más cercanos dar su no a la nueva Carta. Y aunque como reseñamos en la Constituyente terminó imponiéndose el progresismo, ni siquiera en esa tendencia política hay aceptación plena a la planteada norma de normas, tal como lo refleja la medición de Pulso Ciudadano publicada hace dos semanas.

De esta forma, al analizar el voto por ideología, indica que en la izquierda el 81% votaría por “aprobar”, 12% por “rechazar” y el 6% no sabía si votaría, mientras que en los autodefinidos como de derecha, tales guarismos fueron 10%, 84% y 7%, respectivamente. En los considerados de centro, el 35% avalaría el nuevo texto, 50% lo rechazaría y el 15% se mostró indeciso.

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El mismo sondeo reseña que incluso entre quienes se consideran “apolíticos” o que no han definido su voto, el “rechazo” es mayor que “apruebo”: 49% y 25%, respectivamente. Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago, señala que “lo más probable es que gane el rechazo y la diferencia de ese resultado depende de cuánta gente vota y de quiénes votan".

Agrega que el sostenido avance que ha tenido esta opción se debe fundamentalmente a "problemas en ciertos contenidos" sobre la organización del Estado en el nuevo texto constitucional, y no tanto por el catálogo de derechos que establece, "en el que hay coincidencia de que hay un salto adelante".

Por su parte la politóloga de la Universidad de Chile, Claudia Heiss, politóloga de la Universidad de Chile, explica que la ventaja que ha logrado el “no” se debe también a la exitosa campaña que han realizado quienes se oponen a la nueva Carta. "Han hecho una campaña novedosa en comparación con otras campañas de la derecha si consideramos que el rechazo es básicamente la defensa del statu quo”. Agregó que, pese a ello, están abiertos a las modificaciones que requiera la Constitución.

¿Y...el día después?

La previsible “no aprobación” de la naciente Carta Magna, además de dar al traste con un proceso de tres años, será un duro revés para el izquierdista Gabriel Boric, el presidente más joven que ha tenido Chile y también el que más rápidamente ha perdido popularidad (hoy tiene 36%).

Hay mucha expectativa y temor por lo que hará el gobierno ante el resultado electoral ya que si bien el mandatario ha prometido acatar, ha sido reiterativo en que el país no puede seguir con la vigente Constitución.

El acuerdo político nacional firmado a finales de 2019 estableció que en caso de rechazo del texto, seguirá rigiendo la Carta Magna actual, redactada durante la dictadura (1973-1990). Sin embargo, Boric ha insistido en su plan B, que sería la convocatoria a una nueva Convención Constitucional, lo que suscitará gran discusión política y temor ciudadano.

De allí que “el día después” sea el otro motivo que trasnoche a los chilenos. El domingo votarán en las urnas y si éstas confirman el vaticinio de las encuestas, se entrará en terreno desconocido ante la negativa del gobierno de desconocer el acuerdo antes mencionado.

La firma Cadem realizó una encuesta donde pidió a la ciudadanía elegir entre cuatro opciones la que consideraba era la mejor opción para mantener el orden constitucional del país tras el llamado “plebiscito de salida”: Rechazar para buscar un nuevo texto constitucional (35%), Aprobar, pero reformar lo necesario (32%), Mantener la Carta Vigente (17%) y Aprobar y aplicar tal cual el nuevo texto (12%).

Así, tanto la incertidumbre como la desinformación sobre lo que vendrá después de la votación es creciente. Pero, puede darse por descontado, que tanto la oposición de derecha que se anotará una victoria si gana el “rechazo” como el oficialismo de izquierda buscarán un diálogo para, esta vez, si logar un punto de encuentro que lleve a cambiar, abolir o reformar artículos de la Constitución.

Convocada por un gobierno de centro (Piñera), gestada y heredada por uno de izquierda (Boric), la nueva Carta Magna de Chile se encamina a no ver la luz bajo por una razón sencilla pero fundamental: la Constituyente no fue un ‘tratado de paz’.