En el informe trimestral de litigiosidad a diciembre del 2019 conocido ayer por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que las demandas contra la Nación suman 427 billones de pesos, de las cuales más del 90% tienen que ver con el medio ambiente.

El organismo indica en el estudio, que de los procesos que se encuentran activos en el 97,5% la principal causa es de carácter ambiental: daño o amenaza ambiental por erradicación de cultivos ilícitos, con 229 procesos; a continuación están los daños causados a bienes en procedimientos de la Policía Nacional, con 28 acciones; posteriormente se ubica daño al medioambiente sano por la destrucción de hábitat natural, con 12 recursos; luego está muerte a civil en procedimiento de Policía, con 2 registros, y finalmente, aparece daño o amenaza ambiental por el vertimiento de contaminantes, con un proceso.

Llama la atención la cantidad de demandas contra la Nación que no han sido resueltas al día de hoy por los efectos que habrían tenido sobre cultivos lícitos, la salud humana y de animales, las fumigaciones aéreas con glifosato a la coca, pues fueron suspendidas desde hace cerca de cuatro años por el gobierno del entonces presidente Juan  Manuel Santos, atendiendo razones de precaución porque algunos informes de entidades adscritas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicaron que provocaría cáncer.

Precisamente la administración Duque tiene la firme intención de revivir las aspersiones aéreas con glifosato porque considera que es la herramienta más eficaz para reducir los cocales, cifrados en 208 mil hectáreas a 2018 según la Casa Blanca de Estados Unidos. Solo está pendiente por presentar una solicitud en este sentido ante el Consejo Nacional de Estupefacientes, para lo cual debe anexar estudios que demuestren que los efectos serán mínimos en la salud de las personas y el medio ambiente.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indica en su informe que los departamentos en los cuales hay más demandas por los eventuales daños que habrían producido las fumigación con glifosato son Nariño, con 71 procesos; Caquetá, 42 demandas; Putumayo, con 40 acciones; Antioquia, con 30, y Cauca, con 16.

En cuanto a las entidades más demandadas por los daños que habrían provocado las fumigaciones aéreas con glifosato contra los cultivos ilícitos están la Policía Nacional con 241 acciones en su contra; el Ministerio de Justicia con 53 demandas; el Ministerio de Ambiente con 30; el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con 12, y el Ministerio de Defensa con 5 demandas.

Otras demandas

El organismo de defensa jurídica del Estado detalló que de los $427 billones en demandas contra la Nación a corte de diciembre de 2019, un total de 405.658 procesos judiciales suman $402 billones, 60 procesos por arbitraje nacional suman $4,8 billones, 14 procesos por controversias internacionales alcanzan $20,1 billones y hay 996 casos presentados ante la SIDH (Sistema Interamericano de Derechos Humanos).

Indica también el informe, que el 61% de las demandas impetradas contra la Nación tienen pretensiones por debajo de los $50.000.000, al menos el 6% de los procesos buscan más de mil millones de pesos.

En cuanto a las demandas contra la Nación presentadas ante tribunales de arbitramento internacionales, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó que las mismas han aumentado llegando a los 20,1 billones de pesos, lo que pone a Colombia dentro del top 10 de países de la región demandados por inversores, llegando a 267 casos. Los cinco países más demandados en Latinoamérica son Argentina, Venezuela, México, Ecuador y Bolivia.

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado indicó  que hay abogados que van por el territorio nacional recogiendo demandas a cambio de beneficios económicos. Las cifras de la Agencia registran que hay abogados que tienen hasta 30 demandas por el glifosato.

Por ejemplo, hay una abogada que tiene 30 procesos con pretensiones por 134.000 millones de pesos. Ella es la que más procesos registra, seguida por otro abogado que lleva 18 demandas por pretensiones de 72.000 millones de pesos.

También hay registro de abogados que, aunque llevan pocos procesos, son los más caros. Ahí la lista la encabeza un abogado que lleva una sola demanda en la que pide 1,29 billones de pesos.