En los últimos dos años se habla con orgullo que los recursos para educación son los más grandes de la historia, pero eso incluye la comida escolar. Si es así, con todo lo que ocurre, realmente no es una buena noticia tener esos recursos, para dichos gastos

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EL GOBIERNO nacional implementó el plan de alimentación escolar (PAE) para reducir los índices de desnutrición del país. El PAE pasó a convertirse en lo que dice el famoso refrán “el camino del infierno está lleno de buenas intenciones”. En vez de resolver los problemas de alimentación de los más necesitados, el PAE se convirtió en un rubro gigante de gastos, de corrupción y un negocio descarado que debe eliminarse o restructurarse completamente. Sobre el PAE, se anuncian de forma esporádica denuncias eternas de costos inflados y corrupción. El Ministerio dice que todo está en orden. No obstante, lo que dice el MEN, la realidad es que falta contundencia para enfrentar el problema y tomar decisiones de fondo. El PAE debe acabarse o reestructurarse completamente.

El origen

Durante el gobierno de Santos se inicia en Colombia la atención nutricional a los escolares en el sector público, con el Decreto No. 319 del 15 de febrero de 1941. En 1968 se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual asumió las funciones del Instituto Nacional de Nutrición. Entre las que se encontraba la ejecución del Proyecto de Protección Nutricional y Educación Alimentaria en Escuelas Oficiales de Educación Primaria; y así debió seguir. La alimentación se daba sólo a los más necesitados y en las zonas más pobres del país.

En 2006, los objetivos del Programa se incluyeron como eje central para mejorar la calidad de la educación. El cambio se hizo porque se consideraba que con niños bien alimentados se iba a incrementar la matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los escolares. Sin embargo, una buena intención se convirtió en uno de los problemas de origen. Hoy muchos secretarios para mantener la matrícula convirtieron a los colegios en restaurantes para atraer a los padres. Los secretarios los en vez de atender los “restaurantes” deben enfocarse en el servicio educativo integral.

El cambio que lleva a la situación de hoy ocurre en 2011, en vigencia de la Ley 1450 (Plan Nacional de Desarrollo Nacional 2010 - 2014). Se estableció que el PAE se trasladara del ICBF al Ministerio de Educación con el objetivo de alcanzar las coberturas universales y que desde el MEN se desarrollara la orientación, ejecución y articulación con las entidades territoriales. Se le sumó al MEN una tarea que no le correspondía.

Los casos de corrupción

Han estado presentes en gran parte del país, los últimos aparecieron esta semana, cuando la contraloría encontró cobros de 40.000 pesos por una pechuga de pollo, 39 millones de pesos por 2.800 kilos de panela en el departamento de Bolívar, en Magdalena un millón de panes que no se encontraron. En Amazonas se pagó 900 pesos por un huevo. La historia de los sobrecostos es interminable. Además, se encuentran alimentos vencidos o en mal estado. Y para cerrar habría que hablar de las enormes fortunas que amasan lo que administran los contratos. Por ejemplo, en Valledupar los guías llevan a los “turistas” a conocer la casa de la principal contratista de la alimentación escolar. Este “tour” nada le envidia a las casas de los más famosos cantantes de vallenato.

La educación no es alimentación

Fue un error hacer que los recursos del PAE salieran del ICBF y pasaran al Ministerio de Educación. La educación no es dar comida, no debería ser responsabilidad del Ministerio o de las Secretarías de Educación Certificadas la contratación y supervisión de alimentos. Es un desgaste total que no tiene cabida. La tarea del Ministerio debería ser crear currículo, pensar en pedagogía, formación docente, todo lo relacionado con el sistema de formación, por supuesto nómina, acompañamientos, formación. Sobre todo, dirigir la política educativa del país y los modelos para educar en el campo y en las ciudades.

La sospecha sobre los secretarios que sólo les preocupa la comida

Hizo carrera en varias administraciones que lo más importante en la escuela es que el niño coma. En mi experiencia con base en entrevistas a secretarios de educación en los últimos años, cada vez que escuchaba esa afirmación quedaba un tufillo de corrupción. Un secretario debe velar por todo lo que abarca el sistema educativo y no sólo pensar en contratos para dar comida.  Con eso se pierde también la responsabilidad de los padres y el papel que debe cumplir la escuela como un espacio integral de formación y acompañamiento.

¿Y el papel de los padres?

La decisión de darle comida a todos los niños que van a la educación pública, debe replantearse. Se está quitando la responsabilidad a los padres y el compromiso con sus hijos. Es cierto que miles de niños necesitan de alimentación para no caer en las cifras de desnutrición.  También es cierto que la alimentación es esencial para el desarrollo del cerebro, pero no puede ser responsabilidad exclusiva del Estado.

El Estado gasta millones que realmente se pueden invertir en educación y lo mejor, deja de alimentar las mafias que se han adueñado de la alimentación escolar y la han convertido en un negocio.

La propuesta

• El plan de alimentación escolar debe ser para los más pobres, los que más necesitan. No debe ser para todos. Por medio del Sisbén se puede depurar y entregar alimentación subsidiada a quien lo necesita. Los que no están en jornada única pueden hacer como se ha hecho siempre, que sus padres le den lonchera o dinero para que compren sus “onces”.
• Los recursos debe administrarlos una entidad como ICBF o alguna entidad que no sea Ministerio de Educación o Secretarías de Educación. Entidades que respondan por la contratación, el seguimiento y las sanciones. Un ejemplo exitoso es Antioquia, donde una entidad ajena a la Secretaría de Educación lo coordina. Allí no se presentan los escándalos de corrupción de otras partes del país.
• La Función de MEN es la política educativa. Y que en su presupuesto no esté más el PAE. Que los recursos nuevos que se obtengan sean para la educación y no para comida. Además, la supervisión de cientos de contratos es desgastante y poco efectivo.
• Las sanciones para los que roban recursos públicos con la alimentación escolar deben ser ejemplares. De tal forma, que los políticos corruptos, los funcionarios que se dejan comprar y los contratistas lo piensen dos veces a la hora de inflar precios, desfalcar o entregar comida en pésimas condiciones.

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Profesor y experto en educación. @hurtadobeltran Este artículo no representa la posición del medio y es exclusivamente responsabilidad del autor

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