Estudio se hizo en las 22 comunas y los 15 corregimientos en los que está dividida la capital del Valle

_______________

La Oficina de la Naciones Unidas para la Droga y el Delito publicó (Unodc), junto a la Alcaldía de Cali, un informe en el que identifica que la mayoría de los grupos delincuenciales están conformados por niños, niñas y adolescentes utilizados para actividades delictivas.

La Oficina de las Naciones Unidas presentó un informe sobre cómo opera la criminalidad en la capital del Valle del Cauca y según el secretario de Seguridad de Cali, Andrés Villamizar, el documento “deja una ruta clara para el desarrollo de una política pública de seguridad para los próximos años”.

Según la información de la Unodc en Cali operan 182 agrupaciones vinculadas a la ilegalidad o estructuras criminales con diferentes niveles de organización. “En su mayoría, las estructuras identificadas corresponden a agrupaciones juveniles vinculadas -o en riesgo de vinculación- a negocios ilícitos relacionados principalmente con el narcomenudeo y el hurto”, asegura el estudio.

Asimismo, según el documento la operación de los siete tipos de estructura que operan en la capital del Valle tiene estrecha relación con los niveles de violencia y la existencia de mercados ilícitos a nivel local. “Esto quiere decir que, a mayor nivel de sofisticación de la organización criminal, las manifestaciones de la violencia son menores y los mercados ilícitos son más complejos por lo que el entramado de interacciones criminales es extenso y desborda la lógica territorial del municipio”, asegura.

Según el informe las estructuras Tipo I y Tipo II (aquellas agrupaciones de niños, niñas y adolescentes vinculados a la ilegalidad y aquellas asociadas a Pandillas) están asociadas a las zonas con mayor número de homicidios que se registraron durante los últimos cuatro años. “Estas zonas albergan cerca del 79% de las estructuras Tipo I y Tipo II identificadas en el marco de la Auditoría; es decir, las comunas 21, 20, 16, 15, 14, 13 reportan 119 agrupaciones juveniles vinculadas a la ilegalidad y “pandillas”, de un total de 150, dedicadas principalmente al hurto y a la distribución de SPA en espacios públicos localizados”, asegura el informe.

Micro y macro

Las estructuras Tipo III y Tipo IV (denominadas bandas y oficinas) son las encargadas, según el estudio, de articular la micro-criminalidad y la macro-criminalidad local. “Se encuentran localizadas en puntos estratégicos para el control del mercado local de sustancias psicoactivas, pues cumplen la función de distribución y control de ‘líneas’ de expendio en los barrios y conglomerados. Así mismo, controlan actividades relacionadas con el sicariato (u homicidio a sueldo), el cobro ‘gota a gota’ y fungen como actores que dirimen conflictos entre estructuras criminales o vinculadas a la ilegalidad de menor envergadura”.

“En entrevistas realizadas, algunos funcionarios señalaron que estos territorios, las estructuras III y IV y las actividades criminales que controlan condicionan la relación entre la comunidad y la institucionalidad ya que predominan las interacciones comunitarias, incluidas las vinculadas al delito, sobre el ejercicio de la ley. Esta situación pone de presente un problema fundamental para la prevención y contención del delito. Allí, subyace una intersección entre la conflictividad social y la ilegalidad que aumenta los riesgos del uso de violencia no criminal como dispositivo para la interacción social. Esto quiere decir, que los territorios con débil presencia institucional, servicios básicos insatisfechos y operación de estructuras criminales de niveles intermedios de organización son atmósferas propicias para que la violencia sea el único -o al menos el más importante- instrumento para resolver los conflictos a nivel comunitario”, asegura el informe.

El informe

Esta herramienta, a juicio de las Naciones Unidas, abarca una perspectiva amplia sobre estructuras criminales, las fronteras invisibles, los mercados ilícitos y las vulnerabilidades de la ciudad que afectan la seguridad y convivencia‪.

Este documento es el resultado de un estudio realizado en las 22 comunas y los 15 corregimientos de Cali, logrando la participación de 1.412 personas, entre líderes comunitarios, miembros de la academia, el sector privado y autoridades locales.

Santiago de Cali, considerado como el centro de desarrollo económico y social del pacífico colombiano, presenta una tasa de 47 homicidios por cada 100.000 habitantes (2018). Aunque esta cifra supera el promedio nacional (25 homicidios por cada 100.0000 habitantes), la ciudad registra cinco años consecutivos con una reducción sostenida en este indicador, resaltando la importancia de contribuir a mejorar sus capacidades en materia de seguridad.