El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para estudio una demanda de nulidad contra el decreto que designó a Cielo Rusinque como Superintendente de Industria y Comercio, desatando un análisis detallado sobre los procedimientos y criterios utilizados en el nombramiento de funcionarios públicos de alto rango.
El demandante, el abogado Miguel Ángel Martínez, ha presentado una acción legal contra el decreto 0098 del 2 de febrero de 2024, por medio del cual se nombró a Cielo Rusinque como Superintendente de Industria y Comercio. Martínez argumenta que dicho nombramiento fue realizado con favoritismo y desviación de poder, ignorando a otros candidatos que podrían haber cumplido con los requisitos establecidos de manera más idónea.
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En la demanda, Martínez sostiene que "se ha manifestado la desviación de poder, cuando la demandada ha ejercido cargos no solamente relacionados con el proyecto político que hoy en día gobierna el país, sino en otros cargos públicos que recientemente ha ocupado en el marco del Gobierno vigente". Esta admisión de la demanda para estudio implica un escrutinio detallado de las circunstancias que rodearon el nombramiento de Rusinque y plantea interrogantes sobre la transparencia y objetividad en los procesos de selección de funcionarios de alto nivel en el Gobierno.
La Superintendencia de Industria y Comercio, como entidad clave en la regulación y supervisión de aspectos comerciales en el país, se ve ahora en el centro de un debate jurídico que busca esclarecer si el nombramiento de su máxima autoridad se ajustó a los criterios legales y de mérito. La admisión de esta demanda marca el inicio de un proceso legal que podría tener implicaciones significativas en el ámbito gubernamental y la toma de decisiones relacionadas con la designación de funcionarios públicos.
La designación de Rusinque como Superintendente de Industria y Comercio ha generado controversia debido a su cercanía con el presidente Gustavo Petro y su trayectoria en cargos gubernamentales anteriores. Esta situación ha llevado a la apertura de investigaciones disciplinarias por parte de entidades como la Procuraduría General de la Nación, agregando más capas de complejidad al debate en torno a su idoneidad para el cargo.