EL NUEVO SIGLO conoció que la Corte Constitucional definirá en su sala plena de mañana el impedimento que presentó, el pasado 8 de agosto, el magistrado Vladimir Fernández Andrade para participar en la discusión y votación de la ponencia sobre el proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso reformando el Código Electoral.

Como consecuencia de este impedimento el Alto Tribunal suspendió el término que tiene para emitir una sentencia en la que defina si este proyecto es exequible o inexequible, para lo cual había fijado el plazo de 9 de septiembre del presente año.

En octubre del año pasado, el presidente Petro ternó a Vladimir Fernández, junto con Cielo Rusinque y Gerardo Vega, para magistrado de la Corte Constitucional, siendo elegido para ocupar el lugar que dejó Alejandro Linares por el vencimiento de su periodo.

En caso de que la Corte Constitucional considere que no existe impedimento para que Fernández participe en la discusión de la reforma al Código Electoral, se restablecería el plazo del 9 de septiembre del presente año para que esta Corporación emita una sentencia sobre el mismo.

Hay gran expectativa sobre la decisión que tome la Corte Constitucional por la reforma al Código Electoral, pues ha pasado un año desde que llegó a sus manos y se espera se aplique en las elecciones presidenciales y legislativas del 2026.

La reforma al Código Electoral ha sido un viejo reclamo en el país, que por fin dio frutos a finales del 2020 con su aprobación en el Congreso. Sin embargo, luego vinieron las caras largas porque la Corte lo tumbó por cinco razones atinentes a irregularidades en su trámite.

La primera es que en su etapa final el trámite del proyecto fue en sesiones extraordinarias; la segunda fue que las sesiones en Senado y Cámara de Representantes se hicieron de forma semipresencial, lo que no se puede cuando se trata de leyes estatutarias.

Así mismo, el Alto Tribunal determinó la ausencia de un debate amplio, trascendente y participativo; así como que no se realizó la consulta previa en aspectos del proyecto que tenían que ver con pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Finalmente, no se tuvo en cuenta el impacto fiscal que genera esta reforma.

En agosto del 2022, el Gobierno se apersonó para que se radicara de nuevo esta reforma, en concurso con la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral, siendo aprobado en junio de 2023 por el Congreso.