Por lo menos, 3.574 personas son identificadas como víctimas en las investigaciones disciplinarias, las cuales habrían sufrido, por parte de agentes del Estado, amenazas, torturas, homicidios, masacres y desapariciones forzada, en el marco del conflicto armado, así lo concluyó un informe entregado por la Procuraduría a JEP. 

El informe “Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición” reúne avances de 2.181 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto y adelantados todos por el Ministerio Público entre 1990 y 2005 en contra de 728 funcionarios del Estado.

Asimismo, resume los “patrones de conducta” de los agentes del Estado involucrados en el conflicto, donde se identificaron “el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros”.

Según el procurador general, Fernando Carrillo, la mayoría de los funcionarios involucrados en el conflicto pertenecen al Ejército y la Policía y destacó que hay por lo menos 250 investigaciones que comprometen a uniformados con asesinato de civiles y torturas. 

El documento entregado este lunes se suma a otro presentado por el Ministerio a la justicia transicional en diciembre que contenía las acciones cometidas por funcionarios públicos, pero entre 2006 y 2019.