
La Procuraduría General de la Nación pide al gobernador del Cauca adelantar la respectiva coordinación entre el ejército, la policía y las demás autoridades de orden público presentes en ese territorio, para enfrentar la situación de inseguridad y garantizar los derechos y las condiciones requeridas para que los niños, niñas y adolescentes de la comunidad educativa de Morales puedan retomar sus clases.
La petición del Ministerio Público se da luego del ataque con explosivos de impacto ocurrido en las inmediaciones del parque principal, muy cerca de la estación de policía y de la Institución Educativa Francisco Antonio Rada, que coincidió con la hora de salida de los estudiantes, según lo informaron diferentes medios de comunicación.
De acuerdo con las declaraciones del alcalde del citado municipio, aunque no se ha precisado el número exacto de afectados, se sabe que entre los heridos hay varios menores de edad, incluido un niño de siete años. Se presume que la autoría de estos hechos correspondería a algún Grupo Armado Ilegal (GAO) con presencia en la región.
Aunque las autoridades de policía y fuerzas militares han manifestado estar adelantando las investigaciones para dar con los responsables del referido atentado, el accionar de estas organizaciones ilegales preocupa a la Procuraduría, pues supone un elevado riesgo para la garantía de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes del departamento del Cauca, en especial los relacionados con la vida, la integridad física y la educación.
A juicio de la Entidad, estos hechos podrían incidir, incluso, en la deserción y permanencia escolar, pues más allá de las afectaciones directas que causan, la escuela deja de ser percibida como un espacio seguro.
Por último, el ente de control, de acuerdo con el mandato constitucional y como cabeza del Ministerio Público, ratifica su compromiso con la garantía del ejercicio de los derechos de esta población que goza de especial protección.