Los enfrentamientos que libran los grupos armados al margen de la ley, entre ellos el Eln y las Autodefensas Gaitanistas, continúan generando desplazamiento y confinamiento en el Pacífico colombiano.

Así lo reiteraron ayer en la audiencia de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, en la Corte Constitucional, a la que asistió, además de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General.

De acuerdo con lo señalado por el defensor del  Pueblo, Carlos Alfonso Negret, “cerca del 39% de casos de desplazamiento son aportados por el Pacífico colombiano”.

Explicó que esta zona costera del país vive en constante zozobra porque los grupos al margen de la ley han comenzado a invadir estas zonas al ser acorraladas por la Fuerza Pública en la región del Urabá.

“No existe el Estado, solo encuentro a los ciudadanos que viven ahí. Nadie más está en esa zona”, declaró Negret.

“Estamos viendo en los ríos los cadáveres del Chocó”, agregó el Defensor del Pueblo, al indicar que desde el organismo humanitario que está a su cargo se han emitido 19 alertas tempranas, desde enero de 2018 hasta junio de 2019, sobre la grave situación humanitaria que se vive en la Costa Pacífica.

“La paz no llegó a estas poblaciones”, aseveró y explicó que la población Jiw del reguardo Cañosol no quiere volver a sus territorios ya que fueron desplazados de forma violenta por las antiguas Farc y cultivadores de coca.

También dijo que “actualmente existen 1.351 líderes amenazados en el país, en Colombia no se debe asesinar un líder más (…) existe una falta coordinación del Ministerio de Defensa, interior y las entidades territoriales”.

Al mismo tiempo, el procurador delegado para los Grupos Étnicos, Richard Moreno, señaló que “no existe voluntad política del Estado para la región chocoana o del Pacifico colombiano”, y agregó que “los recursos que se disponen son insuficientes. La población étnica del Pacifico está siendo revictimizada por la forma inadecuada como se le está atendiendo”.

Respaldó los argumentos de la Defensoría del Pueblo al señalar que la Unidad Nacional de Protección no cuenta con los recursos para proteger a la comunidad o líderes sociales, e incluso dijo que “los alcaldes y gobernadores no se sienten responsables de la atención de las víctimas. Hay falta de coordinación del Gobierno con los departamentos y las alcaldías que tampoco permite que la atención sea integral, eficaz y eficiente”.

Afirmó que la situación conlleva a que “las víctimas sean un botín electoral” en donde persisten los problemas de seguridad focalizados en una escala de violencia.

También dijo que no hay un enfoque diferencial, por lo que la población étnica es revictimizada en gran parte de los casos.

Llamó la atención sobre la existencia de varias familias que han sido declaradas hasta en “cinco ocasiones” diferentes como víctimas, siendo una muestra que la violencia perdura en el territorio. Así mismo declaró que si no se elimina la violencia, estas zonas seguirán siendo “tierra fértil” para el nacimiento de grupos armados.

La Corte evaluará las acciones que se han desarrollado para proteger a las personas en situación de desplazamiento, puntualmente en la región del Pacifico colombiano, tras un informe entregado por la Defensoría sobre “la situación de riesgo y victimización que afronta el pueblo Jiw en diferentes zonas de los departamentos del Meta y el Guaviare”.

La sesión técnica convocada dentro del proceso de monitoreo al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 (por medio de la cual se declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado), se llevó a cabo este martes 30 de julio en el Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandía de Bogotá.

La sesión fue realizada a raíz de una solicitud que hizo la Defensoría del Pueblo de convocar una audiencia pública con el objetivo de presentar los principales hallazgos identificados en relación con la situación humanitaria en que se encuentran las comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas de la región Pacífica (Costa nariñense, norte del Cauca, Buenaventura y Chocó) a causa del conflicto armado, la violencia generalizada, las restricciones a la movilidad y la persistencia del desplazamiento forzado.