El electo gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa (de pie en la foto, en que también se ve al saliente mandatario Édgar Martínez), recibirá el departamento en Ley 550 en un acuerdo por el cual está pagando deudas por más de $30.000 millones.

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Cuatro de los gobernadores electos que se posesionarán el próximo 1 de enero encontrarán sus departamentos inmersos en acuerdos de reestructuración de pasivos en el marco de la Ley 550 de 1999, lo cual los condiciona a ajustar los gastos de funcionamiento de la entidad a solo los necesarios para poder cumplir a los acreedores.

Se trata de Córdoba, Magdalena, Sucre y Valle del Cauca.

En tanto que los mandatarios electos de Caquetá, Arnulfo Gasca Trujillo; Nariño, Jhon Alexander Rojas; y Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona, contaron con la buena suerte que encontrarán saneadas las finanzas en materia de acreencias porque los actuales mandatarios culminaron de forma exitosa el acuerdo de pagos.

En el caso del departamento del Caquetá suscribió el acuerdo de reestructuración de pasivos el 30 de noviembre de 2012 y lo culminó anticipadamente de forma exitosa el 30 de marzo de 2018 por parte de la administración del gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, quien paradójicamente en junio pasado fue condenado por la Corte Suprema a siete años de prisión por los vínculos con grupos paramilitares cuando hace algunos años se desempeñó como parlamentario.

De esta forma la Gobernación de Caquetá liberó los recursos destinados al pago de dicha acreencia, que era de $23.528 millones y que fueron cancelados en su totalidad a los acreedores.

Mientras que Nariño firmó un acuerdo de reestructuración de pasivos el 25 de abril de 2002, cuando sus deudas superaban los $152.000 millones, y culminó satisfactoria el proceso el pasado 8 de agosto en la administración del gobernador Camilo Romero.

“Recibimos el departamento dentro de Ley 550, y ya lo hemos dejado libre de deudas”, indicó el gobernador Romero en octubre pasado.

Por su parte en Caldas la administración de Guido Echeverri Piedrahita decidió en octubre pasado salir por anticipado del acuerdo tras pagar el departamento la mayor parte de las deudas por $284.762 millones, la cual en primera instancia se redujo a $234.105 millones después de negociar con acreedores.

A octubre pasado el departamento había hecho pagos por $218.000 millones, y al salir de la Ley 550 quedó con una deuda viva de $15.209 millones.

De entrada los nuevos gobernadores que se topan con sus departamentos en la Ley 550 tienen una ventaja pero también una desventaja.

La primera implica que los acreedores no les cobrarán todos al mismo tiempo las deudas que le dejaron sus antecesores en el cargo, sino de acuerdo con los plazos establecidos entre las partes.

Mas el aspecto negativo consiste en que todos los ingresos, excepto los de destinación fija como son los aportados por el Sistema General de Participaciones (para salud, educación, agua potable y saneamiento básico), deben ser diseccionados al pago de la deuda y por consiguiente se reduce el margen de inversión para el gobernante de turno.

Córdoba

El electo gobernador Orlando David Benítez Mora se encontrará al departamento en un acuerdo de reestructuración de pasivos suscrito el 23 de noviembre de 2009, el cual fue modificado en algunas de sus condiciones el 31 de julio de 2015.

Córdoba tiene previsto ir hasta 2026 en Ley 550 de reestructuración de pasivos, pagando acreencias cercanas a $60.000 millones.

Magdalena

El electo gobernador Carlos Caicedo Omar encontrará al departamento en Ley 550, que a propósito es una de las entidades territoriales que lleva mayor tiempo en ese tipo de acuerdo pues lo suscribió el 23 de julio de 2001. Sin embargo en septiembre de 2009 se produjo la primera modificación.

Las deudas del departamento contempladas en este acuerdo superan los $30.000 millones.

Sucre

El electo gobernador Héctor Olimpo Espinosa también encontrará al departamento en Ley 550, acuerdo que fue suscrito el 10 de diciembre de 2010 para el pago de una deuda superior a los $41.000 millones.

El pasado 14 de noviembre la Asamblea de Sucre aprobó el proyecto de ordenanza de adición presupuestal por más de $30.000 millones, que estarán dirigidos a los sectores de salud y cultura del departamento.

El diputado Carlos Carrascal Sierra explicó que “hay una deuda del sector salud que se va pagar también con estos recursos, lo que es muy importante porque de no cancelarle podría ponerse en riesgo la Ley 550 y caer esa protección que tiene el departamento de librarse de embargos por parte de algunos sectores que tiene en materia de salud”.

Valle

La gobernadora electa Clara Luz Roldán encontrará el departamento en un acuerdo de Ley 550 que fue suscrito el 20 de mayo de 2013 para reestructurar deudas por $640.000 millones.

No obstante, en octubre pasado el gobierno de Dilian Francisca Toro aseguró que se ha pagado el 91% de las deudas, quedando solo pendiente $39.000 millones.

La directora de Hacienda del Valle, María Victoria Machado Anaya, señaló que “podemos resaltar que del escenario de pasivos ciertos y exigibles que ascendía a $599.000 millones, ya el departamento ha pagado el 91% de sus deudas. Hemos honrado la palabra, hemos quedado con un saldo a diciembre de $39.000 millones, de los cuales tenemos por pagar $20.000 millones aproximadamente con las fiduprevisoras. Estos recursos no se pagan con recursos del acuerdo (de reestructuración de pasivos) sino con recursos del Fonper, este valor está en discusión con el ente nacional porque todavía no nos han podido justificar el titulo legal donde nos dicen… el Departamento a qué persona le debe este saldo y mientras no tengamos esa claridad en la cuentas no podemos hacer esa clase de pagos”.

> Capitales

Solo tres capitales de departamento se encuentran en este momento en la Ley 550, Quibdó (Chocó) que suscribió el acuerdo de pagos el 10 de abril de 2017; Sincelejo (Sucre), firmado el 4 de abril de 2013; y Valledupar (Cesar), suscrito el 24 de septiembre de 2014.