La situación actual en el sector energético en Colombia, específicamente en la región de Luruaco, es motivo de gran preocupación, tal como lo ha expresado el alcalde Ameth Juan Hanna. La negociación entre Air-e, Empresas Públicas de Medellín (EPM) e Isagen oscila en un acuerdo que, aunque parece positivo en la superficie, revela serias implicaciones para los consumidores que podría desencadenar un estallido social.

A pesar de que las empresas han acordado un aporte de 4.900 millones de pesos para el mes de septiembre, el incremento en el costo del servicio por kilovatio asciende a aproximadamente 39.000 millones de pesos.

El alcalde Hanna ha señalado que este incremento indiscriminado en las tarifas podría desencadenar una serie de reacciones negativas por parte de la población. La posibilidad de que los ciudadanos opten por no pagar sus facturas es un riesgo real, lo que podría llevar a la aplicación de periodos de continuidad y, en última instancia, a un estallido social.

Además, el contexto de estas negociaciones se enmarca en un esfuerzo más amplio por parte de EPM e Isagen para ajustar los precios de la energía en respuesta a las críticas sobre las altas tarifas. Recientemente, ambas empresas anunciaron un descuento del 10% y 10,2% en los contratos de compra/venta de energía, dirigido a los sectores más vulnerables de la Costa Caribe. Sin embargo, este descuento parece insuficiente ante el aumento generalizado de los costos.

El llamado del alcalde Hanna a la atención sobre esta problemática subraya la necesidad de un enfoque más equilibrado y sensible hacia los costos del servicio. Le solicitó a la CREG que “regule la tarifa de energía para la Costa”.

Por su parte, el vocero de la Liga Nacional de Usuarios, Norman Alarcón, manifestó que estas rebajas son rebajas únicamente en el rubro de generación y toda la cadena eléctrica son seis rubros. La reducción de Air-e impactaría en 3.3% una cuestión mínima cuando el aumento de las tarifas en el último año ha sido alrededor del 30%”.